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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Allanamientos y secuestro de teléfonos en la causa por el atentado contra Cristina

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Los procedimientos ordenados por la Justicia se realizaron en inmuebles vinculados a dos personas que quedaron bajo sospecha a partir de distintas conversaciones de whatsapp que mantuvieron con Nicolás Gabriel Carrizo.

Fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en los que secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado 1° de septiembre cuando un hombre le apuntó y gatilló a metros de su cabeza con una pistola que tenía cinco balas en el cargador.

Los procedimientos ordenados por la jueza María Eugenia Capuchetti se realizaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en inmuebles vinculados a dos personas que quedaron bajo sospecha a partir de distintas conversaciones de whatsapp que mantuvieron con Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por el intento de magnicidio que protagonizó el procesado Fernando Sabag Montiel.

Las personas que quedaron bajo sospecha son aquellas a las que Carrizo tenía agendadas en su celular como «Joa» (Joana Colman) y «Jony White», con quienes mantuvo conversaciones vinculadas a la ataque fallido contra la dos veces expresidenta Fernández de Kirchner, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

Los allanamientos

Durante los procedimientos, que fueron al menos dos, llevados a cabo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, se secuestraron teléfonos celulares de las dos personas y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje, según pudo reconstruir Télam de fuentes de la investigación.

Los allanamientos se activaron luego de una presentación de la querella de la vicepresidenta, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal en la que se solicitaba investigar, entre otras cosas, el posible móvil económico que pudo haber motivado a Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte a intentar cometer el magnicidio.

Gabriel Nicols Carrizo
Gabriel Nicolás Carrizo.

La punta para avanzar sobre la posible motivación económica de Sabag Montiel surgió de un diálogo detectado por los abogados de la vicepresidenta en uno de los grupos de whatsapp que integraba donde, el 15 de agosto pasado, escribió: «Yo quisiera hacerme el vendedor y meterle un corchazo», informaron fuentes judiciales.

En esa misma conversación, y al referirse a Brenda Uliarte y sus planes magnicidas, Sabag Montiel escribió: «Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea».

Las referencias al tema económico coinciden con otros mensajes detectados por los abogados de la querella donde una persona agendada como «Joa» en el teléfono de Gabriel Nicolás Carrizo, líder del grupo, sostuvo que sabía que lo había hecho por plata.

«Se que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal eh… a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si? Pero si, si los nombro a ustedes, eso si así que fíjense bien… y no solo a ustedes cinco porque nombro a más personas, fíjense bien», escribió «Joa» en un grupo de whatsapp que compartía con Carrizo.

Las conversaciones de las que participa «Joa», en las que exhibe poseer información sensible y eventualmente reservada, ocurrieron después de que se produjera la detención de Uliarte, la noche del domingo 4 de septiembre, cuando en el expediente regía el secreto de sumario.

En la misma presentación judicial los abogados de la vicepresidenta habían reclamado también que se avance con la identificación de la persona a la que Carrizo tenía agendada en su celular como Jony White, algo que ya ocurrió y devino en nuevas medidas.

Ese contacto mantuvo un diálogo con Carrizo que para la querella podría ser determinante. «Estamos pensando matar al jefe de La Cámpora esta vez», «están llegando todos», «Si querés venir», «Vamos a tener una charla grupal», fueron los mensajes que Carrizo le envió al contacto «Jony Withe» el 1° de septiembre a las 23.40, dos horas después, del ataque fallido a la vicepresidenta. El contacto «Jony White» respondió: «Los sicarios…».


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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