La División de Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz llevó adelante un procedimiento en el club nocturno «La Tóxica», en el marco de una investigación judicial por presunta explotación sexual, en la que se mencionó la posible participación de menores de edad.

En las primeras horas del sábado, mientras la ciudad de Río Gallegos dormía, un operativo policial interrumpió la rutina de un sector del ambiente nocturno local. Por orden judicial y bajo la intervención de la Unidad Fiscal de la capital de Santa Cruz, personal de la División de Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz llevó a cabo un allanamiento en el local conocido como “La Tóxica”, ante sospechas de una posible situación de explotación sexual, que incluía la presunta participación de personas menores de edad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la medida, resultado de una prolongada labor investigativa por parte de las fuerzas especializadas, se realizó con absoluto hermetismo y profesionalismo. La intervención comenzó poco después de la medianoche y se extendió durante varias horas. En el lugar fueron identificadas dos encargadas del establecimiento y siete mujeres que se encontraban trabajando en el local, todas mayores de edad: cinco de nacionalidad argentina y dos extranjeras. Según los primeros indicios, las mujeres realizaban “copas”, una práctica habitual en ciertos establecimientos nocturnos, en la que se comparte bebida con los clientes a cambio de una comisión.

A fin de resguardar la integridad de las mujeres involucradas, personal especializado en psicología abordó individualmente a cada una de ellas, en el marco de una entrevista destinada a detectar posibles situaciones de vulnerabilidad o indicadores compatibles con el delito de trata de personas. De estas entrevistas no surgieron elementos que permitieran suponer que se tratara de víctimas, ni tampoco indicios de coerción o privación de la libertad.

No obstante, durante el procedimiento se procedió al secuestro de documentación y objetos de interés para la causa, tales como anotaciones, tickets, comprobantes de cobros, terminales posnet y un DVR (sistema de videograbación), todos elementos que podrían ser clave para reconstruir el funcionamiento interno del local y establecer si hubo, o no, maniobras irregulares vinculadas a la explotación sexual. Todo esto será peritado por el personal del área de Apoyo Tecnológico de la misma fuerza de seguridad.

Además, se identificó a todos los parroquianos que se encontraban presentes en el momento del operativo. Luego de ser consultados en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), se confirmó que ninguno de ellos registraba medidas cautelares ni impedimentos legales vigentes.

El procedimiento contó con la intervención directa del fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, quien supervisa el desarrollo de la investigación y ordenó las medidas correspondientes. Si bien por el momento no se formalizaron detenciones ni imputaciones penales, la propietaria del local y la encargada del mismo establecieron domicilio a disposición de la Justicia, quedando supeditadas a los avances de la causa.