La causa se inició en 2019. Fueron secuestrados 50,990 kilos de cocaína y 83,254 de marihuana, que ingresaban por el norte y terminaban en Córdoba y Mendoza, entre otras provincias.

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de hasta siete años de prisión para un grupo de acusados por narcotráfico en una organización que tenía ramificaciones en el norte argentino, pero también en Bolivia, Paraguay y Brasil.

La causa se inició a partir de sendos procedimientos que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2019 en la Leonesa, Chaco, y el 11 de abril en Senda Hachada, Salta. En esos operativos fueron secuestrados 50,990 kilos de cocaína y 83,254 de marihuana.

Los condenados (cinco en total) fueron responsabilizados por el Tribunal Oral Federal número dos de Córdoba por los delitos de “asociación ilícita destinada a cometer hechos de narcotráfico y comercialización de estupefacientes”.

La Casación, en un fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó los planteos de las defensas y dejó firmes las condenas sobre lo que calificó como “una importante organización dedicado al narcotráfico con contactos y proveedores en Bolivia, Paraguay y Brasil”.

Esta empresa criminal, explica el fallo de un centenar de páginas, estaba encabezada por Juan Carlos Gómez y José Álvarez, “quienes tenían los recursos económicos, eran los ideólogos, financistas y organizadores, facilitaban los medios de movilidad para el desarrollo de la actividad y realizaban la logística para el traslado de la droga, como así también fiscalizaban las tareas de acondicionamiento de la misma, realizadas por sus colaboradores”.

Los otros miembros de la organización, condenados como tales, son: Federico Emanuel Gamarra, Sergio Damián Granero y Atilio Vázquez Alpiri.

Entre todos “constituyeron y armaron el grupo de personas para que desempeñara las funciones que consideraron necesarias, encargándose de aportar dinero para poder llevar adelante la provisión de estupefacientes, realizando tareas de control para poder adquirir las sustancias, viajando las veces que hacía falta hacia el norte argentino para formalizar acuerdos o controlar las distintas situaciones que se presentaban”.

La droga ingresaba por el norte y a través de una logística de distribución llega, entre otras provincias, a Córdoba y Mendoza. «Las críticas de las defensas revelan solo una discrepancia con la ponderación que el colegiado hizo de los extremos del caso para dosificar las penas impuestas a los encausados, limitándose a oponer su punto de vista sobre la cuestión, pero sin refutar el juicio seguido por el tribunal anterior ni demostrar que resulte arbitrario», sostuvo el fallo, al rechazar las apelaciones.

El juez Hornos resaltó que “existe por parte del Estado Nacional un fuerte compromiso a los efectos de enfrentar este tipo de delitos donde se encuentra involucrada una importante organización con vínculos en el exterior dedicada al tráfico de estupefacientes”.

“Merecen una especial atención por parte de la justicia para evitar la impunidad de esta clase de delitos y para cumplir con aquellos convenios asumidos internacionalmente”, resumió.

“Se debe profundizar el trabajo que los organismos jurisdiccionales y de seguridad realizan con el objeto de asegurar una política de Estado eficiente contra el tráfico ilícito de estupefacientes, ampliando eficazmente la labor de los órganos del Estado a los efectos de cumplir con uno de los objetivos constitucionales centrales de esta República, que es afianzar la justicia”, concluyó.