A través del Decreto 787, el Ejecutivo autorizó a las instituciones educativas privadas sin subvención estatal a fijar libremente sus cuotas y matrículas. La medida busca promover la “libre contratación” y adecuar los valores a los costos del mercado.
Info. General11/11/2025
Patagonia Nexo
El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles de los colegios privados que no reciben aporte estatal, permitiendo que esas instituciones puedan fijar libremente los valores de las cuotas y matrículas sin requerir autorización previa del Estado.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a más de 4.000 establecimientos educativos de gestión privada, lo que representa aproximadamente el 6% del total en el país.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca “favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos privados”, garantizando su sostenibilidad y el derecho a una educación de calidad.
El sistema que fue derogado llevaba más de tres décadas en vigencia, durante las cuales el Estado tenía la última palabra al momento de autorizar cualquier actualización de aranceles en las instituciones educativas privadas.
Según el decreto, el esquema anterior presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”, motivo por el cual se decidió avanzar hacia un modelo basado en la libre contratación.
En esa línea, el documento señala que las instituciones ahora podrán definir sus políticas de precios y compensaciones dentro de un marco de competencia leal y en función de las demandas del mercado educativo.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), valoró la medida y la consideró positiva tanto para las escuelas como para las familias:
“Teníamos que informar los importes de matrícula con meses de anticipación y, en contextos de alta inflación, eso era muy complicado. Ahora habrá mayor flexibilidad para actualizar los valores”.
Desde el Gobierno, además, argumentaron que el sistema anterior podía “precarizar la calidad educativa”, ya que los colegios no podían responder a los aumentos de costos, insumos y salarios, y generaba “incertidumbre económica” en las instituciones.
Con este cambio, el Ejecutivo apunta a modernizar la regulación educativa, otorgando mayor autonomía al sector privado en la fijación de precios y buscando equilibrar la gestión institucional con las condiciones del mercado.
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