PROVINCIALES
Autoridades de Educación recibieron a familias autoconvocadas

El Consejo Provincial de Educación mantuvo un espacio de trabajo con referentes del grupo de familias autoconvocadas, padres y madres de niños con condición del Espectro Autista. El objetivo fue analizar los procesos de inclusión de sus hijos en cada una de las escuelas de los niveles educativos.
Al respecto, la titular de la cartera Educativa, Iris Rasgido señaló que se trataron las particularidades de la intervención de la modalidad de Educación Especial, como así también las necesidades y dificultades que se les presentan en lo diario en referencia a la escolaridad de los niños.
Las familias compartieron las diferentes situaciones a las autoridades del CPE, quienes pusieron en conocimiento los ejes de la nueva gestión, comunicando que la base estructural es el fortalecimiento de una educación inclusiva.
En ese marco, Rasgido amplió que se definió la necesidad de la reformulación de normativa que hoy está en vigencia y que se contrapone a los parámetros de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; y tanto de la Ley de Educación Nacional como Provincial.
Durante la reunión se comunicó la planificación estratégica a partir de los ejes que define una transformación de la educación, trabajando con una temporalidad pertinente y con diferentes dimensiones, como el fortalecimiento de los equipos supervisivos y de conducción vinculado a la construcción de una educación inclusiva, con los alcances y las funciones; y la necesidad del fortalecimiento de las propuestas de formación inicial y de formación permanente y continua.
La presidenta del Consejo Provincial de Educación también compartió con los padres las definiciones que establece el Colectivo de Personas con Discapacidad en el mundo a partir de su encuentro con el Comité de Expertos Internacionales en referencia a los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se dialogó sobre otras situaciones relacionadas con las Personas con Discapacidad, como el Derecho al Trabajo, que hoy sigue siendo un desafío en términos de sociedad, y también las intervenciones de, por ejemplo, otros ministerios como Salud y Desarrollo, y la pertinencia del accionar de cada uno en el marco del desarrollo integral de las Personas con Discapacidad.
Los padres manifestaron su agrado con estos cambios que se proponen desde educación y se comprometieron a trabajar en conjunto para que realmente esto sea posible.
Por último, las autoridades educativas invitaron a los padres a sumarse a esta propuesta ya que, de la única manera para avanzar en un proceso sistemático de transformación de la educación, con lo que significa el fortalecimiento de la escolaridad de los niños con discapacidad, es con la presencia de las familias como protagonistas en este proceso.
Participaron de la reunión la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta, el Vocal por el Ejecutivo, Oscar Barrientos, el director Provincial de Educación Especial, Claudio Burgos y el supervisor de la modalidad, Raúl Escalante.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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