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Lunes 01 de Septiembre del 2025

PROVINCIALES

Afiliados y autoridades de la UCR Santa Cruz solicitan que se convoque a internas para definir el candidato a diputado nacional

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Dirigentes y afiliados de toda la provincia, presentaron una nota al Presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel, y a la Presidenta de la Junta Electoral Provincial, Alejandra Vivar, exigiendo que se respete lo establecido en la Carta Orgánica Partidaria.

Esta tarde, afiliados y autoridades de la Unión Cívica Radical Santa Cruz entregaron una nota formal dirigida al Presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel, y a la Presidenta de la Junta Electoral Provincial de la UCR Santa Cruz, Alejandra Vivar, mediante la cual solicitan formalmente que se convoque a elecciones internas partidarias para seleccionar al candidato a diputado nacional de acuerdo lo establecido en la Carta Orgánica y normas partidarias.

El documento fue firmado por el Presidente del Comité UCR Río Turbio, Raúl Robles; el Convencional Provincial, Daniel Zuliani; el Presidente del Comité de 28 de Noviembre, Javier “Tito” Lamas; la Vicepresidenta del Comité Río Turbio, Silvana Adolfo; la Convencional Provincial de 28 de Nobiembre, Andrea Condori; el dirigente Francisco Roldán; el Convencional de la Juventud Radical Provincial, Maximiliano Villalva; la Convencional de El Calafate, Romina Bazán; la Presidenta del Comité de Comandante Luis Piedra Buena, Paola Mansilla; el dirigente de Los Antiguos, Roberto “Tato” Ruiz; el dirigente de Caleta Olivia, Jorge Lacrows; el dirigente de Caleta Olivia, Ezequiel “Kelo” Prades; la Convencional de Las Heras, Candela Pittacolo; el dirigente de Las Heras, David Villegas; la Convencional de Gobernador Gregores, Marcela Padrón; el dirigente de Puerto Santa Cruz, Daniel Stafetta; el Convencional de Río Gallegos, Pedro Bringas; el Convencional de Río Turbio, Samir Zeidán; el dirigente de Río Gallegos, Alex Alberto “Lalo” Sanzana; la Convencional de Comandante Luis Piedra Buena, Ida Jorgensen; el dirigente de Caleta Olivia, Américo Casas; el Vicepresidente del Comité UCR Río Gallegos, Diego Castro; la Secretaria del Comité UCR Río Gallegos, Patricia Millacura; el dirigente de Río Gallegos, Fabián Pérez; el Vocal del Comité UCR Caleta Olivia, Xavier Ramos y el Convencional de Caleta Olivia, Juan Curallan.

Asimismo, los afiliados y autoridades partidarias de toda la provincia pidieron que se respete el inciso 3 de la Acordada Nº 37/2025 de la Cámara Nacional Electoral con fecha 22 de abril del corriente año, que hace mención a la reciente suspensión de la aplicación de las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, lo cual obliga a los partidos políticos a elegir a los candidatos a cargos públicos electivos según lo que establecen sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos electorales.

En este sentido, sostuvieron: “Queremos dejar en claro que no vamos a permitir que dirigentes del oficialismo partidario impongan a dedo a candidatos, ya que esto sería una violación a los principios democráticos y a la esencia misma de nuestro partido. La selección de candidatos debe ser un proceso transparente y democrático, en el que todos los afiliados tengan la oportunidad de participar y decidir”

“Tenemos razones para creer que algunos dirigentes partidarios tienen la intención de dejar vencer los plazos establecidos para la realización de elecciones internas, con el fin de imponer a un candidato a través de la Convención Partidaria. Consideramos que esta maniobra sería un atropello a la democracia interna y un menoscabo a la legitimidad de nuestro partido”, expresaron en la nota.

Por último, los firmantes remarcaron: “Solicitamos que convoque a elecciones internas para seleccionar al candidato a Diputado Nacional, de acuerdo a los artículos de nuestra carta orgánica y normas partidarias, y que se garantice la transparencia y la participación de todos los afiliados en este proceso. Asimismo, exigimos que se respeten los plazos establecidos y se eviten maniobras dilatorias que puedan afectar la realización de elecciones internas”.


Avisos

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Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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