La movida de dos patagónicos contra los Eskenazi en YPF que incomoda a Kicillof

La disputa por YPF en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) preparan una presentación ante el Departamento de Justicia de EE. UU. para solicitar una investigación penal sobre la compra de acciones de YPF por el Grupo Petersen, ligado a la familia Eskenazi, a finales de 2007.

 El propósito es iniciar una causa penal en ese país, alegando que la operación pudo haber involucrado maniobras fraudulentas. Los gobernadores consideran que una investigación de este tipo podría impactar el proceso civil que tramita la jueza Loretta Preska, en el que Argentina enfrenta un reclamo de aproximadamente US$ 16.000 millones por parte de Burford Capital.

 La acción se basa en que Mendoza, Chubut y Santa Cruz poseen acciones Clase B de YPF desde la expropiación de 2012. Aunque estas no otorgan control sobre la compañía, les confieren un interés legítimo como socios para proteger sus derechos frente a una posible ejecución del fallo.  La estrategia busca demostrar que el ingreso del Grupo Petersen, financiado con dividendos de YPF y respaldado políticamente, fue irregular y dio origen al litigio internacional. Si se confirmara un ilícito, argumentan, podría debilitarse la base legal de la demanda de Burford.

 El movimiento también revela diferencias políticas. Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), gobernadores de provincias clave en el sector energético con participación en YPF, aún no confirmaron su adhesión.  

Esta ofensiva podría generar tensiones con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien como viceministro de Economía en 2012 lideró la expropiación de YPF y defendió públicamente esa decisión estratégica como una de las más importantes de las últimas décadas. 

El caso tomó relevancia en septiembre de 2023, cuando Preska falló contra Argentina por no extender la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012.

La demanda se originó tras la quiebra del Grupo Petersen, cuyos derechos fueron adquiridos por Burford. Actualmente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revisa los recursos presentados por la Procuración del Tesoro, que cuestiona la cesión de acciones estatales y alega violación de la inmunidad soberana.  

Con plazos ajustados y el riesgo de una ejecución, Cornejo, Torres y Vidal buscan ganar terreno político y judicial a través de la vía penal en EE. UU., mientras aguardan la postura de otros gobernadores patagónicos.

La Tecla Patagonica