La Casa Rosada habla de una medida de fuerza “político-partidaria” y apuesta al fastidio de quienes no se adhieren. La elección de Pablo Moyano como enemigo público y el miedo a la posible presión sobre los senadores. Adorni anunció sanciones para los estatales que se sumen.

Por Sebastián Cazón

Las posturas en Casa Rosada son encontradas. La bajada de línea oficial es minimizar la medida de fuerza de la CGT y remarcar que no mueve un ápice del programa económico. “Qué hagan lo que quieran, no nos van a frenar”, dicen. Incluso, sostienen que confrontar con dirigentes gremiales como el camionero Pablo Moyano –elegido por Javier Milei como enemigo público–, nutre al relato anticasta. En privado, sin embargo, les preocupa la presión que pueda generar sobre los senadores en medio de la discusión por la ley Bases. Los números están ajustados y Karina Milei trabaja en el poroteo. En la antesala del paro, y a modo de provocación, el Gobierno anunció que sancionará a los estatales que se adhieran y volvió a difundir una línea telefónica para que los empleados denuncien extorsiones de sindicatos. Alineados con el Presidente, las centrales empresarias salieron a rechazar la protesta.

“Yo no paro”, es la consigna que impulsa Milei en redes sociales. La estrategia del Gobierno se repite: señalar que el paro es “político-partidario” y enfrentar trabajadores con trabajadores, exponiendo las consecuencias de la medida. En el guión libertario anotaron que alrededor de 6 millones y medio de personas se quedarán hoy sin transporte público y que 700 vuelos serán cancelados. “Paran los fundamentalistas del atraso”, sentenció Manuel Adorni. A pesar del brutal ajuste, la caída récord del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo, el vocero presidencial expresó que la protesta es “injustificada” y cuestionó que durante la gestión de Alberto Fernández haya habido “cero paros”. «El nuestro ya tuvo dos de la CGT, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete», se quejó.

Al igual que en la huelga general de enero, el Ejecutivo presentó ayer su liturgia antigremial. En primer lugar, anunció que le descontará el día a los estatales que se plieguen a la medida. “El que no va a trabajar, no cobra”, advirtió Adorni. En segundo lugar, recordó que continúa abierta la línea 134 que lanzaron a principio de año para denunciar supuestas “extorsiones” sindicales. En aquel momento, sin brindar mayores detalles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había asegurado que recibían más de 1.000 llamadas diarias. Y, por último, el Gobierno reiteró que “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos” por el show policial que desplegará Bullrich.

En Casa Rosada sostienen que la cúpula de la central obrera exagera posturas, presionada por las posturas de la oposición más radicalizada. Le reprochan haber convocado al paro horas después del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. De esa reunión, Héctor Daer, Hugo Moyano y Carlos Acuña, entre otros, se fueron con la promesa de una reforma laboral más acotada que la original.

El análisis que hacen en el Gobierno es que la “intransigencia” está empujada por Pablo Moyano, a quien eligen para confrontar. Tiempo atrás, Milei definió al camionero como un “enemigo de las reformas” –por oponerse a la ley Bases– y lo chicaneó por haber participado de la marcha en defensa de la educación pública. “Una vez encontró un libro y lo llevó al museo porque no sabía qué era”, lanzó irónico. El Presidente se siente cómodo rivalizando con el cosecretario general de la CGT por considerarlo un símbolo de la casta sindical. “Fíjense quién está a favor del cambio y quién está en contra”, repite.

Al mandatario no le preocupa tanto el alcance de la medida de fuerza en la calle o la actividad económica, sino el impacto en el Congreso. La mirada está puesta en cómo pueda llegar condicionar a los senadores en el debate por la ley Bases, en general, y en la discusión por la reforma laboral y la reversión del impuesto a las Ganancias, en particular.

En alerta por el ajustado panorama en la Cámara alta, La Libertad Avanza busca cerrar filas con los bloques aliados. Ayer, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encontró por primera vez cara a cara con Cristian Ritondo. El jefe de la bancada del PRO en Diputados fue clave en la media sanción, se ganó la confianza de Milei y ahora trabaja para lograr la sanción. En las filas oficialistas estiman que existen serias posibilidades de que el paquete fiscal sufra modificaciones y tenga que volver a la Cámara baja.

La banca del establishment

En sintonía con el discurso libertario, entidades empresarias manifestaron su rechazo al paro y lo calificaron de «injustificado» e «inoportuno». «Las acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica» de la Argentina, expresaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y la Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas). Y concluyeron con una contundente defensa a Milei: «Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características».