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SOCIEDAD

Con las paritarias no hay libertad que valga

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El ministro de Interior, Guillermo Francos, le subió el tono a la confrontación y dijo que podría haber sanciones si el sindicato anuncia una medida de fuerza. Este lunes podría haber un paro si la alguna de las patronales del sector no paga los aumentos paritarios que la Rosada, por ahora, se resiste a homologar. Luis «Toto» Caputo buscó dar un mensaje aleccionador: «ningún acuerdo puede estar por encima de la inflación», dijo. 

El Gobierno volvió a embarcarse en una cruzada y eligió como su enemigo de la hora al gremio de Camioneros. Frente a la advertencia de su secretario general adjunto, Pablo Moyano, de que podría haber un paro nacional del sector en caso que alguna de las patronales no pague a partir de este lunes el aumento salarial acordado para marzo y abril, las principales espadas de la administración libertaria decidieron salir a confrontarlo con artillería pesada. El primero en hacerlo fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien disparó que el acuerdo paritario se estableció “por encima de la inflación”, razón por la cual, dijo, la Rosada no está dispuesta a legitimarlo y no firmará la homologación. Luego, el ministro de Interior, Guillermo Francos, deslizó que podría haber sanciones en caso de una medida de fuerza. “El Gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen”, amenazó. La guerra está declarada.

“El ministro de Economía dijo con claridad que el Gobierno no iba a convalidar aumentos por encima de la inflación, de manera que habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuál es la medida que el Gobierno toma si se llega a realizar un paro”, dijo Francos este domingo, parafraseando a Caputo y subiéndose al ring contra el dirigente de Camioneros y miembro del triunviro de la CGT.

Francos apuntó de forma directa a Moyano y calificó de “patoteada” la posibilidad de que el gremio vaya al paro en caso de que algunas empresas del rubro no cumplan con el acuerdo. Incluso dijo estar “un poco harto” de las medidas de fuerza y amenazó con que “el Gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen”.

Cerca de Moyano le bajaban el precio este domingo a las declaraciones del ministro, alegando que al gremio lo protegen las leyes laborales y la Constitución para convocar a una medida de fuerza, además de caracterizar como “mediáticas” a las declaraciones de Francos.

Paritarias sin libertad

Quien inició la guerra discursiva contra Moyano fue el ministro de Economía, Luis Caputo. El viernes pasado, de hecho, en el Boletín Oficial se publicó la homologación de 22 acuerdos paritarios, entre los que no figuraba el de Camioneros. En una entrevista televisiva posterior, confirmó que la misma «no será homologada por el Gobierno», algo que, dijo, podría extender al resto de los gremios que, según la visión de la administración libertaria queden «por encima de la inflación». 

«No podemos convalidar aumentos del 25 por ciento cuando la inflación está bajando», aseguró Caputo, quien dejó en claro que para el Gobierno hay libertades y libertades: se pueden subir los precios y las tarifas, pero no los salarios. 

El gremio de Camioneros había acordado un aumento del 25 por ciento para marzo y otro 20 para abril, lo que acumulaba un 45 por ciento en el primer cuatrimestre del año. Para el gremio, de todos modos, el acuerdo no esta por encima de la inflación, como planteó Caputo: dicen que no contaban con actualizaciones salariales desde noviembre, cuando la inflación se disparó en más de un 100 por ciento desde la llegada de Javier Milei al Gobierno

Además, plantean que el principal conflicto puede darse a partir de la negociación que se viene para la actualización del mes de mayo. 

En ese marco, Camioneros avanzó con las paritarias en Provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof, en Chubut, con Ignacio «Nacho» Torres, lo que llevó tranquilidad de que se los aumentos efectivamente se cobren a partir de este lunes. En ambas provincias el acuerdo fue homologado y en el sindicato apuestan a que a partir de este lunes se empiecen a pagar las actualizaciones en aquellas empresas en que todavía no se empezó a pagar. Y aclaran que podría haber un paro nacional del sector sólo en el caso de que algunas de las empresas decidan no pagar los aumentos apalancados en la decisión del Gobierno nacional de no homologar la paritaria. 

En tanto, el secretario general del gremio, Hugo Moyano, convocó por carta a los empresarios del sector para reunir a partir de este jueves el nuevo aumento salarial a pagarse a partir del primero de mayo. 

En su afán disciplinador, desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero –un hombre del Grupo Techint–, dejaron trascender que la decisión del gremio de defender el sueldo de sus afiliados es «ilegítima» e insistieron con que «no vamos a aceptar aprietes». 

Francos fue mas allá. “Este tema de la coerción del gremio de camioneros y de la patoteada de Pablo Moyano al conjunto de los argentinos los tiene un poco hartos, de manera que el gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen”, disparó. 

Caputo, por su parte, dejó en claro que para el Gobierno hay libertades y libertades: “Las paritarias son libres, pero después, como regulador, la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso porque no vas a a homologar algo que no tiene ningún sentido; vos mismo te generás un problema”, había dicho. 

La CGT define los pasos a seguir

La guerra discursiva que encaró la Rosada contra Camioneros busca un efecto disciplinador, como preámbulo de una semana clave en la que la dirección de la CGT deberá definir si le pone fecha a un paro general o una movilización contra las políticas de ajuste del Gobierno. En ese marco, el cierre de las paritarias en algunos sectores puede ser clave a la hora de agilizar o aplacar el conflicto en ciernes entre la Rosada y la central obrera. 

El sector más combativo de la CGT –dentro del cual se inscribe Camioneros– viene reclamando un paso adelante en materia de ocupación de las calles contra el gobierno. En ese sentido, Moyano dijo recientemente que al peronismo le «falta más decisión» para encarar un proceso «que genere esperanza en la gente». 


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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