PROVINCIALES
Destrabaron conflicto que afectaba a los trabajadores de la planta pesquera Barillari

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Santa Cruz logró destrabar el conflicto que afectaba a los trabajadores de la planta pesquera Barillari en Caleta Olivia. Con la intervención del gobernador Claudio Vidal, se garantizó la continuidad laboral de todos los trabajadores, asegurando estabilidad y condiciones de trabajo dignas en un sector clave para la economía provincial.
A través del diálogo y la intervención de los organismos provinciales, se alcanzó un acuerdo que permitió normalizar la situación en la planta pesquera de Caleta Olivia. Con el traspaso de la administración a la Cooperativa Sur Caleta Ltda., se aseguró la continuidad laboral de los trabajadores y se estableció un esquema de funcionamiento ordenado y transparente.
El conflicto se profundizó en los últimos meses debido a las serias irregularidades que presentaba la administración de la empresa. Durante años, la planta funcionó en un contexto de desorden financiero y falta de gestión, con incumplimientos en el pago de servicios esenciales como la luz, acumulación de deudas con proveedores y trabajadores, y el abandono de su infraestructura productiva.
En este contexto, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción Comercio e Industria y la Secretaría de Estado de Pesca, intervino para encontrar una solución que garantizara la estabilidad laboral y la reactivación de la planta. Luego de una serie de reuniones con los trabajadores y las cooperativas involucradas, se logró un acuerdo para que la administración pase a manos de la Cooperativa Sur Caleta Ltda., una nueva entidad conformada en octubre del año pasado.
“El acuerdo se alcanzó exclusivamente a través del diálogo, sin presiones ni medidas forzadas, como se dijo en algunos medios. Acá se respetó la continuidad de todos los puestos de trabajo e incluso los encargados de la cooperativa anterior siguen en sus funciones”, explicó Alejo Cabana, presidente de la cooperativa Sur Caleta Ltda. Además, detalló que se garantizó el empleo y “permitió actualizar las condiciones salariales y establecer un consenso de precios entre todas las cooperativas que operan en las plantas pesqueras”.
Cabana explicó que con la nueva administración tienen como objetivo “asumir la responsabilidad de normalizar la situación de los trabajadores. La Cooperativa se está haciendo cargo del monotributo y brindamos asesoramiento contable y legal para que cada persona pueda trabajar de manera formal y ordenada”, agregó.
En cuanto a la intervención del Ejecutivo Provincial, el presidente de la cooperativa destacó que “el apoyo del Ministerio de Producción y la Secretaría de Pesca fue fundamental. Sin su intervención, no sé si hubiésemos logrado llegar a este acuerdo. Su compromiso fue del 100% y eso permitió que todo se resuelva con diálogo y en beneficio de los trabajadores”, subrayó.
En este marco, el gobernador Claudio Vidal precisó que «nuestro compromiso es defender cada puesto laboral y no permitir que los trabajadores sean los que paguen las consecuencias de la irresponsabilidad empresarial. Hoy podemos decir que logramos un acuerdo que le da estabilidad a estas familias y que asegura la actividad pesquera en la provincia».
«Esta no es una solución por un problema puntual. Es una decisión política de este gobernador, que marca el rumbo de lo que queremos para Santa Cruz: producción, trabajo y reglas claras para quienes invierten y generan empleo», finalizó.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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