En un documento en el que se analiza la situación social, la Comisión de Justicia y Paz que depende del episcopado católico, hace un duro análisis de la coyuntura social, económica y política, critica la insensibilidad de las autoridades para efectuar el ajuste, denuncia la cultura del odio y pide diálogo político para la búsqueda de consensos. 

Por Washington Uranga

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo integrado principalmente por laicos y laicas pero dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, hizo público un análisis de la situación social en el que manifiesta su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, la inflación, la baja del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, entre otros temas, y pone el acento en “un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”. El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, es asesor de la CNJP.

El texto, elaborado en base al diálogo con diferentes actores y sectores de todo el país “que dan cuenta de la multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones”, se conoce pocos días después de que la Comisión Permanente del Episcopado, encabezada por su presidente el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, se entrevistara con Javier Milei. En esa ocasión los eclesiásticos transmitieron su preocupación por la situación social a partir de la información recogida también en el ámbito de la Comisión Permanente del Episcopado reunida en Buenos Aires en días previos. 

En el documento conocido ahora, que incluye un panorama general de la situación social, se afirma que “el cuadro de destrucción de puestos de trabajo y beneficios congelados y de difícil acceso, genera un clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por las olas de despidos tanto en el sector público como privado”. Mientras tanto, se continúa diciendo, “los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse” y “se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”.

Sin embargo se reconoce que, en cuanto al clima social, “se refleja un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas” en tanto, al mismo tiempo, “se advierte un clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de ‘alegría’ en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual”.

“Es preocupante la calidad institucional”, se lee en el documento de Justicia y Paz. Se recuerda que “el DNU 70/2023 (…) se encuentra plenamente vigente, siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos”. Y frente a ello el organismo eclesiástico sostiene que “la metodología adecuada para la implementación de modificaciones y reformas –en muchos casos atendibles- pasa por un trato específico en el ámbito correspondiente a través de leyes que se envíen al parlamento argentino”.

La Comisión recuerda que “el 1 de marzo, el PEN anunció la convocatoria a los gobernadores a un ‘Pacto de Mayo’, con una agenda establecida y su tramitación queda subordinada a la sanción previa de ciertas normativas por parte del Congreso”,  y subraya que “todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales”.

En concordancia con lo anterior la CNJP sostiene que “la acción política debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la eliminación del hambre y la exclusión” porque “no hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”.

“La persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos” y “el salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente” se lee en el documento. Si bien se reconoce que “ya había una situación inflacionaria, la devaluación del 100% de diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también extraordinaria por su velocidad y profundidad”.

Por eso el organismo católico señala “con preocupación y sensibilidad la persistente caída de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%)”. Y agrega que “más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de “Jubilaciones y Pensiones contributivas” (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”.

En la descripción se asegura también que “la pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso” y a continuación se consigna información sobre pérdidas de empleo en la construcción, en el comercio, en la industria y en la pymes.

En el mismo día en que el gobierno de Milei anunció la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, la CNJP denuncia que “la Agricultura Familiar se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias”.

Finalmente la Comisión señala que “los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma. La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”.

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