PROVINCIALES
Aseguran que el vicegobernador impidió la presentación de un recurso de amparo conjunto de los diputados contra la suba de tarifas

El intendente de Río Turbio, Darío Menna, acusa al vicegobernador, Fabián Leguizamón, de no gestionar soluciones junto al gobernador Claudio Vidal y de obstruir un recurso de amparo contra el aumento de tarifas. El diputado provincial Daniel Peralta critica la actitud de Leguizamón y señala preocupaciones sobre su gestión en la Legislatura.
El intendente de Río Turbio, Darío Menna, arremetió contra el vicegobernador, Fabián Leguizamón, acusándolo de ausentarse de las gestiones cruciales para resolver los problemas de la provincia y de obstaculizar acciones conjuntas de los diputados. Según Menna, Leguizamón, en lugar de colaborar con el gobernador Claudio Vidal en la búsqueda de soluciones para los santacruceños, se encontraba en eventos sociales como un cumpleaños en la Cámara de Diputados.
El diputado provincial Daniel Peralta se unió a las críticas contra Leguizamón, cuestionando su constante ataque al peronismo y su aparente dificultad para comprender la Constitución Provincial, al sugerir juicios políticos en lugar de seguir los procedimientos legales establecidos.
Por otro lado, el jefe del bloque de Unión por la Patria expresó su descontento con la gestión de Leguizamón, describiendo la situación en la Cámara como «un desastre». Además, señaló preocupaciones sobre la intervención del vicegobernador en asuntos internos de la Legislatura, como los concursos de personal, lo que ha generado malestar entre el personal.
Las discrepancias entre el gobernador y su vice han sido evidentes, lo que ha llevado a confusión y preocupación entre la población. Menna concluyó destacando la necesidad de abordar estos problemas internos para garantizar una gestión efectiva en beneficio de la provincia.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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