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Miércoles 27 de Agosto del 2025

PROVINCIALES

Aportes previsionales: la Caja pidió al Tribunal Superior de Justicia que resuelva el conflicto con la Municipalidad de Río Gallegos

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La Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) presentó este jueves un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando que se pronuncie con celeridad sobre el fondo de la causa iniciada por la deuda previsional que mantiene la Municipalidad de Río Gallegos.

El reclamo se refiere al incumplimiento en la transferencia de aportes jubilatorios retenidos a los trabajadores municipales, que no fueron girados al organismo como exige la ley.

La situación se originó luego de que la Municipalidad interpusiera un recurso judicial para evitar que la Caja pudiera retener, a través de los fondos de coparticipación, los montos adeudados en concepto de aportes personales y patronales. La Justicia hizo lugar a esa medida cautelar y ahora, la CPS pide que se resuelva con celeridad la cuestión de fondo: si el municipio debe o no cumplir con sus obligaciones legales.

En su presentación, la Caja advirtió que “la suspensión de su ejecución pone en riesgo el financiamiento del régimen previsional solidario”, ya que afecta los ingresos necesarios para sostener el sistema. La Ley N°1782, en su artículo 18 inciso b, establece que los empleadores públicos deben depositar los aportes previsionales en la cuenta de la CPS dentro de los primeros siete días de cada mes.

Según datos difundidos por el organismo en junio pasado, la deuda acumulada entre municipios y comisiones de fomento de toda la provincia supera los $111 mil millones. En ese marco, la Caja notificó a todas las comunas sobre la situación y recordó que el sostenimiento del sistema previsional solidario depende del cumplimiento de los aportes por parte de empleadores y trabajadores.

“El municipio de Río Gallegos retiene los aportes previsionales de sus trabajadores todos los meses, pero no los transfiere a la Caja de Previsión. Esos fondos son necesarios para garantizar el principio solidario de nuestro sistema previsional”, argumentaron desde la Caja.

Por último, el organismo dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia federal si no obtiene una respuesta favorable en el ámbito provincial. “La prioridad es garantizar los ingresos de los jubilados y la sustentabilidad del sistema previsional de Santa Cruz”, concluyeron.


Avisos

PROVINCIALES

ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

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El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.

Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.

Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.

El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.


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