La legisladora de Santa Cruz, miembro del Consejo de la Magistratura, debía acusar a Marcelo Bailaque, pero se excusó. El juez, con conexiones políticas y empresariales, es investigado por encubrir a narcos y extorsionar financistas en Rosario.

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó al borde de la destitución tras ser acusado de encubrir redes de narcotráfico y extorsionar empresarios junto con el exjefe de ARCA, Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido. El caso salpica a la legisladora Roxana Reyes, diputada de la UCR por Santa Cruz y miembro del Consejo de la Magistratura, quien debía impulsar la acusación contra Bailaque, pero se apartó del proceso tras designar como asesor a Juan Manuel Quintero, abogado con vínculos en la provincia.

Bailaque, con una carrera judicial iniciada en Caleta Olivia, tejió relaciones con figuras clave como Carlos Zannini y Carlos Kunkel, quienes facilitaron su llegada al cargo en 2008. La causa expone un entramado de corrupción donde se utilizó el aparato judicial para encubrir a narcotraficantes y presionar a empresarios. La inacción de Bailaque en casos clave habría contribuido a la escalada de violencia en Rosario, mientras la justicia federal demoraba investigaciones que permitieron la expansión del crimen organizado.

La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción en la que se lo acusa de extorsionar empresarios y encubrir a narcotraficantes. El caso cobró mayor impulso tras la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, exjefe de ARCA en Rosario, quien expuso el mecanismo mediante el cual Bailaque, junto con él, habría presionado a empresarios como Claudio Iglesias y Jorge Oneto. No solo buscaban obtener sobornos, sino también perjudicar la reputación de Iglesias mediante maniobras judiciales.

Las conexiones de Bailaque alcanzan a influyentes figuras políticas y judiciales. Roxana Reyes, diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, debía ser quien lo acusara en dicho organismo. Sin embargo, se excusó después de designar como asesor al abogado Juan Manuel Quintero, hijo del expresidente de la Junta Electoral de Santa Cruz, quien tuvo relación con Bailaque en esa provincia. En su designación como juez, también jugaron un papel clave Carlos Zannini y Carlos Kunkel, este último operando en el Consejo de la Magistratura para favorecer su nombramiento. Asimismo, se menciona un vínculo con Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, aunque este último ha negado cualquier relación fuera del ámbito institucional.

Uno de los puntos más críticos del caso es la inacción del magistrado en investigaciones sensibles, como la del narcotraficante Esteban Alvarado, lo que ha sido señalado por fiscales como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La falta de avances en estos expedientes ha sido señalada como un factor que ha facilitado el crecimiento de la violencia narco en Rosario.

El caso Bailaque no solo desnuda la corrupción dentro del sistema judicial, sino que también evidencia las deficiencias estructurales en la lucha contra el narcotráfico en la región. A pesar de las resistencias, la investigación ha logrado avanzar gracias a la implementación del nuevo sistema acusatorio, que otorga un mayor protagonismo a los fiscales. Sin embargo, sigue en debate si el magistrado será finalmente destituido e incluso detenido.

Además de Bailaque y Vaudagna, la investigación sugiere la participación de un operador judicial de Buenos Aires, un funcionario de la Corte Suprema cercano a Lorenzetti y el financista Fernando Whpei, lo que indica que la red de corrupción podría ser aún más extensa de lo que se sospechaba inicialmente. A diferencia de otras maniobras de extorsión, Bailaque habría utilizado el propio aparato estatal para ejecutar sus acciones, aumentando la gravedad del caso.

Este escándalo judicial pone en evidencia la crisis de confianza en el sistema de justicia y la necesidad de reformas profundas para evitar la impunidad de funcionarios corruptos. Mientras la causa avanza, la sociedad y las instituciones esperan respuestas concretas que permitan esclarecer los alcances de esta trama de corrupción y sus implicancias en la seguridad de Rosario.

Con información del Diario La Nación