INFO. GENERAL
Bienes públicos a remate y sospechas en alza
El Decreto 590 de «enajenación de bienes públicos» reconoce como antecedente las subastas de Macri denunciadas por un perjuicio de u$s 62 millones al Estado por ventas «a precios irrisorios»
En el marco del intento de apurar las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado, el gobierno publicó en la última semana de octubre un decreto por el cual ordena el remate de 309 propiedades. Algunas, ni siquiera son propiedad del Estado nacional. Además, se utilizó la misma fundamentación que justifica la venta de «baldíos o edificios innecesarios para la gestión», que había sido utilizada en 2016 y 2019 (gobierno de Mauricio Macri) para «malvender» terrenos de muchísimo valor, por ejemplo manzanas no edificadas en Puerto Madero, por debajo de su valor de mercado, logrando que en cada subasta participara un único oferente, y que además resultara beneficiario alguna empresa o sociedad estrechamente vinculada al gobierno. Una denuncia de la Oficina Anticorrupción de 2020 y un dictámen de la Auditoría General de la Nación más reciente (noviembre de 2023) coinciden en que, como consecuencia de estas operaciones, se provocó un perjuicio fiscal (ventas por debajo del valor real) de 62 millones de dólares para el Estado.
«Intentan repetir la misma maniobra: llamar a subasta urgente, bajar la tasación del inmueble con respecto al valor de mercado y que se presente un solo oferente», señala un profesional que colabora con la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que ya presentó una denuncia por la inclusión del edificio de Cerviño 3101 en CABA (esquina con Ortiz de Ocampo), donde se alojan un centro de investigación, un laboratorio especializado en innovaciones tecnológicas y varias reparticiones técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
«No es un terreno baldío, como dice en los considerandos el decreto 950/2024 que habilita los 309 remates; no es un edificio en desuso o inútil, como dice en otro considerando. Pero es un edificio en una zona muy cotizada de Buenos Aires, tiene una valuación de 10 millones de dólares y ya salió, en pocos días, publicado el aviso que lo ofrece en subasta futura (argentina.gob.ar/subasta de bienes inmuebles en curso); con lo cual, podemos presumir que ya hay interesado», comenta irónicamente el profesional denunciante.
Se trata de una propiedad en Alto Palermo, a menos de 200 metros de Libertador y Coronel Díaz, en un terreno de más de 900 metros cuadrados de superficie y más de 3000 metros cuadrados cubiertos, con oficinas e instalaciones en excelente estado. Es una de las 309 propiedades incluídas en el anexo del Decreto 950, publicado en el Boletín Oficial el último 24 de octubre.
Propiedades «malvendidas»: la continuación
El decreto sostiene que estas ventas son la continuación de las del período 2016-2019, durante el cual se realizaron al menos diez adjudicaciones que en 2020 fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción por haber «malvendido propiedades» en beneficio de personas o empresas vinculadas al gobierno de Mauricio Macri.
Las adjudicaciones de la AABE en ese período fueron revisadas posteriormente por la Auditoría General de la Nación, que en un dictamen de noviembre de 2023 determinó que en esas diez operaciones se adjudicaron «sin necesidad» inmuebles por debajo del valor venal indicado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con una pérdida par el Estado nacional del orden de los 62 millones de dólares.
Los adjudicatarios de esos inmuebles fueron, principalmente, «tres empresas: Consultatio, de Eduardo Constantini; TLGT, de Nicolás Caputo, y Santa María, del Grupo Techint, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar», indica la denuncia ante las autoridades del INTA.
La Oficina Anticorrupción denunció estas operaciones en el año 2020 (Página12 le dio amplia cobertura al tema, ver «Las fabulosas propiedades para amigos que subastó el gobierno de Cambiemos», por Raúl Kollmann, 17 de septiembre de 2020) y en noviembre de 2023 la AGN presentó su dictamen tras la auditoría a la gestrión de AABE sobre estas mismas operaciones.
