PROVINCIALES
30 familias recibieron sus terrenos en el barrio Bicentenario

Esta tarde, en el edificio de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó un nuevo acto de entrega de certificados de ocupación de tierras fiscales. En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; el Jefe de Gabinete, Diego Robles; y la directora de Tierras y Catastro, Carla Lobos. Además, acompañaron la ceremonia, el diputado por el Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú; el diputado por Municipio de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic, los ediles de la localidad de Perito Moreno, Pamela Pesoa y José Subiabre; y de Río Gallegos Soledad Kamú y Martín Chávez.
En la oportunidad, María Grasso agradeció a los presentes la posibilidad de “estar compartiendo una nueva jornada de entrega de terrenos, que no es más que la presencia del Estado garantizando el derecho de nuestros vecinos y vecinas”, dijo.La funcionaria reivindicó que “esto forma parte de una política que se lleva adelante hace cinco años desde la Intendencia Municipal, y sinceramente el trabajo que se ha hecho desde la Dirección de Tierras en todo este tiempo es muy importante. Sin dudas que esto es gracias a un Estado que está presente, a un municipio de puertas abiertas, que escucha a sus vecinos y que, por supuesto, está a disposición de cada uno de ustedes”, redondeó.
Luego, fue el turno del intendente Pablo Grasso, quien puso en relieve el rol activo del Estado presente en la resolución de los problemas y en busca de alternativas para responder a las necesidades de vecinas y vecinos que durante tantos años se encontraron sin la posibilidad de regularizar determinados trámites relacionados con sus terrenos. “Hay que resolver estos problemas estructurales que tiene la ciudad, y la provincia. Hay que hacer, pero desde la política. Por eso digo que, generalmente, cuando hablamos, muchos dicen: ‘No, no lo hago por política’. Pero yo sí, siempre hablo desde la política. Y todos los días de mi vida golpeo la puerta y hablo de política, porque después, cuando tenemos que resolver los problemas, los dirigentes estamos para algo. No para otra cosa, no. Estamos para responder y buscar soluciones a temas en los que nadie tomó ningún tipo de medida. Porque hay que tomar medidas, hay que animarse. Y hay que animarse a resolver los problemas que tiene la ciudad, hay que animarse a que crezca la ciudad, y a que además de todo ustedes tengan la tierra a su nombre y que tengan la oportunidad de construir”, enfatizó. Asimismo, Grasso hizo hincapié en que los títulos de propiedad o adjudicaciones en venta “están siendo entregados a personas que hace más de 50 años viven en la ciudad”, situación por la que innecesariamente debieron pasar, “pero que ahora, por la decisión del equipo de gobierno, de las directivas que dimos, podemos resolver”, recalcó.
“Vamos a seguir trabajando para que la ciudad crezca; vamos a seguir generando empleo y entregando terrenos. Nosotros vamos a seguir construyendo viviendas. Pero lo más importante: vamos a estar al lado de ustedes; porque entendemos que la construcción de esta ciudad se hizo siempre de la misma manera: con solidaridad, sacrificio y el esfuerzo de las manos de quienes la construyeron para que hoy, para nosotros, sea todo un poco más fácil”, cerró.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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