La CGT Zona Sur y los sindicatos SIPGER, Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera,
ATE Seccional Río Turbio, La Fraternidad y A.P.S.PyT expresan su enérgico
repudio al desmedido incremento en las tarifas de luz y gas implementado por
el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos
meses.

Este ajuste tarifario ignora los principios básicos de razonabilidad y gradualidad, y
demuestra un absoluto desprecio por las realidades económicas y sociales de nuestra
región. El impacto de este tarifazo es significativamente mayor en la Patagonia que
en el resto del país.

Una vez más, quienes nos gobiernan desde Buenos Aires parecen desconocer las
condiciones climáticas de nuestras localidades, que son realmente adversas la mayor
parte del año y conllevan un costo de vida mayor al de otras provincias.

Lamentablemente, el Gobierno Nacional ha optado por un ajuste insensible que
recae sobre los sectores más vulnerables, mientras favorece descaradamente a
las grandes corporaciones a las que solo les importa maximizar su rentabilidad sin
ningún tipo de límite.

Las consecuencias de este nuevo esquema tarifario son alarmantes: cientos de miles
de familias enfrentan hoy costos insostenibles, viéndose obligadas a elegir entre cubrir
necesidades básicas, como poner un plato de comida en la mesa, o pagar las tarifas
de gas y luz. Esta situación no solo impacta en la calidad de vida, sino que obliga a
trabajadores y jubilados a hacer sacrificios en aspectos esenciales de su vida cotidiana
para llegar a fin de mes.

El ahorro forzado en energía y calefacción no solo vulnera la calidad de vida de
nuestros trabajadores, sino que pone en grave riesgo su salud y bienestar. En una
región como la nuestra, donde el frío extremo es una constante y la calefacción es una
necesidad vital, cualquier reducción en el uso de energía equivale a exponer vidas al
peligro. Este mismo riesgo se extiende al uso de la electricidad, que es esencial no
solo para la conectividad, sino también para el desarrollo cotidiano del trabajo, la
educación y el hogar, en un entorno donde los días son cortos y las noches
interminables.

Ignorar esta realidad es condenar a vastos sectores de la población a la precariedad
extrema, y desatender las necesidades básicas de nuestras comunidades. Pensemos
en un hogar soportando temperaturas de 15 grados bajo cero, azotado por vientos de
50 km/h, sin acceso a calefacción ni luz, porque las empresas decidieron cortar el
suministro por falta de pago. La política del gobierno nacional, al avanzar en la
eliminación de subsidios energéticos, prioriza las ganancias de las grandes empresas,
deshumanizando la cuestión energética. No consideran la energía como un derecho
esencial, sino como un bien de mercado, bajo una lógica cruel: “quien pueda pagar,
accede; quien no, queda excluido”. Esta visión mercantilista desconoce las realidades
sociales y económicas de los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad
y el abandono. Hoy por hoy, tenemos un modelo energético oligopólico e injusto, caro
e improductivo, que genera pobreza energética, desigualdad que vuelven caro el
sistema y dejan afuera a miles de santacruceños.

Por eso es necesario reiterar una vez más: EL ENFOQUE ADOPTADO POR EL
PRESIDENTE DE LA NACIÓN ES PROFUNDAMENTE ERRÓNEO Y PERJUDICIAL
PARA LA SOCIEDAD. No se puede resolver la crisis económica destruyendo las
bases de nuestra comunidad.

Las PyMEs y los comercios, responsables de más del 75% del empleo privado en
Argentina y pilares fundamentales del desarrollo local, enfrentan hoy una amenaza
existencial debido a las políticas tarifarias inadecuadas implementadas por el gobierno
nacional. Estas medidas no solo sofocan la capacidad de estas empresas para operar,
sino que, de continuar, conducirán inevitablemente al aumento del desempleo,
debilitando nuestras economías regionales y fortaleciendo la concentración
económica, potenciando los desequilibrios y los déficits estructurales.

El impacto de este tarifazo va más allá del ámbito económico, del mundo de los
negocios. Organizaciones vitales para la cohesión social, como ONGs, clubes de
barrio, asociaciones civiles, vecinales, iglesias y cultos, también están al borde del
colapso. Estos espacios, que son el corazón de la integración y el apoyo comunitario,
cumplen un rol esencial en la contención y generación de oportunidades para miles
de familias santacruceñas. Las tarifas desmedidas impuestas a estas entidades no
solo amenazan a sus usuarios, afiliados y asistentes, sino que debilitan el tejido social
en su conjunto. Lo que está en juego aquí no es solo la viabilidad económica, sino la
salud y la estructura de nuestras comunidades, que dependen de estos espacios para
su bienestar y desarrollo.

