SOCIEDAD
Caputo confirmó que se quita el capítulo fiscal de la Ley Omnibus

En un giro sorpresivo de los acontecimientos, y tras el fuerte rechazo de los gobernadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno retirará las medidas fiscales de la ley ómnibus.
Se trata de capítulos que incluyen las retenciones, uno de los puntos que más resistencia cosechaba entre legisladores y gobernadores, y también del proyecto de volver a gravar con Ganancias a unos 800 mil trabajadores.
«Esto va a acelerar los tiempos» para la aprobación del proyecto, confió el ministro de Economía y reforzó: «Hay enorme consenso, lo han visto en las discusiones en el Congreso, en que el resto del paquete es beneficioso para el país. No va a haber inconvenientes en que se apruebe».
Detalló que ese capítulo que se retira contiene cinco medidas: «El blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones». Y adelantó que también podría postergarse otro foco de conflicto: «Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría».
El ministro dijo que el proyecto de ley tiene dos capítulos: «Uno con más de 500 artículos que implican un cambio estructural en el país, regulatorio, que es lo que va a sentar las bases para que el país pueda crecer y desarrollarse los próximos 20 años. Y hay un capítulo fiscal, para llegar a déficit cero».
«Encontramos en este diálogo que tuvimos en las últimas semanas un claro consenso en lo que es la parte más importante de la ley, que son estos más de 500 capítulos que son los que tienen que sentar la base. Y cierto disenso en lo que es el capítulo económico», dijo Caputo en la sala de conferencias de la Casa Rosada.
«No queremos que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos urgente y necesario y es lo que queremos mostrarle al mundo, ese cambio que todo el mundo está mirando», agregó el ministro.
Consideró que, con esta modificación, se van a «acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores que naturalmente estaban defendiendo los intereses de sus provincias».
Por eso evaluó necesario ir avanzando con el resto de la normativa, es decir «con las desregulaciones que le sacan el pie del Estado en la cabeza al sector privado».
Los mandatarios provinciales habían mostrado sus diferencias con las retenciones establecidas en la ley ómnibus. Lo remarcaron gobernadores del peronismo duro, pero también del peronismo dialoguista, como Martín Llaryora (Córdoba) y representantes de Juntos por el Cambio, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).
«De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de déficit cero. Esto por supuesto que se mantiene», remarcó Caputo este viernes.
Al respecto, añadió: «No se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero y haciendo esto lo que vamos a lograr es facilitarle a los gobernadores y legisladores la parte más importante de la ley».
Y concluyó: «Hoy nos podemos tomar el tiempo de desarrollar nuevas medidas económicas que sean más compatibles, más fáciles de digerir para los diferentes actores económicos»
Su aparición había sido anunciada con una sola hora de anticipación por el Gobierno. Se produjo, además, al cabo de una semana en la que le gestión de Milei logró aprobar el dictamen de mayoría de la ley ómnibus en Diputados y en la que el ministro de Economía presionó fuerte a los gobernadores en la búsqueda de la aprobación de la ley la semana que viene en el recinto.
El anuncio se produjo al final de una jornada de viernes en la que hubo numerosas reuniones en Casa Rosada para tratar de encaminar el tratamiento de la Ley Bases que estaba empantanado.
El propio presidente Milei estuvo unas horas en la Rosada, y participaron de las diferentes reuniones la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
RIO TURBIO
ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.
El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.
“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.
YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.
Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.
La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.
Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.
Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.
La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.
Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.
Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.
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