El vocero Adorni también los calificó como “delincuentes”. Anunció además que van a desregular la empresa que presta servicio de rampa en los aeropuertos. Procedimiento de crisis.

Por Felipe Yapur

El gobierno montó el escenario. El miércoles despiden a un trabajador de la empresa Intercargo, sus autoridades no atienden al gremio, se realizan asambleas, se producen demoras, el gobierno grita «rehenes» y presenta denuncias penales. Este jueves redoblan la apuesta, suspenden a 15 empleados más, avisan que van a desregular el servicio que presta Intercargo y en la Rosada se corre el telón para una nueva puesta en escena: aparecen la encargada de la represión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el responsable de privatizar todo (Federico Sturzenegger) y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Acusan a los trabajadores de ser «terroristas», afirman que están dispuestos a terminar con «los piquetes aéreos» y que las fuerzas de seguridad van a reemplazar las tareas de los trabajadores de rampa. 

Ninguno de los funcionarios recuerda, convenientemente, la existencia de derechos laborales, los reclamos salariales, los protocolos de seguridad en los aeropuertos y lanzan un nuevo ataque, por enésima vez, contra el servicio estatal aerocomercial para justificar, en el fondo, la venta y desguace de una de las viejas joyas del Estado: Aerolíneas Argentinas. Edgardo Llano, titular de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos (APA) que representa a los trabajadores de Intercargo, afirmó que todo forma parte de «una política extorsiva del Gobierno» y que con estas medidas «pone en riesgo la operación de rampa en todo el país».

Todos los gremios aeronáuticos, salvo el de los técnicos de Ricardo Cirielli, no acordaron una actualización salarial. El gobierno de Milei se niega a resolver este reclamo porque tiene como objetivo privatizar Aerolíneas y desmantelar todo lo que esté relacionado con el transporte aeronáutico. Para eso busca generar crisis con los sindicatos y así dar vuelta las voluntades en el Congreso para lograr que se declare la línea aérea de bandera como sujeta a privatización. Ahora amenazan con presentar un procedimiento preventivo de crisis que, a pesar de lo que declaran los funcionarios libertarios, no representa el cierre definitivo e inmediato de Aerolíneas. En todo caso, puede provocar la reducción del personal.

Los riesgos de que intervenga la PSA

La decisión de los gremios de pilotos y aeronavegantes de interactuar con los pasajeros para mostrar las razones del conflicto con el gobierno, llevó a la Rosada a cambiar la táctica. Primero evitó, con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que continúen los gremios con este vínculo con los pasajeros, a la sazón las víctimas según la versión de la Rosada. Ahora, avanzaron con Intercargo, una empresa estatal que tiene un funcionamiento estratégico en el servicio aerocomercial: la carga y descarga de equipaje, la asistencia a los pasajeros y la manipulación de aeronaves en tierra.

El despido de un empleado de Intercargo tuvo como respuesta la realización de asambleas que demoraron los servicios que presta la empresa. Esto fue aprovechado por el gobierno que, a través de Bullrich, envió a efectivos de la PSA para «liberar» ese servicio. La idea de la ministra es que estos efectivos presten este servicio sin tener en cuenta los protocolos de seguridad que se implementan en los aeropuertos y que no es la simple entrega de valijas.

Por caso, Llano advirtió que si la PSA se ocupa, aunque sea de manera excepcional del servicio de rampas, eso representa «una violación a todas las normas nacionales e internacionales que dictan que para trabajar en rampas hay que tener calificación, una habilitación y cursos correspondientes, no es descargar valijas nada más”. Incluso señaló que la Argentina “puede ser sancionada y puede bajarle la categoría al país, por lo que hay aerolíneas que no vendrían a volar».

«Terroristas sindicales»

Con rostros circunspectos. Adorni anunció que se va a desregular el servicio que presta Intercargo. Hasta ahí se podría decir que era un anuncio previsible. Lo preocupante vino después cuando calificó a los gremialistas y los trabajadores como «terroristas sindicales». En otros tiempos, una calificación de ese tipo representaba un futuro inmediato funesto para el o los destinatarios. 

Adorni, que integra un gobierno negacionista, no solo lo dijo, sino que lo repitió: «Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones», afirmó sin sonrojarse. 

Trascartón indicó que «a esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de (Pablo) Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, indicó.

¿Negocio para Eurnekian?

Lo que se habla entre los dirigentes sindicales es que la maniobra ya tiene un beneficiario porque la desregulación del servicio de rampa de Intercargo no puede ser prestado por cualquier empresa. En ese sentido las miradas se posan sobre Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de la familia Eurnekian que supo tener a Javier Milei en su nómina salarial.

Cuando le tocó hablar, Sturzenegger enmarcó esta decisión dentro del proceso de desregulación que comenzó el gobierno libertario. «Empezó el año pasado con una desregulación de precios ya que teníamos una regulación que impedía bajar los precios a los aerolíneas, no se podía cobrar más barato, y (desregulamos) rutas, habilitando la posibilidad de que muchas más aerolíneas puedan volar libremente por el país”, dijo y afirmó que «ese proceso culmina con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas».

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo que la decisión «es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular, y muy particularmente de los servicios de rampa».

Las mentiras de Bullrich

A su turno, Bullrich aseguró –con desparpajo– que está dispuesta «a liberar a 46 millones de argentinos que pagan a los empleados de Intercargo sus sueldos y que le hacen la vida imposible». Luego dijo que la PSA y el resto de las fuerzas de seguridad bajo su mando «descargarán de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque». 

Bullrich lo dijo este jueves, habló de demoras en vuelos y responsabilizó a APA. Sin embargo, Llano advirtió que el gremio no realizó medidas de fuerza a pesar de que hubo 15 suspensiones que el gobierno publicó como despidos. Es más, aclaró que los vuelos demorados corresponden a Fly Bondi por «un problema que tuvo con el servicio de Check-in y por eso los vuelos estaban demorados”, explicó. Por otra parte, dijo que si bien esa low cost tiene servicio de rampa en Ezeiza, «siempre terminan pidiendo auxilio a Intercargo».

De todas maneras, para Bullrich este es el mejor escenario porque, como ella sostuvo, «Intercargo tiene que dejar de existir».

Crisis

Por lo pronto, este viernes gremios como pilotos, Aeronavegantes y APA, se volverán a reunir con la conducción libertaria de Aerolíneas Argentinas. El gobierno pretende que estos sindicatos presenten un plan para supuestamente sacar a Aerolíneas adelante. Para Llano,  ésta es la prueba de que el gobierno aplica una política extorsiva: «Nosotros no somos la gestión de Aerolíneas, somos representantes de los trabajadores. Esta es una política extorsiva del Gobierno que pretende hacernos responsables de la compañía”, afirmó.

En cuanto a la intención de presentar ante la Secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis de Aerolíneas, Llano consideró que es parte de la estrategia mediática del gobierno porque «este procedimiento habilita, por ejemplo, a la eliminación de los convenios o a la reducción de la indemnización en caso de despido, pero tiene que ser de común acuerdo con los gremios, de acuerdo a lo que marca la ley».