La denuncia gremial
En la nota que la asociación del personal del INTA dirigió al vocal en representación de Federación Agraria en el Consejo Directivo del instituto, Pedro Paillole, señalan:
«El decreto 950/2024 en la parte que disponela enajenación del edificio del INTA en avenida Cerviño 3101, CABA, es nulo de nulidad absoluta e insanable, ya que el predio es propiedad del INTA, una entidad autárquica por ley con patrrimonio propio. Por lo que sus bienes no pueden ser enajenados por el Poder Ejecutivo a través de un decreto».
Agrega Apinta en la misma nota que el mismo acto administrativo (el decreto) que dispone la enajenacióndel edificio «es nulo por carecer de causa, ya que no existen los hechos mencionados y es falso el derecho invocado (se refiere a los considerandos del decreto), el objeto no es jurídicamente posible e incurre en desviación de poder».
Dichos conceptos jurídicos son ampliados y explicados hacie al el final de la misma nota, donde a modo de conclusión Apinta afirma:
«Tenemos entonces que el fundamento del Decreto 950 es resucitar el desmadre que le costó al Estado 62 millones de dólares. No lo sostenemos nosotros. Lo dice su considerando octavo»
«Los considerandos del decreto 950 se escribieron para un sitio baldío. Y la holgazanería del PEN hizo un copy paste, y lo introdujo para fundamentar erráticamente 309 enajenaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Los hechos alegados por el decreto son falsos. Por ende, el acto administrativo es nulo».
El gremio le imputa al Ejecutivo que «incurre en desviación de poder», lo cual significa que «el funcionario actúa con una finalidad distinta de la perseguida por la ley», citando la doctrina. Y luego cita que «la Procuración del Tesoro Nacional ha dicho que el interés público podría encontrarse gravemente afectado, y con ello configfurarse la desviación de poder, ante un acto generador de un desprendimiento patrimonial estatal concretado sobre la base de un precio irrisorio».
Y agrega: «Mentir que un bien está ocioso o le causa gastos al Estado para justificar su venta, cuando en realidad lo que se buisca es rematarlo para favorecer a algún agente privado (en perjuicio del INTA), a la vez que se persigue el desmantelamiento del Sistema de Ciencia, Técnica e Innovación Pública estatal, no sólo que es desviación de poder, excede la sanción de nulidad al acto administrativo: entramos ya acá en el terreno de la sanción penal».
INFO. GENERAL
En medio del ajuste del Gobierno, se hizo «La Noche de las Universidades»
La actividad fue para conmemorar el 75º aniversario de la gratuidad universitaria implementada por Juan Domingo Perón en 1949.
Ayer, se realizó en todo el país “La Noche de las universidades”, en lo que fue la vigilia del 75º aniversario de la implementación de la gratuidad universitaria. Una medida adoptada por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, que democratizó el acceso a la educación superior y generó un cambio histórico. A modo de celebración hubo suelta de libros, charlas, mesas de consulta y otras actividades, que funcionaron también como una forma de visibilizar la grave crisis que atraviesa el sistema universitario con el ajuste que impuso el gobierno de Javier Milei.
“En estos momentos tenemos muchas cosas para ver, plantear y discutir. Creo que 75 años son más que importantes y en un momento donde están en discusión muchas de las cosas que pasan en la universidad pública. Así que creíamos más que conveniente hacer esto y que pueda quedar para el futuro”, le dijo a Página 12 Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la idea de abrir las puertas a toda la comunidad hasta la medianoche. Esta conmemoración especial se da un contexto dramático para las universidades, que no saben si podrán funcionar el próximo año. Todo depende de la aprobación del Presupuesto 2025 en el Congreso, una ley que el Gobierno pareciera no querer sancionar y así seguir usando el del 2023 de manera discrecional. A esto se suma la situación de docentes y no docentes, que acumulan un 40% de pérdida del poder adquisitivo y que más del 85 % tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza.
