La Justicia santacruceña atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. La incertidumbre sobre quién ejerce la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, las contradicciones internas y el desconcierto institucional repercuten directamente en el corazón del sistema: las y los trabajadores judiciales.
Provinciales17 de octubre de 2025
Patagonia Nexo
Mientras los nombres y los cargos se disputan en los despachos del poder, son los empleados y empleadas quienes garantizan que el servicio de justicia no se detenga, que los expedientes sigan su curso y que los derechos de la ciudadanía no queden atrapados en la parálisis institucional.
Una recorrida que expuso el desorden
Desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” realizamos una recorrida por el edificio del Tribunal Superior de Justicia con un propósito claro: constatar las condiciones laborales del personal en medio de esta crisis.Lo que encontramos fue alarmante. Órdenes y contraórdenes para ingresar al edificio, versiones contradictorias sobre la autoridad vigente e incluso la intervención de la policía dentro del máximo órgano judicial, a pedido de uno de sus propios miembros.
Ese escenario no solo refleja el nivel de descomposición institucional que se vive, sino que además afecta la estabilidad, la seguridad y la dignidad laboral de quienes todos los días sostienen la estructura judicial desde sus puestos de trabajo.
El impacto en los trabajadores
La Justicia no puede ser rehén de las internas políticas ni de disputas personales. La inestabilidad se traduce en ansiedad, sobrecarga y desmotivación para cientos de empleados que cumplen funciones con responsabilidad y compromiso, aun sin certezas sobre quién conduce la institución.
La falta de claridad en la cadena de mando afecta el funcionamiento cotidiano: resoluciones que se contradicen, órdenes que se anulan y un clima de confusión que repercute directamente en el servicio a la comunidad.
La defensa de la institucionalidad y del trabajo
Nuestra organización sindical ha presentado un amparo judicial en defensa de los derechos laborales y del principio de legalidad que debe regir toda institución pública. No buscamos intervenir en las disputas de poder, sino reclamar el respeto por el orden institucional, la transparencia y la estabilidad que merece tanto el personal judicial como la sociedad que confía en su Justicia.
La democracia se sostiene con instituciones firmes, pero también con trabajadores respetados. Si quienes imparten justicia no garantizan sus propias normas de funcionamiento, se erosiona la confianza pública y se debilita el Estado de Derecho.
Un llamado a la responsabilidad
Desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” exigimos claridad institucional, respeto por la Constitución y garantía plena de los derechos laborales.
Los trabajadores judiciales no somos espectadores de la crisis: somos quienes la padecemos y, al mismo tiempo, quienes impedimos que el sistema colapse.
Por eso, seguiremos presentes, vigilantes y comprometidos, defendiendo la dignidad de nuestro trabajo y el valor de la justicia como bien común.
Con informcón de La Opinión Austral
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