El Presidente evalúa convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con las reformas laboral, tributaria y previsional. Pero detrás del discurso de eficiencia institucional, asoma una pulseada por el control del Congreso y la obediencia al Fondo Monetario.
Info. General29 de octubre de 2025
Patagonia Nexo
El gobierno de Javier Milei se prepara para un nuevo capítulo de su estrategia legislativa: convocar a sesiones extraordinarias una vez que asuma la nueva composición del Congreso. El objetivo —según se filtró desde la Casa Rosada— es claro: acelerar el tratamiento de las reformas laboral, tributaria y previsional, tres ejes exigidos por el Fondo Monetario Internacional y celebrados por los grandes grupos empresariales.
Pero la iniciativa no está exenta de tensiones. Detrás del cálculo técnico de los números parlamentarios se esconde una batalla política más profunda: el intento del oficialismo por imponer una agenda de ajuste estructural en un país que atraviesa un clima social cada vez más frágil, con sindicatos alertas y una oposición que, aunque fragmentada, empieza a recomponerse.
La ingeniería del poder
El Presidente confía en que la nueva conformación legislativa le será más favorable. Con 93 diputados propios y el eventual acompañamiento de sectores del PRO, parte del radicalismo y bloques provinciales, Milei proyecta alcanzar los 110 votos de base, un número que le permitiría, con negociaciones puntuales, llegar al quórum de 129.
En el Senado, la aritmética se vuelve más incierta. Allí el oficialismo depende de alianzas cambiantes con radicales, macristas y provinciales, e incluso de la fragmentación del peronismo. No se trata de consensos ideológicos, sino de supervivencias políticas: cada voto será moneda de cambio en la disputa por el rumbo económico y el control institucional.
El mandato del Fondo
Entre los compromisos asumidos por el Ejecutivo ante el FMI, aparece en primer plano la aprobación del Presupuesto 2026, ley que el organismo multilateral exige como garantía para continuar los desembolsos. Paradójicamente, dentro del propio oficialismo se especula con no aprobarlo este año, lo que permitiría prorrogar el presupuesto 2023 y mantener margen de maniobra discrecional sobre el gasto público.
El Fondo presiona; Milei obedece, aunque lo disfrace de convicción ideológica. La libertad de mercado, en este esquema, es también una forma de dependencia.
Entre la urgencia y el desgaste
Mientras tanto, en el Congreso persisten las fricciones. La comisión de Presupuesto —ahora bajo la conducción de Bertie Benegas Lynch tras el desplazamiento de José Luis Espert— intenta sostener una agenda de debate entre chicanas y tensiones políticas. En una de las últimas reuniones, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa, protagonizó un cruce con Vilma Ripoll, reflejo del clima enrarecido que domina la escena parlamentaria.
En ese contexto, la convocatoria a extraordinarias se presenta como una maniobra doble: demostrar iniciativa frente al FMI y consolidar el relato de un gobierno que “avanza contra los privilegios”, aun cuando ese avance suponga una regresión en derechos laborales y previsionales conquistados.
Una estrategia de alto riesgo
El oficialismo apuesta a que el desgaste social no erosione su base política antes de que lleguen los primeros resultados económicos. Pero el peligro está a la vista: sin consenso real ni diálogo institucional, la idea de “reforma” puede convertirse en sinónimo de ruptura.
Convocar a extraordinarias no resolverá esa ecuación. Al contrario, podría acelerar un escenario de tensión política y conflicto social que ya se percibe en las calles y en los gremios.
En definitiva, Milei busca gobernabilidad a fuerza de decretos y alianzas transitorias, mientras la realidad —más dura que los números del Congreso— le recuerda que ninguna aritmética reemplaza el consenso político.
Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima recibirán un incremento del 2,1 % junto con un bono extraordinario de $70.000, según informó la ANSES.
El resultado electoral del último domingo le dio al presidente Javier Milei el impulso político que necesitaba para avanzar sobre un objetivo que había quedado pendiente: la venta de empresas públicas. Su plan apunta a recaudar más de 600 millones de dólares para fortalecer el Tesoro, bajo la promesa de “modernizar el Estado y atraer inversiones”.
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