El movimiento obrero prevé una medida de fuerza potente. Emitieron un documento donde denuncian el desguace del Estado, la desprotección social y afirman que que el paro es «en defensa de la democracia, los derechos laborales y el salario digno». El gobierno amedrenta a estatales.

Por Felipe Yapur

El segundo paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA se prevé contundente. Los diferentes gremios que forman parte de las tres centrales obreras fueron anunciando uno a uno su adhesión que incrementa aún más la potencia de la huelga. «Pará la mano», le reclaman al destinatario primario de esta medida de fuerza: el gobierno de Javier Milei y sus políticas de desguace del Estado para destruir el patrimonio nacional y los derechos laborales. De todas formas, este sayo bien le puede caber a más de un gobernador (y también legisladores) que acompaña sin remilgos el feroz ajuste que aplica la Casa Rosada contra la sociedad en general y los trabajadores y jubilados en particular. El documento que emitieron las centrales sindicales da cuenta de ello al sostener que “un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”. 

La Rosada, en tanto, procura bajarle el tono a la medida de fuerza, pero también amedrenta a los trabajadores del Estado con el descuento del día. Curiosamente, el vocero Adorni acusó a los sindicatos de buscar convertir al país en lo que de hecho está pretendiendo concretar la gestión de Milei. Los calificó de «fundamentalistas del atraso, los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de la servidumbre».

La respuesta a los dichos de Adorni llegó de la mano del titular de ATE nacional, Rodofo Aguiar, quien afirmó que «aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado, violando la libertad sindical, no lo logrará. La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana (por hoy) en Casa Rosada no vas a tener ni quien te sirva el café».

Entre los sindicalistas ya se habla de lo fuerte que será la medida de fuerza. El dato que refuerza este análisis es la adhesión de los gremios del transporte: colectivos, trenes, subterráneos y aviones. Un sector sindical que es clave a la hora de garantizar la paralización del país.

El paro será potente además porque está la adhesión de los gremios de comercio, la construcción, camioneros alimentación, sanidad, metalúrgicos, los trabajadores rurales, mecánicos, energía, docentes y los empleados bancarios.

Los ataques

Por supuesto que acechan las presiones y los intentos de quebrar la medida de fuerza. Por caso, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández presentó una acción de amparo para impedir que la empresa de transporte DOTA obligue a sus trabajadores a no ser parte de la huelga. La empresa, que explota el 70 por ciento de las líneas de colectivos que prestan servicio en el AMBA, hace caso omiso a la suspensión judicial que hay sobre el capítulo laboral del DNU 70/2023 y lo aplica a sus empleados. en ese sentido, les anunció a sus trabajadores que considera vigente el DNU y, por lo tanto, les advierte que por lo menos el 40 por ciento del servicio se debe garantizar. 

Los abogados de UTA solicitaron a la justicia laboral «una medida autosatisfactiva a fin de preservar el libre ejercicio de la huelga a la totalidad de los trabajadores de las empresas del Grupo DOTA». En rigor, este grupo empresario desde un primer momento ha desconocido la suspensión del capítulo laboral del DNU 70 que logró la CGT y otras organizaciones gremiales. Por caso, suspendió la retención de las cuotas sindicales que se le hace a los trabajadores para aportar a la UTA.

Hasta anoche, la justicia no había emitido opinión.

En el ámbito estatal circulan comunicaciones donde les advierten a los trabajadores la decisión del gobierno nacional de descontar el día del paro y, como tal, se arriesgan a perder el concepto del presentismo. 

El documento

La CGT que conducen Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto a los titulares de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy respectivamente, emitieron un documento donde dan cuenta de las sobradas causas del segundo paro contra Milei.

«Estamos frente a un gobierno nacional que promueve quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos», reza el documento. 

En otro tramo, advierten que Milei «decreta la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo. Que lleva adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública; de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y la población en general, afectando directamente a la calidad educativa, la capacidad de investigación del país y nuestra identidad cultural». 

En ese sentido, las tres centrales sindicales afirman que el presidente Milei «promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional».

Las centrales obreras describen cómo a través de la liberación de precios de alimentos, medicamentos y energía los salarios pierden poder de compra. Por otra parten destacan la intervención del Ministerio de Economía que conduce Luis «Toto» Caputo, en las paritarias para impedir que los salarios acordados no inquieten el plan económico de recesión.

El documento consensuado entre la CGT y las dos CTA remarca que «un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 por ciento en obras públicas, un 39 por ciento en subsidios al transporte, un 76 por ciento en transferencias a las provincias, un 18 por ciento en recorte a las universidades y un 13 por ciento en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables».

Por último, los dirigentes gremiales destacan que el gobierno se caracteriza por rechazar el diálogo social y que «se desentiende de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad».

El paro concluirá a la medianoche, pero hacia el interior de las centrales sindicales ya se discute la renovación de un plan de lucha. Algunos dirigentes ya proponen movilizarse el próximo 16 de mayo, día previsto para que el Senado debata los proyectos Bases y Paquete Fiscal. Ahora falta que el sector político, del peronismo en particular, recupere protagonismo y se sume de manera concreta a la pelea contra las políticas del gobierno libertario. Es lo que le reclama el sindicalismo.