El Gobierno busca reabrir el diálogo con las provincias y plantea una “Mesa Federal”: oportunidad o condicionamiento político

El Gobierno nacional comenzó a mover sus fichas en el tablero político tras la victoria legislativa. Desde Casa Rosada se activaron contactos informales con gobernadores de todo el país para poner en marcha una “Mesa Federal”, un espacio que busca articular las reformas estructurales que prepara la administración de Javier Milei e incluir a las provincias en el diseño del Presupuesto 2026.

La iniciativa, según fuentes oficiales, pretende “abrir un canal de diálogo y coordinación” entre Nación y las jurisdicciones, bajo el argumento de construir consensos y alinear criterios sobre recursos, obras y financiamiento. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, fueron designados como los interlocutores directos con los mandatarios provinciales.

“Se trata de hablar, de escuchar y de empezar a acordar el camino de las reformas que vendrán con el próximo Presupuesto”, explicaron desde el Ejecutivo.

Una Mesa con historia y nuevos desafíos
La idea de una “Mesa Federal” no es nueva. Había sido mencionada por el propio Milei en septiembre, aunque ahora vuelve con fuerza como herramienta política para negociar apoyo a la agenda nacional y, a la vez, para ordenar la distribución de recursos.

El objetivo: acomodar la hoja de ruta de las reformas tributaria, laboral y administrativa, y al mismo tiempo garantizar un flujo de fondos hacia las provincias que acompañen el proyecto del Gobierno.

En la práctica, algunas jurisdicciones ya confirmaron los primeros contactos para elaborar una agenda de temas propios, mientras que otras aún esperan definiciones sobre su participación. Todo indica que la convocatoria será gradual, priorizando a los mandatarios con mayor afinidad política al oficialismo.

 
Oportunidad o alineamiento condicionado
Para las provincias, esta propuesta abre un doble escenario. Por un lado, una oportunidad para recuperar diálogo y negociar condiciones concretas de financiamiento y obras en un contexto de fuerte restricción fiscal.
Pero, al mismo tiempo, un riesgo político, ya que las decisiones sobre recursos y coparticipación podrían quedar supeditadas al grado de alineamiento con el Gobierno nacional.

En este sentido, algunos gobernadores advierten que la “Mesa Federal” podría transformarse en un instrumento de centralización del poder y disciplinamiento político, más que en un verdadero espacio de consenso.

 
El caso de Santa Cruz
En el caso de Santa Cruz, las expectativas están puestas en conocer qué lugar ocupará la provincia dentro de este nuevo esquema federal y bajo qué condiciones se dará la negociación.
Con una agenda local marcada por las necesidades de financiamiento, infraestructura y políticas sociales, la discusión sobre la coparticipación y los fondos federales será central para definir el alcance real de este diálogo.

Mientras el Gobierno nacional busca consolidar apoyo político y avanzar con sus reformas, las provincias deberán decidir si acompañan, resisten o negocian, en un escenario donde la palabra “consenso” puede significar cosas muy distintas para cada territorio.

-Fuente: El Diario Nuevo Día