Por: Baltasar Garzón

Con la venia de Sus Señorias (así comienzan los escritos judiciales en España).

Estimados colegas jueces que este martes día 6 de diciembre de 2022 publicaréis vuestra sentencia en el caso Vialidad.

Quizás no debería de escribiros esta carta abierta un día antes de que conozcamos la sentencia en la que se decidirá la suerte política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y digo suerte política porque este ha sido un ajusticiamiento político, aun en el caso de que la balanza de la Justicia que, hoy por hoy, está vencida hacia la más grosera injusticia, le fuera favorable. El daño producido con este proceso a la democracia es apenas reparable.

Las campañas orquestadas, tanto políticas, como judiciales y mediáticas, en su contra han hecho que el proceso en sí mismo sea injusto y tan lleno de irregularidades que es imposible encontrar en los anales de la historia procesal reciente un cúmulo más elevado de errores o defectos (en el mejor de los casos) o de ilícitos penales (en el más adecuado a las evidencias acumuladas).

Es bueno que los responsables políticos rindan cuentas y que se sometan a auditorías independientes, pero cuando se trata de procesos judiciales, las garantías, la pulcritud, la imparcialidad y la independencia resultan fundamentales. Y, desde luego, en el caso Vialidad todo ha estado preordenado para acabar política y personalmente con la vicepresidenta del país. No ha existido respeto a las garantías, las pruebas están contaminadas, ha habido sustracción y alteración de las mismas, los testigos han sido venales, los peritajes manipulados…

¿Entonces qué se gana con una condena? Nada, más allá de la felicitacion mediático-política de los enemigos de la verdad. Y, ¿qué se pierde? Todo. Y, en especial, la propia credibilidad de la Justicia, que queda maltrecha y como un clínex porque ha sido usada, adulada y tirada a la basura de la historia.

La persecución política en una democracia por medio de la misma clase política es rechazable, pero, hasta cierto punto, comprensible; pero la persecución politica a través del derecho (lawfare) es el mecanismo más perverso y destructor de aquella. Ustedes jueces son y serán los únicos responsables de que esto acontezca o, in extremis, pueda evitarse y comenzar así una verdadera regeneración democrática de la Justicia.