Nicolás Posse y Guillermo Francos encabezaron una cumbre con los mandatarios de Juntos por el Cambio. La reversión de Ganancias, el ahogo financiero y la parálisis de la obra pública retrasan el acuerdo.

Por Sebastián Cazón

«No se nos amansa a guachazo«, soltó el correntino Gustavo Valdés, en la previa a la cumbre de gobernadores aliados en la Casa Rosada. La advertencia del radical sintetizó el hartazgo que subyace a las negociaciones por la ley ómnibus y el pacto fiscal: los mandatarios se muestran dispuestos a consensuar el nuevo proyecto, pero se cansaron de las extorsiones y los latigazos con los que el gobierno nacional intenta disciplinarlos. Al acuerdo en términos generales lo alejan las discusiones particulares. «Tenemos diferencias en Ganancias y jubilaciones», admitió el chubutense Ignacio Torres a la salida del encuentro. Fue una hora y media de charla en donde volaron quejas por la parálisis en la obra pública, cuestionamientos por la eliminación de las transferencias a las cajas previsionales, algunas promesas y pocos avances.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, compartieron la cabecera de la mesa en la que se sentaron todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio. «Fue una reunión positiva. Se comprometieron a apoyar ambos proyectos«, expresó exultante Francos respecto a la ley Bases y la reforma fiscal. Los aliados, en cambio, fueron más prudentes. Si bien celebraron la convocatoria y dijeron estar abiertos a respaldar las iniciativas, no dieron nada por cerrado y quedaron a la espera de los nuevos proyectos. «Es una buena ley. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de la letra chica«, resumió el santafesino Maximiliano Pullaro.

La constante desconfianza que existe sobre Javier Milei creció en los días previos al encuentro, a raíz del ajuste dispuesto sobre los fondos jubilatorios que reciben trece provincias. Tras el enojo y los reproches, los gobernadores afectados por la medida –Torres, Pullaro, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Gustavo Valdés y el entrerriano Rogelio Frigerio– se llevaron una promesa: los funcionarios aseguraron que se va a revisar el decreto de necesidad y urgencia que firmó el Presidente el viernes pasado. «Reconocieron que fue un error no forzado en el afán de ordenar el frente fiscal», contó uno de los asistentes. En Casa Rosada insisten en que se malinterpretó la medida y que el objetivo es realizar auditorías para definir cuáles son los «verdaderos montos» que se van a transferir.

La agenda en discusión

En el Salón de los Escudos, el reclamo central giró en torno a la asfixia financiera que sufren las provincias. «Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar», planteó Valdés antes de la reunión. Además del golpe a las cajas previsionales, los mandatarios exigieron fondos para reactivar las obras públicas y provinciales. «Todos creemos que es necesario llegar al equilibrio fiscal, pero en el medio de esta coyuntura hay que atender obras urgentes«, alertó Torres. Sobre esa demanda se apoya el Ejecutivo nacional para negociar. Con el mismo tono que utilizó la semana pasada con los gobernadores del Norte Grande, Francos volvió afirmar que habrá recursos para algunas de las obras que estaban en marcha y quedaron inconclusas. «Armen la lista con las prioridades», fue la orden. Así, Milei pretende utilizarlo como prenda de cambio para sumar respaldos en el Congreso.

En medio de la discusión por el recorte de fondos y el déficit de las arcas provinciales, uno de los puntos de mayor controversia continúa siendo la reversión de Ganancias. «No tenemos clara cuál es la propuesta», dijo Pullaro. “No estamos de acuerdo con el piso de 1.200.000 pesos«, sumó Torres respecto al mínimo que propuso el oficialismo para gravar los ingresos de los trabajadores. Ante las críticas, el Gobierno se comprometió a presentar modificaciones. La expectativa de los mandatarios patagónicos es que, además de elevar el piso, se discrimine por región. «Argentina es muy heterogénea. El costo de vida del norte, el centro y el sur no tienen nada que ver», sentenció el chubutense.

El plazo máximo que estableció el Presidente para que se trate en el recinto de Diputados es el 24 de abril. El jefe del bloque libertario, Oscar Zago, reiteró que el proyecto ingresará al Congreso cuanto antes. En Casa Rosada sostienen que la idea es que se empiece a discutir en comisión el 17 de abril. Para seducir al PRO y a la UCR, el oficialismo incorporará a la ley la reforma laboral que formaba parte del DNU 70/23 y fue suspendida por la Justicia.

Reunión con el que hace los números

De los mandatarios aliados, el único que estuvo ausente en la cumbre fue Jorge Macri. En representación asistió su vice, Clara Muzzio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires priorizó un encuentro que ya tenía agendado con el ministro de Economía, Luis Caputo. El tema principal de la charla fue el conflicto por la coparticipación federal. «Le vamos a pedir al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir los fondos que se nos quitó de forma unilateral», había advertido Macri en su discurso de asunción respecto a la medida dictada por el expresidente Alberto Fernández en 2020.

Según las autoridades porteñas, Caputo reconoció la vigencia del fallo del máximo tribunal de Justicia y el derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Quedaron en volver a verse las caras en el corto plazo para comenzar a implementar «una salida viable» a la pulseada.