PROVINCIALES
Alicia llamó a defender siempre la Educación Pública

Así lo manifestó, la gobernadora Alicia Kirchner este jueves tras su participación en la entrega de certificados a trabajadores y trabajadoras de la administración pública, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Se trata de una línea política que tiene como finalidad profesionalizar y capacitar a todo el personal de la administración pública de la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación y en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional, celebró el acto que le permitió a 92 egresados intercambiar y actualizar conocimientos y saberes, con el objetivo de dar más y mejores respuestas a los santacruceños a lo largo y ancho de la provincia.
Vale destacar que esta gestión impulso esta iniciativa y considera que es un eje vertebral para consolidar la identidad santacruceña.
La primera mandataria santacruceña, estuvo acompañada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez; la ministra de Desarrollo Social, Belén García; la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique y autoridades de la UTN.
“Defender siempre la educación pública” fueron las palabras con que la primera mandataria santacruceña abrió su discurso, agregando que “es nuestro deber defender la investigación y la economía del conocimiento” por lo que se refirió al “ofuscamiento que tuvimos en distintos puntos del país al escuchar de un candidato a presidente que un ministerio de ciencias debe eliminarse”.
Por esto mismo, Alicia Kirchner cuestionó “cuánto sabrá esa persona acerca de la importancia que tiene para un país la educación científica” observando que “en todo caso se pensaría de esa forma queriendo no crecer ni desarrollarse”. “Mi equipo y yo estamos del lado de la educación pública”, enfatizó en este sentido.
“Casi 50.000 docentes se capacitaron durante nuestra gestión” dijo, más adelante, añadiendo también que “más de 31.200 empleados públicos fueron capacitados y otros 3.000 terminaron sus estudios secundarios, lo que significa que 83.000 capacitaciones fueron concretadas” y que “para cambiar esa vieja Ley 760 de Administración Financiera capacitamos, junto a la UBA, 88 profesionales y 650 técnicos” y “para cambiar y transformar las distintas realidades, gestionamos distintas diplomaturas con las más prestigiosas universidades de nuestro país”.
Por lo que señaló que “estos certificados que estamos entregando muestran el rumbo que hemos elegido” y que “como santacruceños, esto nos emociona y nos llena de orgullo porque sabemos lo que a la gente le cuesta capacitarse” enfatizando que “esta diplomatura es fundamental porque toda política pública exige que trabajemos de manera integral para abordar nuestro territorio”.
Y cerró su alocución agradeciendo “a quienes la terminaron de cursar y hoy entienden la relevancia de gestionar integralmente como tanto lo necesita nuestra gente que tiene problemas y no le interesa saber a cuál o tal ministerio pertenecemos; sino, más bien, que solucionemos sus necesidades sociales y vindiquemos sus derechos”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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