INFO. GENERAL
¿Cómo se veta una ley en Argentina y qué rol juega el Senado?

Javier Milei prometió frenar la normativa que incrementa las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al índice de inflación. El proceso de veto presidencial, sus implicancias y las opciones que tiene la Cámara alta para intervenir.
Javier Milei prometió vetar la ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1 por ciento. «Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo, me importa tres carajos», decía el presidente respecto del proyecto que avanzaba en el Congreso. Este jueves, tras la aprobación en el Senado, se espera la reacción del presidente. Pero, ¿cómo es el proceso de veto presidencial, sus implicancias y las opciones que tiene la Cámara alta para intervenir?
El veto presidencial es una herramienta clave en el proceso legislativo argentino, porque le permite al Poder Ejecutivo frenar la promulgación de una ley aprobada por el Congreso.
Aunque esta facultad otorga al presidente una considerable influencia, no implica el fin del camino para el proyecto legislativo. El Senado y la Cámara de Diputados tienen el poder de desafiar esta decisión, aunque bajo condiciones específicas y con ciertas limitaciones.
¿Qué es el veto y cuándo se utiliza?
El veto es la facultad que la Constitución Nacional concede al Presidente de la Nación para impedir que un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso se convierta en ley. Este poder puede ser ejercido de forma total, bloqueando toda la ley, o parcial, vetando solo ciertas disposiciones, mientras que otras partes del proyecto pueden ser promulgadas.
El veto se justifica generalmente en la necesidad de evitar leyes que puedan afectar negativamente las finanzas públicas, los derechos fundamentales o la estabilidad institucional. Por ejemplo, en medio del debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el mandatario ultraderechista expresó su intención de «defender la caja a veto puro», resaltando cómo este mecanismo puede ser utilizado para proteger los intereses fiscales del Estado.
¿Qué pasa después del veto?
Una vez que el Presidente veta una ley, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
A pesar del respaldo significativo en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado con 162 votos a favor, la necesidad de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para contrarrestar el veto hace que la intervención del Senado sea crucial. Si bien es posible que el Senado logre la mayoría necesaria, el desafío es considerable.
Limitaciones y control del veto
No todas las leyes son susceptibles de ser vetadas. Existen situaciones excepcionales en las que la Constitución impide el uso del veto, como en los casos de reformas constitucionales o leyes que requieren un procedimiento especial para su sanción.
Además, aunque el veto es un instrumento poderoso, no está exento de control. Los tribunales pueden revisar la constitucionalidad de un veto si se argumenta que éste afecta derechos fundamentales o vulnera tratados internacionales. Esto introduce un nivel adicional de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, asegurando que su ejercicio se ajuste a los principios del Estado de Derecho.
INFO. GENERAL
Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.
La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.
Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.
Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.
Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».
Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.
Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.
«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.
«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.
El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».
Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.
Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.
Con información de la Política On-Line
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