SOCIEDAD
Condenaron a José Alperovich a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina y quedará detenido

Al ex gobernador tucumano se lo juzgó por un total de nueve hechos de agresión sexual. Será con prisión efectiva. Los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018. También lo inhabilitaron a ejercer cargos públicos
Pasadas las 20, el juez Ramos Padilla leyó la sentencia contra José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina: el ex gobernador de Tucumán fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y quedará detenido inmediatamente. Además, el magistrado lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos nacionales y provinciales.
El debate oral y público contra el ex gobernador de Tucumán comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Este martes Alperovich se negó a decir sus últimas palabras antes del veredicto y el juez Juan Martín Ramos Padilla fijó para las 20 de hoy, luego de un cuarto intermedio.
La víctima, 35 años menor que el denunciado, además de ser su sobrina, trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019.
Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado.
Entre los testigos que fueron convocados por la Justicia asistieron distintos familiares de la denunciante, como sus padres y su abuela. También amigas y ex compañeros de trabajo. Todos se dieron cuenta de su notorio deterioro físico, psíquico y emocional durante la época en que F.L. trabajó para el entonces senador nacional.
Según los denunciantes, los “accesos”, “tocamientos” y “situaciones indecorosas” ocurrieron en uno los departamentos del acusado en Puerto Madero; en su auto personal mientras viajaban a realizar visitas al interior de Tucumán en el marco de una campaña proselitista para competir contra Juan Manzur por la gobernación de 2019; en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de la capital provincial y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena.
A lo largo de las audiencias, Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, integrantes de la querella, denunciaron: “José Jorge Alperovich es el autor de todos los hechos (…), que ocurrieron en diferentes domicilios ubicados tanto en esta ciudad como en San Miguel de Tucumán y en el vehículo de Alperovich. Para cometerlos, el imputado se valió de su enorme poder que detentaba a nivel laboral, familiar y político en toda la provincia. Él había sido elegido tres veces gobernador y era, para la época de los hechos, senador nacional y asesor ad honorem para la provincia”.
En sintonía, el representante del Ministerio Público, Sandro Abraldes, expresó: “Este juicio es un juicio de la impunidad del poder”, y precisó: “José Alperovich estuvo siempre ubicado arriba, en una posición de poder amplio, y F.L. muy por debajo, en un área de sometimiento. Según sostuvo, el acusado, cuando vio a la denunciante (por primera vez, en un evento político), decidió que debía sumarla a su equipo porque su belleza física le provocó un gran impacto. No la quería para trabajar con él, la quería para la cama”.
Del otro lado, la defensa rechazó la existencia de todos los hechos y abonó la teoría de una “causa armada”. Para eso, deslizó sospechas respecto de la financiación de los pasacalles que salieron a la luz un día después de la carta que publicó la denunciante en noviembre de 2019 acusando de abuso a su tío segundo. Esos carteles, dijo, se vieron en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y vinculaban al imputado con el actor Juan Darthés. En ese marco apuntó contra el actual diputado nacional Carlos Cisneros, reconocido adversario político del ex gobernador en su provincia.
Al respecto, la querella respondió: “Alperovich dijo que todo esto es una gran mentira, que él no hizo nada de lo que se lo acusa, que se trata incluso de una denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia preparada por -el diputado nacional- Carlos Cisneros, supuesto enemigo suyo toda la vida, y por -el exconcejal de San Miguel de Tucumán y expareja de la presunta damnificada- David Mizrahi. (…) Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido”.
El padre de F.L. es primo hermano de José Alperovich. Según relató en su declaración, tenían una “relación de toda la vida, de jugar juntos cuando éramos chicos”. “Mi padre era hermano de su mamá, Marta Alperovich. Mi padre fue padrino de José Alperovich”, dijo.
“Yo a José lo acompañé durante muchos años, no solo como primo en el año 2003, cuando comenzó su historia política. Yo le dije que lo acompañaba porque era su primo y porque lo amaba y quería que le fuera bien. Y le fue muy bien. Después pasó el tiempo, 2010, ya no era más José: tenía otra mirada, otra postura, otra actitud. No sé, la cabeza, el poder”, aseguró y añadió: “Si vos querés conocer a una persona, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es. Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”.
Al momento de relatar sobre la denuncia de su hija recordó: “Una mañana, no me acuerdo exactamente la fecha, mi hija me sentó en un café -en Yerba Buena-, después de haberla visto durante un tiempo prologando poco estable emocionalmente, muy delgada, me dijo ‘papá, necesito estar con vos’. Ahí me dijo ‘me pasó lo que me pasó’. Me cuesta decirlo, soy el papá. Después de ahí volví a fumar después de 5 años”.
“Papá, me acosaron. Papá, me violaron”, detalló cuando le pidieron especificar los detalles de esa charla ocurrida en 2019. “¿Cómo que te violaron, si es mi primo? Ahí le pedí que no me contara más. Ya el balazo lo tenía adentro… Ahí empezó mi lucha. Tenía dos opciones, y ustedes que son padres me van a entender. Por suerte tomé la opción más inteligente. Porque si no, hoy no estaría acá, estaría preso”, añadió.
Beatriz Mirkin fue una de las testigos que declaró en la causa y denunció una «operación política»
Como familiar, también declaró Sara Alperovich, ex legisladora provincial y tercera hija de los cuatro que tuvo el ex mandatario acusado. Según su relato, durante el tiempo que la denunciante trabajó con el ex gobernador llegaron a forjar entre las dos una relación de amistad, al punto en que la joven comenzó a contarle sobre una pareja que le ejercía violencia de género. “Yo estaba preocupada por F.L., le dije que si seguía con él se iba a seguir enfermando. Le dije que tenía que hacer terapia, que a mí me había pasado lo mismo…Ella cada vez se veía más flaca”, y agregó: “Desde febrero -de 2019- hasta que renunció -la denunciante- estaba muy mal y yo sabía que era por la violencia de género y el maltrato de esa persona hacia ella”.
“¿Cómo se enteró de la versión de los abusos?”, le preguntó el fiscal Abralde. “Nosotros ya habíamos perdido las elecciones. En noviembre es cuando ella denuncia, oh casualidad, el mismo día de la no violencia contra la mujer. Fue todo una gran campaña contra nosotros. Necesitaba llamar la atención”, respondió la ex legisladora provincial.
También declaró la ex senadora Beatriz Mirkin, quien fue diputada, senadora y candidata a vicegobernadora como compañera de fórmula de Alperovich en 2019. Su figura generó controversia en la causa por haber protagonizado una agenda feminista dentro del peronismo, siendo la única senadora que votó a favor de la ley IVE.
“No me cabe ninguna duda de que esto fue una campaña orquestada para afectar política y personalmente, no solamente a Alperovich, que lo mataron, sino a mí”, dijo y abundó: “No tengo dudas, aunque no lo pueda demostrar: hubo una campaña política de la oposición en cabeza de Carlos Cisneros”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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