PROVINCIALES
Junto a Intendentes de todo el país, Pablo Grasso planteó ante el Congreso Nacional una distribución equitativa de subsidios al transporte
El intendente de Río Gallegos, junto a otros líderes municipales, impulsa un proyecto de Ley para federalizar los impuestos y garantizar una distribución justa de los ingresos en el transporte público, en respuesta a la eliminación del Fondo Compensador del Interior.
En la mañana del martes, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, presentando un proyecto que busca federalizar los impuestos y garantizar una distribución más equitativa de los ingresos. La iniciativa surge en respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo Compensador del Interior, lo que generó un aumento significativo en las tarifas del transporte público en las provincias.
En una jornada que incluyó reuniones tanto en Diputados como en el Senado, Grasso se unió a otros intendentes de importantes ciudades del país, quienes expresaron su preocupación por la falta de subsidios nacionales al transporte público de pasajeros
Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Rosario Romero (Paraná), Jorge Jofré (Formosa) y Mariano Gaido (Neuquén). Todos ellos forman parte de la Red Federal de Intendentes (RFI), un espacio que congrega a alcaldes de capitales y urbes de peso a lo largo y ancho del país.
El proyecto de ley presentado por los intendentes propone la creación del Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país. Este fondo busca garantizar una distribución equitativa de las compensaciones tarifarias y fortalecer los sistemas de servicio público de transporte automotor en áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción municipal y provincial. «Queremos lo que nos corresponde”, plantearon los intendentes en la reunión.
En este contexto, los representantes municipales destacaron la importancia de una distribución justa del impuesto a los combustibles líquidos. «Cada vez que una persona del interior carga nafta, queremos que ese porcentaje de impuesto regrese a la provincia para nuestro transporte», detallaron.
El impacto de la eliminación del Fondo Compensador del Interior ya se siente en las provincias. En ciudades como Rosario, Santa Fe y Paraná, el boleto del colectivo roza los $1000. Ante esta situación, los intendentes insistieron en la necesidad de trabajar juntos para lograr un proyecto federal que beneficie a todas las provincias.
«Argentina tiene que ser federal en las palabras y en las acciones. La Nación sacó el subsidio al transporte, la provincia igual, y no nos llega política alimentaria. No hay obra pública, lo pone el municipio, y cuando llegamos al tema de transporte, tampoco hay más aportes. No podemos esperar más», enfatizó Grasso.
Y añadió: “Es hora de una distribución equitativa y federal de los recursos, que permita a todas las provincias desarrollar sistemas de transporte justo y accesible para sus ciudadanos” resumió.
PROVINCIALES
Bloque de Diputados por Santa Cruz
Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.
La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.
Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.
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