La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a Fernández de Kirchner, pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo «no son una casualidad».

«Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den», señaló Ubeira en declaraciones a El Destape Radio

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada ayer por Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos abogados que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Los abogados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «¿Hay que pudrirla?».

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla «pasar a la historia», en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos», según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira señaló que el «objetivo es ir hacia donde las pruebas nos lleven y encontramos que hay nueve millones de pesos para esa organización que están dando vuelta y no tienen relación con nada».

«Más allá de los ‘loquitos sueltos’ a los que alude (Mauricio) Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la causa en la cual la jueza Capuchetti investiga el atentado. Creemos que esa carpintería, cuyos integrantes aprendieron a trabajar la madera por YouTube, es novedosa«, apuntó.

Además, consignó que «antes de funcionar esta carpintería en la localidad de Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri», por lo que adelantó que pedirá informes sobre ese «inmueble».

En tanto, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, señaló que Caputo «está en un silencio de radio» luego de que se detectaran aportes de su familia para Revolución Federal, y sostuvo que «es un gran absurdo» que las empresas del exfuncionario le hayan hecho aportes a una persona como Jonathan Morel.

«Si fuera Caputo y no tengo nada que ver con el hecho, estaría en todos los canales de televisión explicando mi situación», advirtió García.