Como en sus peores tiempos, la Secretaría de Inteligencia vuelve a operar en Tribunales. La movida de los abogados de los servicios se produjo en medio de la tensión entre Javier Milei y Mauricio Macri por los fondos reservados.

Por Luciana Bertoia

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) está de vuelta. Y con ella sus viejas prácticas: la más arraigada, la de maniobrar en los tribunales. El organismo que dirige Sergio Neiffert estuvo pidiendo intervenir en las causas en las que se denunció el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. El súbito interés de la Secretaría se produjo en plena pulseada por los fondos reservados, uno de los temas que puso en tensión la sociedad entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

Hubo un movimiento que sorprendió a propios y ajenos. Un apoderado de la SIDE pasó por, al menos, dos juzgados de Comodoro Py para pedir tener acceso a distintos expedientes. Las presentaciones se materializaron la semana pasada en el juzgado de Julián Ercolini y en el de Marcelo Martínez de Giorgi.

Ercolini está a cargo de la causa sobre la vigilancia ilegal a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. En ese expediente, Macri llegó a estar procesado pero fue sobreseído por la Cámara Federal porteña. La sala 1 –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– entendió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reunió información sobre los familiares pero la justificó diciendo que estaba en riesgo la seguridad del Presidente o la seguridad interior.

Hace tiempo que no hay movimiento en la causa del ARA San Juan. Casación confirmó la decisión de la Cámara Federal y el expediente viajó a la Corte Suprema. Es una causa que conoce una de las nuevas autoridades de la SIDE: Alejandro Cecati, actual jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, declaró como testigo a pedido de la defensa de Macri.

Martínez de Giorgi está al frente de la causa de los Súper Mario Bros, mote con el que pasaron a la fama unos policías de la Ciudad que estuvieron en comisión en la AFI durante el gobierno de Cambiemos y se dedicaron al espionaje político. En ese caso, la Cámara Federal también benefició a los eslabones más altos: dijo que hubo vigilancia ilegal pero que la hicieron los agentes porque eran “cuentapropistas”. Entre los espiados estuvo Florencia, la hermana menor de Macri.

Hay varias otras causas de espionaje que se fueron “anexando” a ese expediente: la de la vigilancia ilegal en las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del G20, la del auto que montaba guardia afuera del Instituto Patria para monitorear los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner o la de la llamada “Gestapo” antisindical conformada por funcionarios de María Eugenia Vidal y jerarcas de la AFI que conducía Gustavo Arribas.

Martínez de Giorgi está de licencia, pero su reemplazante, el juez Sebastián Ramos, le cerró la puerta. “En cuanto a lo solicitado por el apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), toda vez que dicho no reviste carácter de parte y que, además, no se encuentra justificado su concreto interés en conocer el estado de los actuados –y de las causas conexas–, no ha lugar”, escribió.

Una primera lectura de lo sucedido puede ser que existe un mensaje hacia Macri, que viene quejándose del manejo del área de inteligencia y que hizo que sus diputados votaran por el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, que concedió 100.000 millones de pesos a la SIDE en fondos reservados.

Una segunda lectura es más estructural. La SIDE está intentando volver a forjar su alianza con los tribunales. La comunión entre justicia y servicios se había roto durante el gobierno del Frente de Todos. En enero de 2020, la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, firmó la resolución 17 a través de la cual reducía al mínimo las posibilidades de que los agentes intervinieran en tareas de inteligencia criminal y como auxiliares de la justicia. En marzo de ese año, Alberto Fernández modificó, a través del decreto 214, la ley de inteligencia y dijo que la AFI no podía cumplir funciones policiales o de investigación criminal.

El gobierno de Javier Milei modificó todo el sistema de inteligencia por DNU. A través del decreto 614 propició el regreso de la SIDE –emblema de los sótanos de la política y de la justicia vernáculas– y abrió la puerta a que el organismo pueda volver a trabajar con la justicia.

“La historia de las agencias de inteligencia de la Argentina me obliga a desconfiar de las intenciones que tenga hoy la SIDE al pretender ingresar en la causa de espionaje que tuvo como procesado a Macri”, dice la abogada Valeria Carreras, que interviene en la causa del ARA San Juan. “Seguiremos en alerta”, afirma.

«Con la triste historia que tiene nuestro país en expedientes que van desde el caso Julio López hasta la causa AMIA y tantos otros, no hay que permitir que los servicios de inteligencia se involucren en las causas», sostiene Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). «Más allá de este hecho sabemos que tienen una imbrincada relación con la justicia federal».

Este tema podría estar en lo que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) planea consultarle a Neiffert. Este martes, se reunió el cuerpo y se decidió avanzar con un pedido de informes para el jefe de la SIDE. Como una segunda etapa, se le pediría que vaya al Congreso a responder las preguntas de diputados y senadores.