INFO. GENERAL
Reprimir a los jubilados: la nueva costumbre del Gobierno de Javier Milei

Pocas horas después del asado en Olivos para festejar el veto a la ley de movilidad, las fuerzas de Seguridad desalojaron otra movilización en el Congreso. Más de 600 jubilados insistieron con el reclamo del aumento en los haberes y la restitución de la cobertura del PAMI. Hubo al menos 10 heridos con lesiones químicas, entre ellos la diputada nacional Vanina Biasi.
El Gobierno Nacional instauró una nueva práctica: reprimir a jubilados. Como cada miércoles desde hace un mes, las fuerzas de seguridad desalojaron con gases lacrimógenos, armas de fuego con postas de goma y bastonazos una nueva movilización en los alrededores del Congreso. Pocas horas después del asado en Olivos con los diputados que garantizaron el veto del presidente Javier Milei a la Ley de movilidad jubilatoria, volvió la violencia frente al Parlamento por cuarta semana consecutiva.
Un grupo de 200 efectivos de Infantería y de Detención de la Policía Federal reprimió a más de 600 jubiladas y jubilados que circulaban alrededor del Congreso para pedir un aumento de emergencia, la recomposición de los haberes y la restitución de la cobertura de los medicamentos al 100% del PAMI y el resto de las obras sociales. Mientras marchaban por la avenida Entre Ríos, la policía inició el operativo con empujones y gases. Según relevó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), hubo al menos 10 heridos con lesiones químicas, entre ellos la diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi.
“Tengo 30 años de militancia, me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste. Es impresionante lo que me está quemando, siento una quemazón terrible en la piel”, afirmó la legisladora del Partido Obrero que fue atacada cuando se agachó para asistir a un hombre que estaba tirado en la calle. El presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), Esteban Chalá, le confirmó a Página/12 que atendieron a una decena de personas afectadas por el spray de gas pimienta, que fueron atendidas en el lugar sin derivación a hospitales. “Había personas de 80 años tiradas en el piso por un operativo intempestivo y absurdo, otra vez a 20 metros de que desarmaran la movilización», agregó la diputada en diálogo con la radio AM 750.
La violencia de cada miércoles
Las marchas de los miércoles no son una novedad, se hacen desde septiembre del año pasado, cuando eran alrededor de 15 0 20 jubilados que reclamaban mejores ingresos, pero desde que La Libertad Avanza llegó al gobierno, la cantidad de jubilados y jubiladas aumentó considerablemente ante el deterioro de su calidad de vida. Lo que sí es una novedad es la represión constante que instaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre este grupo vulnerable: es la cuarta semana en la que son atacados, con el antecedente brutal de febrero cuando también fueron golpeados durante el tratamiento de la Ley Bases.
Rubén Cocurullo, de 76 años, estuvo ahí, igual que el resto de los miércoles. Entre empujones, le preguntó a una mujer policía de no más de 30 años por qué estaba ahí. “Cuándo llegás a tu casa y tus hijos te preguntan que hiciste en el Congreso, ¿Qué les contestás?, ¿Que reprimiste a una persona que podía ser su abuelo?”, lanzó al aire el presidente de la agrupación Jubilados Insurgentes. La pregunta retórica no tuvo más que un cabeceo debajo del casco como respuesta.
Cocurullo no tiene miedo, seguirá protestando a pesar de la represión. “Esto me genera cada vez más bronca y ganas de salir a la calle. Mi miedo es a morir de hambre. ¿Cómo no voy a luchar? Yo no me puedo quedar en mi casa mirando la televisión si no llego a la canasta básica”, le contó a este diario.
Los reclamos
Uno de los reclamos del Plenario de Trabajadores Jubilados es un haber mínimo de 950.000 pesos que contemple la canasta básica de los adultos mayores, que incluye elementos diferentes a las que se toman en cuenta para las mediciones del INDEC. Además, piden retrotraer la decisión del PAMI de eliminar 44 medicamentos del listado de cobertura al 100% y un aumento de emergencia. Según un informe de HelpAge International Red Global Argentina, el impacto de la pobreza en las personas mayores afecta al 73% de la población adulta de más de 61 años. “Han cambiado sus hábitos, dejaron de comprar medicamentos esenciales y modificaron sus hábitos alimentarios, algunos están haciendo una comida por día”, explicó Silvia Gascón, referente de la organización y directora de la Maestría en Gerontología de Isalud.
Otra de las personas reprimidas fue Nora Biaggio, integrante del Plenario que ya lleva más de 1600 actos en el Anexo del Congreso de la Nación, una práctica que iniciaron en la década del 90. “Ya es algo habitual reprimir a los jubilados porque no nos callamos la boca, pero esto lo que genera es más bronca”, dijo en diálogo con Página/12. La mujer agregó que si bien teme por su salud, seguirá manifestándose: “Por supuesto que me da miedo, un golpe mal dado para nosotros puede ser mortal, nos puede generar una reacción alérgica o peor. Somos personas llenas de dolencias, pero esta represión no nos va a frenar porque estamos mal”, agregó.
Para el próximo viernes 20 se planea un acto en Plaza de Mayo para conmemorar el Día del jubilado y la jubilada. Habrá una radio abierta a las 16 horas y un acto a las 17, al que esperan que asistan otros sectores de la sociedad. Además, este miércoles se hicieron movilizaciones en distintas ciudades del país como Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Salta y Neuquén, entre otras. “Esto está creciendo cada vez más, hay réplicas en toda Argentina”, agregó Biaggio.
El asado en Olivos, una provocación
La violencia hacia los jubilados no es sólo física, también es simbólica. El martes por la noche, Milei recibió en la Residencia de Olivos a 71 de los 87 diputados y diputadas que garantizaron el veto a la Ley de movilidad jubilatoria que establecía un aumento de 8,1 puntos porcentuales . Al asado del festejo por el recorte, asistieron 25 representantes del PRO, encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, todos los miembros de La Libertad Avanza y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y solo uno de los radicales que cambiaron su voto: Mariano Campero, que se mostró jocoso con en la previa. El resto de los diputados de la UCR que fueron suspendidos, Martín Arjol, de Misiones, Luis Picat, de Córdoba y Pablo Cervi, de Neuquén, decidieron no participar. Lo mismo que el correntino José Tournier, que si bien integra el bloque de la UCR no fue suspendido porque no está afiliado.
“Lo del asado fue una provocación en todo sentido. El presidente los invita a comer un asado, algo inaccesible para un jubilado, para un trabajador, para una familia y ellos se reúnen. Eso muestra cómo son estos diputados que se dan vuelta y aceptan cualquier cosa”, agregó Biaggio, que también estuvo en la protesta que hicieron en las afueras de la quinta presidencial durante la cena.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo. Pero el deterioro en los ingresos de los jubilados también se vislumbra en el Presupuesto 2025, presentado el domingo por Milei. Según las proyecciones de las partidas de Seguridad Social, en las que se incluyen las jubilaciones y las asignaciones sociales, tendrán una disminución del 14,6% real en 2024.
A pesar de las represiones sistemáticas de cada miércoles, los jubilados y jubiladas tienen decidido seguir en la calle. “¿Sabes por qué nos llamamos Jubilados Insurgentes? Porque es sinónimo de revolución y nosotros queremos la revolución social, queremos igualdad”, dijo Cocurullo tras reponerse de los empujones y gas pimienta.
INFO. GENERAL
Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.
La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.
Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.
Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.
Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».
Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.
Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.
«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.
«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.
El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».
Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.
Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.
Con información de la Política On-Line
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