Los trabajadores son los que más sufren el impacto directo de estas políticas:
salarios que ya eran insuficientes se ven devorados por el aumento de los servicios
esenciales, PyMEs que despiden, comercios que cierran, menor poder adquisitivo,
aceleración de la recesión, mientras que las grandes corporaciones energéticas se
enriquecen bajo un modelo de desregulación neoliberal que solo profundiza las
inequidades.

Al igual que en los gobiernos de Macri y Fernández, los funcionarios de Milei no han
logrado determinar el costo real del gas en cada cuenca productiva. Según datos del
Instituto Argentino de Energía, el costo de producción varía significativamente entre
las cuencas Neuquina, Austral y Noroeste, pero esta información no se refleja en los
precios finales. En lugar de establecer un precio basado en estos costos, se ha
permitido que las petroleras y las empresas del sector fijen los precios de manera
arbitraria. Esta falta de regulación y transparencia no solo afecta a los consumidores,
sino que también distorsiona el mercado energético, beneficiando a unos pocos a
expensas de la mayoría.

El aumento desmesurado de las tarifas energéticas ha golpeado con especial
dureza a los sectores residenciales y comerciales, exacerbando una crisis que
amenaza con devastar la economía local. En el caso de los comercios, la
situación es crítica: enfrentan una rentabilidad cada vez más ajustada,
presionados por un aumento imparable de los costos operativos y una abrupta
caída en las ventas. Las facturas de electricidad han experimentado
incrementos alarmantes, que oscilan entre el 300% y el 600%, imposibilitando
cualquier previsión financiera y asfixiando la capacidad de las pequeñas y
medianas empresas para sostenerse.

Desde junio de 2024, los habitantes de Santa Cruz han sido testigos de un
impacto aún mayor en el costo del gas natural, con un aumento del 1409%, que
ha llevado el gasto de 351 millones de pesos en ese mes a un exorbitante 5.380
millones en agosto. Este incremento no solo afecta el gas natural, sino que se
extiende también al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y su transporte, empeorando
aún más la difícil situación de miles de usuarios. Incluso la garrafa social, un
recurso esencial para los sectores más vulnerables, ha sufrido incrementos que
profundizan la crisis energética que atraviesa la región. Este esquema tarifario,
injusto y desmedido, no solo vulnera los derechos básicos de los ciudadanos,
sino que pone en peligro la supervivencia misma de quienes más dependen de
estos servicios.

Es importante tener en claro que ya en las facturas de gas de mayo, los usuarios
tuvieron que enfrentar un triple ajuste. Primero, se autorizó un aumento del precio
del gas para el período mayo-septiembre, afectando directamente a los hogares sin
subsidios, comercios e industrias, con un salto de u$s2,89 por MBTU a u$s4,43 por
MBTU. Segundo, la dolarización del gas, que implica un aumento directo actualizado
cada 30 días según el crawling peg estipulado por el BCRA. Tercero, un nuevo
esquema de remarcación mensual que incrementa los ingresos de las distribuidoras y
transportadoras según una fórmula que combina la variación del índice salarial, la
inflación mayorista y el costo de los materiales de construcción.

Las resoluciones 90, 91, 92 y 93, firmadas por el secretario de Energía de la
Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, formalizan los aumentos desmedidos en los
cargos fijos y variables de las facturas residenciales.

Esta desregulación permitió a las transportadoras y prestadoras de servicios de
fijar aumentos mensuales sin ningún tipo de límite.

La provincia de Santa Cruz, que había logrado un amparo judicial para frenar los
aumentos, sufrió un nuevo revés cuando la Justicia dio marcha atrás, acogiendo la
apelación presentada por ENARGAS y la empresa CAMUZZI, lo que permitió que los
aumentos siguieran impactando gravemente en la población. Aquí surge otro tema
importante: aunque el gobierno provincial le ordene a Distrigas detener los aumentos
o suspender los cortes por falta de pago, en Río Gallegos y otras localidades es
CAMUZZI quien tiene la potestad de hacerlo. La empresa provincial carece de
capacidad para intervenir o frenar allí esas acciones.

