SOCIEDAD
Tras el apoyo de Llaryora en Diputados, Milei destraba una obra clave para Córdoba

El Gasoducto Néstor Kirchner fue reactivado por Enersa, con la soldadura de caños en el tramo La Carlota-Tío Pujio.
Javier Milei puso en marca la primera gran obra pública en Córdoba luego del apoyo de Martín Llaryora en Diputados, clave para la media sanción de la ley ómnibus.
El presidente empezó a habilitar obras públicas para congraciarse con los gobernadores que necesita para que el Senado apruebe la ley definitivamente. Ya le había prometido obras a Maxi Pullaro y le liberó mil millones de dólares para obras al mendocino Alfredo Cornejo.
Ahora fue el turno de Córdoba. Tras el impasse de un semestre, iniciado luego del triunfo de Milei en balotaje, la estratégica obra para la reversión del gasoducto del norte fue reactivada por Enersa, con la soldadura de caños en el tramo La Carlota-Tío Pujio.
Es la obra que tiene a su cargo BTU, la empresa de la familia Mundín, mientras que la reconversión de cuatro plantas compresoras la hará Esuco, la empresa emblema de los negocios de la obra pública bajo el comando de Carlos Warner, quien dejó el cargo en 2019, cuando lo reemplazó Ramiro Juez.
Sorpresivamente, BTU le ganó la licitación a dos gigantes, Techint-Sacde, de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, y a la estadounidense Pumpco, propietaria del Inter Miami, y se quedó con la construcción del gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota.
BTU cotizó los trabajos en $ 157.544 millones, un 7,5 por ciento debajo del presupuesto oficial y desplazó a los Rocca y Mindlin.
Se quedó así con la construcción de un ducto con caños de 36 pulgadas de diámetro, que vincula a los gasoductos Centro-Oeste con el Norte, y permitirá abastecer del gas de Vaca Muerta a Córdoba y provincias del norte del país, con la mira puesta en la explotación de litio.
Además, BTU deberá llevar adelante la construcción de dos ampliaciones (loops) al Gasoducto Norte, de 62 km de extensión, con cañerías de 30 pulgadas de diámetro, también en la provincia de Córdoba.
En paralelo a esta licitación, Esuco se quedó con los trabajos en cuatro plantas compresoras a las que se les va a cambiar el sentido -es decir revertir el sentido del flujo de gas-: están ubicadas en Ferreyra y Deán Funes en la provincia de Córdoba; Lavalle, en Santiago del Estero; y Lumbreras, en Salta, ubicadas sobre la traza del Gasoducto Norte operado por TGN.
Ambas empresas iniciaron hace varios años procesos de relaciones públicas para despegarse de las sospechas de corrupción y negociados con Julio de Vido y la estructura de negocios espurios en torno a la obra pública: Esuco limpió a Carlos Warner y Carlos Damián Mundín se hizo cargo de BTU, la empresa que condujo su padre.
Los históricos empresarios compartieron prisión en el marco de la llamada «causa de los cuadernos». BTU y Esuco son dos viejas conocidas compartieron la UTE para la obra del Gasoducto del Noreste Argentina, aunque en 2018 Javier Iguacel paralizó el contrato cuando estalló el escándalo.
INFO. GENERAL
Hervidero en el peronismo santacruceño: las bases cuestionaron el armado de listas

El cierre de nóminas dejó fuerte malestar en sectores de la militancia del PJ provincial. Denuncian acuerdos de cúpula, nombres reciclados y falta de democracia interna en la conformación de los candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre
El armado de las listas del frente Fuerza Santacruceña para las elecciones de octubre desató un profundo malestar en distintos sectores de la militancia. Referentes locales y dirigentes históricos apuntaron contra el método de selección de candidatos, que atribuyen a decisiones tomadas entre pocos y sin abrir el juego a la participación de las bases. Alejandro “Chiqui” Victoria fue uno de los que expresó con mayor crudeza su disconformidad: “La militancia no soporta más listas cerradas, nombres reciclados y acuerdos de cúpula que solo favorecen a los mismos de siempre”. Para el dirigente, el PJ provincial se aleja de la democracia interna y “retrocede hacia la dedocracia sin pena ni gloria”.
El debate se encendió especialmente en Caleta Olivia, donde según reportaron medios locales, los grupos de WhatsApp partidarios se convirtieron en escenario de quejas, pases de factura y acusaciones cruzadas. Allí, la titularidad en la lista del sacerdote Juan Carlos Molina fue cuestionada bajo el argumento de que “no vive en la provincia” y pasa más tiempo en Buenos Aires que en Santa Cruz. También hubo críticas hacia Moira Lanesán Sancho, funcionaria capitalina, y al abogado Amadeo Figueroa, cercano al jefe comunal de El Calafate, Javier Belloni, señalados como nombres impuestos sin consenso territorial.
Una de las voces más duras fue la de Sandra Díaz, exfuncionaria y militante peronista de Caleta Olivia, quien en una carta pública cuestionó directamente a Belloni, a quien acusó de “decidir desde su living” los nombres de la lista. Díaz relató su experiencia de haber acompañado las campañas del dirigente desde 2019 y sostuvo que, tras ese esfuerzo, “nunca más se acercó a conversar ni a compartir un mate con quienes lo militaron”. En su descargo, apuntó contra cada uno de los postulantes, cuestionando su legitimidad y advirtiendo que la militancia merece explicaciones sobre por qué debería acompañar esa nómina.
Las críticas también llegaron desde otros sectores. Roberto Acosta, referente cercano al exvicegobernador Pablo González, publicó un mensaje contundente: “No aprendieron nada de Néstor. Con esta lista saldrán terceros cómodos”. En la misma línea, el dirigente sindical “Koko” Cabrera, de SADOP, hizo públicas sus objeciones, sumándose a un clima de creciente descontento que se replica en diferentes localidades de la provincia.
El exgobernador y actual diputado provincial Daniel Peralta también había encendido la polémica días atrás, al confirmar que no sería candidato y denunciar que el Congreso del PJ optó por un “camino equivocado” al delegar la definición en un grupo reducido, sin habilitar internas. Peralta recordó que en abril había manifestado su intención de competir por una banca, pero denunció que la conducción partidaria bloqueó la participación democrática. “No nos dejaron votar”, sentenció, y advirtió que muchos sectores del peronismo no acompañarán esta elección.
Con nombres cuestionados y militantes en abierta rebeldía, el justicialismo santacruceño cerró su armado electoral con más dudas que certezas. La verdadera incógnita pasará por el nivel de respaldo real que tendrán en los territorios los candidatos elegidos. En un escenario de derrotas recientes y fragmentación interna, el malestar de las bases podría convertirse en un factor decisivo de cara a las legislativas de octubre.
Con informacion de La Tecla Patagonica
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