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Villarruel expuso todas sus diferencias con Milei, al que bautizó «Pobre Jamoncito»: militares, sueldos en el Senado, DNU

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A días del 24 de marzo, Victoria Villarruel salió a dar públicamente sus propias disputas políticas. En una larga entrevista anoche en TN, la vicepresidenta buscó diferenciarse de Javier Milei, al que llegó a bautizar como «Pobre Jamoncito», en medio del vaivén de la tensión interna. Marcó distancias sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el narcotráfico en la que está embarcado el gobierno y también sobre el aumento de sueldos en el Senado o la decisión de tratar el DNU en la Cámara alta. Fue severamente enfática con su posturas negacionistas sobre el pasado reciente. «En los 70 se combatió al terrorismo y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos», señaló y a días de la conmemoración del inicio del golpe pegó contra la histórica marcha que recuerda a las víctimas.

“Hay un morbo con la fecha del 24 de marzo”, dijo e inmediatamente criticó a “toda la izquierda” por repetir el homenaje al que llamó “festejo” de cada año: “Si quieren festejar el golpe –provocó– que lo hagan, yo no lo festejo”, arremetió. También reiteró su latiguillo de «memoria para todos».

La vicepresidenta aludió a las versiones sobre un indulto a genocidas y afirmó: «A mí no me consta que se esté analizando un indulto. La solución de la cuestión a los que estén detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía, la solución es jurídica», dijo.

También se refirió al ataque a la militante de H.I.J.O.S (ver aparte) y ahí no se diferenció de Milei: lo puso en duda. «Eso lo tiene que investigar la Justicia», dijo, pero añadió que «estuvieron varios años hablando sobre Santiago Maldonado y Julio López y estaban ellos en el poder. Nunca llegaron a la verdad. O cuando se supo, como la verdad de Santiago Maldonado, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda».

Las Fuerzas Armadas y la seguridad interior

Sí tomó distancia del Presidente respecto del rol de las Fuerzas Armadas, a las que Milei, a través de los ministerio de Seguridad y Defensa, pretende involucrar en el combate del narcotráfico en Rosario, iniciativa con la que se mostró taxativamente en desacuerdo, sobre todo por lo que considera que terminarán siendo las consecuencias para los propios militares.

 «La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, y los que lo combatieron están presos», dijo.

De lleno en el tema, marcó su disgusto sobre la decisión presidencial de apartarla de las áreas de Seguridad y Defensa en abierta contradicción con lo que Milei le había prometido en la campaña. «No me agradó», fue la respuesta textual, a la que agregó una serie de quejas por el tiempo perdido por ella preparando su desembarco en esas dos temáticas.

Milei y «los ricos, los corruptos, los narcos o los sponsoreados»

También defendió el aumento de sueldo de los senadores, que ella había resuelto y que el Presidente ordenó revertir en medio de un show mediático. «Los legisladores tienen que ser retribuidos en forma digna. Para mí tienen que ganar bien, y no ganan bien. Un senador gana menos de 2 millones. Tampoco me parece bien lo que ganan los jubilados, no hay que seguir equiparando todo hacia abajo», expresó Villarruel. Y agregó: «A los senadores le delegamos nuestra vida porque promulgan leyes sobre la propiedad y la vida, después hablamos si lo hacen bien, mal o poco. Si les pagás poco van a ser susceptibles a la corrupción». 

Lejos de la posición histórica del presidente, que llegó a sortear su sueldo cuando era diputado, Villarruel sostuvo si no tienen buenos sueldos «sólo va a poder llegar al Congreso los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás». Por si hacía falta, enseguida reafirmó que no estaba de acuerdo con su visión del tema.

Entrando en detalles, la vicepresidenta explicó que «creía que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación». «Di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente. Nosotros hicimos un esfuerzo en el Poder Legislativo, espero que en el Poder Ejecutivo lo hagan también», sentenció.

Discutir el DNU o reinado

Otra fuerte diferencia con el Presidente que expuso fue sobre la convocatoria a la sesión del Senado que trató, y rechazó, el DNU 70. “Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”, dijo, respecto de la intención presidencial. «Esto no es un reinado», tomó aún más distancia con el estilo de Milei, «existen las leyes y hay que respetarlas para evitar un daño mayor».

Tampoco perdió la oportunidad de criticar a José Luis Espert, que ofició de vocero de los ataques que le dirigió la Casa Rosada cuando decidió seguir adelante con la convocatoria a tratar el DNU en el Senado. En plena operación contra la vice, Espert había dejado abierta la posibilidad de que ella buscara desestabilizar al presidente. «Si no sabés para qué opinás», le respondió ahora Villarruel con una sonrisa gastadora. 

La venganza contra el ahora diputado preferido de Milei se extendió a otro tema caliente que también roza al presidente: el llamado a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. «Mientras sea un ciudadano común puede decir lo que quiera, pero como funcionario no puede llamar a desobedecer la ley. Hay que pagar los impuestos», lo fulminó. 

La Corte, fuente de más diferencias

«Me enteré por los medios», confesó cuando le preguntaron si la habían consultado antes de presentar los nombres de los dos candidatos oficiales a integrar la Corte Suprema. Más allá del desplante, se deshizo en elogios al decano de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla, con el que comparte una visión más que conservadora del mundo, pero tomó distancias del juez Ariel Lijo.

Igualmente dejó claro que a la hora de impulsar la propuesta oficial en el Senado ella tiene «que mantener cierta independencia» y que no va «a estar presionando».

Karina, Victoria y el Jamoncito

Aseguró que se llevaba bien con la hermana del Presidente, cuyo nombre había ya surgido en la charla a la hora de hablar de las acusaciones de nepotismo contra una senadora de La Libertad Avanza, pero reconoció que las dos son mujeres «con caracter fuerte». 

«Las dos queremos lo mejor para Javier», explicó para enseguida agregar que en algunas cosas «somos bastante parecidas». «Cuando se juntan dos del mismo polo, las cosas se recalientan y pueden explotar», dijo entonces con sonrisas el entrevistador. «Claro –completo Villarruel–. Y en el medio está Javier… ¡Pobre Jamoncito!

Señora presidente

«¿Presidente?, No sé, no lo descarto», respondió cuando le preguntaron por sus aspiraciones. Poco después de asumir se había declarado «preparada para todo» en una entrevista con el Financial Times y las versiones sobre su apuro por llegar a ese puesto se multiplicaron por sus contactos con Mauricio Macri. Por las dudas, en el reportaje aclaró que quiere que Milei termine su mandato y, «si quiere renovar, que lo pueda hacer».

Para tratar de alejar las sospechas se quiso mostrar desinteresada por su carrera política pero no resultó demasiado convincente. «Trato de no creérmela, no leo encuestas, solo me entero de ellas cuando todos los demás ya las conocen», aseguró con cara de medir mejor que el presidente.

Por las dudas, un final feliz

Pese a marcar todos esas diferencias con el Presidente, Villarruel insistió en que ambos tienen un buen vínculo. «Mi relación con Milei está bien», señaló y añadió: «Somos dos personas que se complementan». «Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. Yo soy más templada en la vida pública y en privado soy más extrovertida», argumentó. «Eso es lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió», elucubró.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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