La Sala Acusadora de la Legislatura resolvió suspender al magistrado por incumplir los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Durante el proceso, percibirá la mitad de su sueldo mientras la Sala Juzgadora analiza si corresponde su remoción definitiva del Tribunal Superior de Justicia.
Provinciales15/10/2025
Patagonia Nexo
La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, a través de la Sala Acusadora, resolvió este miércoles suspender al abogado Fernando Basanta de sus funciones como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La medida se adoptó por voto mayoritario, en el marco del proceso de Juicio Político iniciado por presunto incumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos para ocupar el cargo.
De acuerdo con lo establecido, Basanta percibirá la mitad de su sueldo mientras dure la suspensión, hasta que la Sala Juzgadora se expida sobre la eventual remoción del funcionario del máximo órgano judicial de la provincia.
El expediente se originó a partir de una presentación del abogado Sergio Macagno, quien denunció que Basanta no cumplía con los seis años mínimos de ejercicio profesional que exige la Constitución Provincial y las leyes vigentes. Además, el pedido incluyó presuntas infracciones contempladas en los artículos 253, 248 y 249 del Código Penal Argentino, vinculadas a negligencia culpable e inhabilidad moral.
Tras el análisis de la Comisión Instructora, los diputados consideraron que los cargos estaban suficientemente fundados, por lo que elevaron el caso a la Sala Juzgadora, instancia que deberá continuar el proceso y determinar si corresponde la remoción definitiva de Basanta del Tribunal Superior de Justicia.
La decisión marca un nuevo capítulo en el procedimiento de Juicio Político establecido por la Ley 13, reglamentaria del Artículo 137 de la Constitución Provincial, que regula el accionar del Poder Legislativo ante posibles irregularidades en el desempeño de funcionarios de alto rango.
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El gobernador Claudio Vidal firmará este martes el decreto que culmina el traspaso de diez áreas petroleras que YPF devolvió a la Provincia. Las nuevas operadoras, con contratos validados por Fomicruz, anticipan inversiones por más de USD 1.200 millones en seis años para detener el declino productivo, recuperar infraestructura y generar empleo en el norte santacruceño.
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Rodolfo Aguiar cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que crece la preocupación entre los trabajadores por sus posibles consecuencias. También respondió a las acusaciones de Patricia Bullrich.
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