El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y enviado al Congreso introduce modificaciones estructurales que, lejos de resolver la informalidad laboral, impactan de manera directa sobre los trabajadores registrados, incluidos los empleados del Estado nacional, provincial y municipal. El texto redefine reglas históricas del empleo formal y debilita pilares centrales del sistema de protección laboral.
Info. General11 de diciembre de 2025
Patagonia Nexo
A continuación, los puntos más sensibles del proyecto y su impacto concreto:
1. Reducción de contribuciones patronales
El proyecto reduce los aportes empresariales a obras sociales y al sistema de Seguridad Social, trasladando parte del financiamiento de indemnizaciones a un Fondo de Asistencia Laboral. Esta medida desfinancia el sistema solidario y afecta directamente a trabajadores en blanco que dependen de la salud y la previsión social.
2. Cambios en las indemnizaciones por despido
Se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo y vacaciones, y se habilita el pago en cuotas. En la práctica, esto abarata el despido, reduce la protección frente a la pérdida del empleo y genera mayor incertidumbre laboral, incluso en el sector público bajo regímenes especiales.
3. Vacaciones flexibles
El fraccionamiento obligatorio con mínimos reducidos rompe con el principio del descanso integral. Para los trabajadores estatales, esto implica una mayor discrecionalidad del empleador y menor previsibilidad en la organización del tiempo de descanso.
4. Jornada laboral extendida
La habilitación de jornadas de hasta 12 horas y la implementación de bancos de horas flexibilizan en exceso el tiempo de trabajo, afectando la salud física y mental de los trabajadores y debilitando el pago de horas extras, un ingreso clave en muchos sectores.
5. Nuevas reglas salariales
La introducción del “salario dinámico”, atado a productividad o mérito, pone en riesgo los pisos salariales convencionales y promueve desigualdades internas. En el Estado, donde el trabajo es colectivo, esta lógica rompe la igualdad salarial.
6. Cuotas sindicales
La eliminación de la retención automática de la cuota sindical busca desfinanciar a las organizaciones gremiales, debilitando su capacidad de negociación y defensa, especialmente en el empleo público.
7. Convenios colectivos y fin de la ultraactividad
La caducidad de los convenios a los 12 meses, la prevalencia del convenio de empresa y la facultad del Estado de suspender cláusulas normativas constituyen un retroceso histórico que deja derechos laborales sujetos a negociación permanente o directamente a la voluntad del empleador.
8. Restricciones al derecho a huelga y protesta
La ampliación de los servicios esenciales y la penalización de bloqueos y asambleas restringen el derecho constitucional a la protesta, afectando de manera directa a sectores clave del Estado como salud, educación, energía y transporte.
9. Beneficios impositivos y régimen de inversiones
Mientras se ajustan derechos laborales, el proyecto reduce impuestos a empresas y crea un régimen especial para grandes inversiones. Esto consolida una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, profundizando la desigualdad.
Un cambio de modelo
En su conjunto, la reforma no moderniza el sistema laboral, sino que debilita el trabajo registrado, precariza condiciones y pone en riesgo la estabilidad del empleo estatal. La iniciativa no ataca la informalidad ni genera empleo genuino, sino que redefine derechos a la baja, en un contexto de crisis económica que ya golpea con fuerza a los trabajadores en blanco.
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