El Gobierno que conduce el gobernador Claudio Vidal también impulsó la Ley de
Emergencia Energética (Ley 3.849) con el propósito de proteger a los santacruceños,
pero esta medida se ha mostrado insuficiente frente al ataque sistemático contra los
derechos de los usuarios. Además, instruyó en la última semana para que, en los
próximos días, y por un periodo de tres meses, se implemente un subsidio destinado
a las familias más vulnerables que no puedan afrontar el consumo de gas en sus
hogares, buscando mitigar los efectos del tarifazo.

A través de este comunicado hacemos un llamado a la oposición política para que
actúe con responsabilidad y no promueva pedidos o acciones demagógicas que
usen las necesidades de los santacruceños como herramienta política. El
proyecto de ley presentado por el bloque de UxP es irrealizable y carente de
prudencia, al proponer subsidios que son económicamente insostenibles y, en muchos
casos, inaplicables. El gobierno provincial ya está haciendo un gran esfuerzo para
enfrentar los aumentos tarifarios, los cuales son una consecuencia directa de las
malas políticas implementadas por gobiernos anteriores, de los cuales ese sector
político fue parte. Implementar estas propuestas imprudentes duplicaría el déficit
mensual que ya enfrenta la provincia, agravando aún más la situación financiera.
Es fundamental tener en cuenta que los ingresos provinciales se han visto seriamente
afectados por la disminución de la coparticipación, la caída de las regalías y la
eliminación de programas nacionales que antes se recibían.

Desde Distrigas S.A., se han explorado y presentado múltiples alternativas, tanto
legales como técnicas, para que los aumentos desmedidos no recaigan directamente
sobre el bolsillo de los ciudadanos. Entre estas medidas se destacan las
modificaciones tarifarias para comerciantes y la compra anticipada de GLP, con el fin
de prevenir incrementos y asegurar el abastecimiento en las localidades más
afectadas.

Tanto el Gobierno Provincial como Distrigas y los gremios aquí reunidos hemos
denunciado públicamente estos aumentos tarifarios, que atentan contra los derechos
fundamentales de los ciudadanos, y continuarán haciéndolo. El compromiso de todos
es trabajar de manera conjunta para dotar a la sociedad de las herramientas
necesarias que permitan mitigar el impacto de estas tarifas abusivas.

La situación es insostenible y no vamos a quedarnos callados. Convocamos a toda
la comunidad a movilizarse y a sumarse a las acciones que tomaremos para
detener este atropello y defender los derechos del pueblo. Exigimos el fin
inmediato de los aumentos tarifarios, la implementación de una política
energética que contemple las particularidades de las provincias patagónicas
dada las condiciones climáticas y geográficas que vuelven vital su utilización, y
la aplicación de una tarifa justa en Santa Cruz, respetando su condición de
provincia productora de energía con reglas claras.

Le recordamos al presidente Milei, a sus ministros y secretarios, que ese gas
que hoy aumentan sale de las entrañas de esta zona con clima hostil, con el
enorme aporte de trabajadores y sus familias que día a día se esfuerzan para
que nuestro país salga adelante. Merecemos respeto.

Si el Gobierno Nacional continúa con este ajuste desmedido, nos encontrará en
las calles, luchando en defensa de nuestros derechos. No permitiremos que las
políticas de ajuste destruyan nuestra región. Esta lucha es por la justicia y por
un país que incluya a todos, especialmente a los más vulnerables.

¡La lucha sigue, no permitiremos que avasallen nuestros derechos!
Los gremios que firman el presente documento son:
Rafael Güenchenen (SIPGER)
Marcelo Ojeda (APAP y CGT Zona Sur)
Marcos Vellio (UPCN y CGT Zona Sur)
Miguel Paris (SUTEP)
Ariel Cárcamo (SADOP)
Luis Beltrán Santillán (AMET)
Luis Beltrán Santillán (AMET)
Cristian Basualdo (UPSAP)
Rubén León (Panaderos)
Navarro Marcos (Luz y Fuerza)
Marco Navarrete (Luz y Fuerza)
Luis Avendaño (Luz y Fuerza)
Julio Martínez (Luz y Fuerza)
Carlos Vedia (Luz y Fuerza)
Antonio Flores (ATE Río Turbio y CTA-T Santa Cruz)
Aldo Heredia (ATE Río Turbio y CTA-T Santa Cruz)
Natalia Avilez (Si.T.O.S Región Sur)
Walter Tajez (La Fraternidad)
Jorge Rodríguez (A.P.S.PyT)
Pablo Mercado (A.P.S.PyT)