No podremos tener una democracia sana si la división de poderes se desdibuja, los candidatos son proscritos y los fallos judiciales son orquestados junto a los medios masivos de comunicación.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y al accionar del Poder Judicial argentino que se atribuye la potestad de proscribir a dirigentes políticos para las próximas elecciones legislativas.

Lo que sucedió en las últimas semanas respecto al fallo contra la ex presidenta en la llamada “Causa Vialidad” es un manoseo a la democracia innegable. Periodistas de distintos medios de comunicación ya conocían la decisión judicial con antelación, promocionándola por todos los medios de comunicación. No es casual que hoy la Justicia encabece el ranking del mayor nivel de imagen negativa por parte de la sociedad.

Se trata de una causa que desde su inicio ha estado completamente manipulada por todos los actores intervinientes: jueces, fiscales, abogados, incluso actores del poder político que se involucraron directamente para llegar a este desenlace, que es la prohibición de su candidatura. Hoy más que nunca cobra sentido la visita de los huemules (jueces federales, fiscales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios ligados a medios de comunicación) a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. Estamos ante la presencia de un Poder Judicial que pretende jugar a la política.

No podremos tener una democracia sana si la división de poderes se desdibuja, los candidatos son proscritos y los fallos judiciales son orquestados junto a los medios masivos de comunicación.

Además, nadie puede negar que esta resolución favorece al Gobierno de Milei ya que se trata de una dirigente que bien podría canalizar el descontento y el rechazo de gran parte de la sociedad del modelo económico y político actual. La democracia está en peligro y el pueblo no va a quedarse de brazos cruzados.

Ante esta proscripción, la Asociación Trabajadores del Estado declara el ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE Y MOVILIZACIÓN EN TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.