Desde Washington califican de «ruptura de contratos» al cambio unilateral de la forma de pago a las generadoras de la deuda por la electricidad. Economía, en virtual estado de default.

Por Raúl Dellatorre

El conflicto entre el gobierno y las empresas energéticas trascendió las fronteras y amenaza algunos acuerdos tácitos entre Milei y el establishment. Por una parte, una de las empresas generadoras afectadas por la deuda de Cammesa (ya vencida, que el gobierno decidió unilateralmente cancelar con un bono a 14 años), de origen estadounidense, informó que el FMI y el gobierno de Estados Unidos, a través de la embajada, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía, le hicieron saber su «preocupación por la ruptura de contratos» de parte del gobierno de Milei. Por otro lado, la cámara que agrupa a los productores de hidrocarburos, CEPH, rechazó la modalidad de pago mediante bonos de largo plazo de la deuda por el suministro de gas para las centrales térmicas, al considerarla «violatoria de los contratos celebrados por los productores». 

El dato político significativo es que la carta está firmada por Carlos Ormachea, presidente de la CEPH y, ademas, ex CEO y actualmente chairman de Tecpetrol (grupo Techint), un aliado, hasta aquí, del gobierno.

Tras varias semanas de negociaciones sin poder arribar a un acuerdo con las firmas generadoras de energía eléctrica (térmica, hidroelécrica, nuclear, eólica, etc), el ministerio de Economía decidió dar «una solución» a la deuda acumulada por Cammesa (administradora del mercado mayorista eléctrico) con los proveedores, emitiendo un bono en dólares con vencimiento en 2038. Con el mismo pagará el suministro eléctrico de diciembre y enero, ya vencidos, mientras que el de febrero en adelante se pagaría con el flujo de caja de la propia empresa. 

Tras esa decisión, AGEERA, la cámara que agrupa a las generadoras eléctricas, le hizo llegar una nota al ministro de Economía en la que enumera siete puntos por los que rechaza esta forma de pago. Pero este jueves se conocieron otros pronunciamientos de empresas que describen su propia situación y el alcance del perjuicio de la resolución oficial.

También Mindlin

Pampa Energía, con su dotación de centrales térmicas, hidroeléctricasa y parques eólicos, es la principal proveedora privada de energía del país.  La empresa de los Mindlin (Marcelo y Damián), Gustavo Mariani y Ricardo Torres, notificó a sus inversores que analiza la alternativa de anteponer «medidas legales» al pago en bonos de la deuda de Cammesa. Junto al informe de los resultados financieros del primer trimestre, Pampa Energía informó que «Cammesa registra pagos pendientes por las transacciones de diciembre 2023, enero y febrero 2024 por una suma que supera los $140.000 millones, incluyendo intereses devengados e impuestos» con la empresa.

Tras tomar conocimiento de que Economía instruiría a Cammesa para pagar en bonos largos la deuda, y «considerando el valor razonable de mercado de dicho instrumento de deuda, Pampa ha registrado una pérdida por deterioro de US$34 millones sobre los créditos» por ventas a dicha empresa mixta, señala el informe. “Pampa está analizando las medidas legales contra esta resolución”, plantea finalmente el documento.

Por su parte, la empresa AES Argentina, el otro gran actor privado en generación eléctrica con 3 centrales térmicas, 4 hidroeléctricas y 2 parques eólicos, informó a través de su presidente, Martín Genesio, que recibió consultas desde Estados Unidos acerca del impacto que tendrían las resoluciones 58 y 66 de la secretaría de Energía argentina.

Llamada de Washington

Recibió llamados de la Embajada, del Departamento de Estado y del Departamento de Energía del gobierno estadounidense, además de funcionarios del FMI. «Como empresa estadounidense, tenemos conversaciones permanentes con estas instituciones», explicó Genesio, quien agregó que, en este momento, preocupa puntualmente cómo se va a resolver el tema de la deuda por la energía suministrada. «Romper un contrato es una muy mala señal», indicó al reflejar la mayor preocupación de sus interlocutores. 

A estas repercusiones, se sumó la nota enviada por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, CEPH, al secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, y al ministro Luis Caputo, en relación con la Resolución de la Secretaría de Energía 58/2024, que dispone la forma de pago de la deuda que actualmente mantiene Cammesa con los productores de gas nucleados en esta Cámara». La nota expresa que «la mayoría de los Productores nucleados en esta Cámara rechaza la modalidad de pago dispuesta en la Resolución», fundado en que:

1. «La Resolución afecta los derechos contractuales de los Productores al amparo de los contratos celebrados con Cammesa»;

2. «La alteración, de manera unilateral por parte de esa Secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones»;

 3. «Se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción»;

4. «La conducta del Estado Nacional por medio de la Resolución y la instrucción que imparte a Cammesa resulta violatoria de los contratos celebrados por los Productores, de los términos del Plan Gas.Ar, así como de la normativa aplicable».

Un ladero de fierro

La firma de Carlos Ormachea, en su carácter de presidente, al pie de la misiva, le agrega un condimento político no menor. Se trata de uno de los directores de más extensa trayectoria en Techint y, por supuesto, de estrecha confianza de Paolo Rocca. El tono del mensaje y el llamado a una revisión de la posición del ministro de Economía marcan que la tensión entre las urgencias financieras del gobierno y los compromisos con sus principales aliados está llegando a un límite peligroso. 

Nadie lo dice así, pero la decisión unilateral de canjear la deuda vencida de Cammesa por bonos a largo plazo, y el posterior rechazo de los acreedores, configuran una situación de default en el mercado mayorista eléctrico. En Estados Unidos se encendieron las alarmas y aquí, en tanto, dos apellidos de peso en el respaldo que tiene el gobierno de MIlei (Mindlin y Rocca) quedaron del otro lado del mostrador y lanzando severas advertencias. 

El tema no está cerrado, ni financiera ni políticamente.