“La gratuidad es una bandera que hay que defender a toda costa porque nosotros somos un ejemplo como sistema en el mundo. Ojalá lleguemos a tiempo y que no terminen de destrozar todo, porque va a ser otra vez como en los 90, llegar y empezar de cero”, dijo Gabriela Vázquez, egresada de la carrera de Ciencias de la Educación que se acercó al Centro Cultural Universitario Paco Urondo, una de las sedes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el microcentro porteño. Miraba un telar de más de cuatro metros, bordado con pequeños muñecos coloridos hechos por mujeres chilenas exiliadas en Canadá en homenaje a las y los desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa misma sede dieron una charla las escritoras Dolores Reyes y Sol Fantin, denunciadas por una fundación de ultraderecha por el supuesto «contenido sexual explícito» que sus libros esparcen en las escuelas bonaerenses. Alrededor de cien personas participaron del encuentro. Una de ellas fue Renata Vismara, integrante de de la Red de docentes por el derecho al aborto. “Estamos acá en repudio a este intento de prohibir esta literatura que para nosotras es clave. Estos libros, muchas veces, son la puerta de entrada para que pibes y pibas puedan contar lo que les está pasando. Porque no lo conocen, porque no se dan cuenta que lo que viven es violencia o porque les habilita hablar”, contó. Vismara es la primera generación universitaria en su familia, su mamá, jefa de hogar, es empleada pública y, ahora, ella tiene un título en Ciencias de la Educación. “Estamos ante un permanente ataque hacia lo público, hacia lo colectivo. En mi caso, con la universidad fue contundente el cambio en mi vida y en la de toda mi familia”, agrega.
El 22 de noviembre de 1949 Perón firmó el decreto N° 29337, que suspendió el cobro de los aranceles universitarios y reconoció el derecho universal a la educación superior gratuita que democratizó el acceso y dio espacio a sectores populares, obreros y de menores recursos.“La gratuidad fue premonitoria o inauguró un modo de pensar que hasta entonces había referido a la educación universitaria solamente como un privilegio para las élites. Por eso, defender a la gratuidad como valor también es defender un proyecto universitario en sintonía con el desarrollo nacional, en sintonía con la soberanía científica y, por supuesto, con la independencia económica y la justicia social”, le dijo a Página 12 la vicedecana de la Facultad de Filosofía, Graciela Morgade, que también participó de la charla.
Los rectores y rectoras de todo el país que integran el CIN ya anticiparon que si el Presupuesto 2025 no se modifica, las universidades no podrán funcionar. Necesitan 7.1 billones de pesos para gastos de funcionamiento y salarios, pero el gobierno de La Libertad Avanza solo propone 3.8 en un presupuesto que ni siquiera se sabe si será aprobado. En ese contexto de incertidumbre es que las universidades abrieron sus puertas a la medianoche.
La calle Corrientes también se convirtió en uno de los escenarios de “La Noche de las Universidades”, alumnos y docentes hicieron una suelta de libros. Llegaron desde la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de la calle Bartolomé Mitre al 1800 hasta la peatonal y repartieron libros que consiguieron en una colecta, la idea surgió en Plaza Congreso mientras participaban del plan de lucha para conseguir un presupuesto adecuado. Juntaron alrededor de 500 y cada uno de ellos llevó una dedicatoria. “Quizás desde la parada del 98, ves a este edificio oscuro y aburrido, pero por adentro está lleno de color. Acá hay gente que imagina y crea mundos”, escribió en uno de esos libros Oscar Ojea, alumno de la Licenciatura en Artes. Firmó la dedicatoria para alguien que no conoce, pero al que quiere que le llegue su mensaje: su universidad es una cocina de arte y de creatividad maravillosa.
La decisiòn de abrir las universidades no es solo para celebrar la fecha histórica, sino también para seguir visibilizando el conflicto universitario, que ya lleva diez meses y que en el medio tuvo dos marchas masivas, tomas generalizadas, clases públicas y miles de actividades en todo el país. “Nosotros también tratamos de ir cambiando un poco las acciones porque repetirnos es hacer el juego a la estrategia de cansancio y de agotamiento, entonces como universo de arte tratar de crear y saltear los discursos de odio”, le contó a este diario Sergio Ramos, decano de Crítica de Artes. Y agregó: “Escribimos dedicatorias para que vayan esos libros con un poco de historia de la universidad. Pero también es traer al libro como instrumento de liberación, de creatividad, de imaginación, de empatía. Como cierto acto de generosidad y de convocar a otros modos de construir comunidad y de relacionarnos como sociedad”.
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