Por estas horas, ya gira un borrador oficial del proyecto de ley que pretende aprobar el oficialismo con el apoyo de los gobernadores y los bloques «aliados». Cómo quedaría la empresa pública asentada en Santa Cruz con las modificaciones. Del listado de «privatización» al de «privatización o concesión».

En medio de las tensiones cada vez más densas en Santa Cruz, circula por estas horas el borrador de la nueva ley ómnibus, que se reduciría a 269 artículos y que desde Presidencia pretenden consensuar con los gobernadores, y habría un cambio respecto a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): de estar en el listado de empresas públicas a privatizar en su totalidad, ahora se encontraría dentro del esquema mixto de privatización y concesión.  

En el artículo 7 del proyecto que cocina el oficialismo habla de la privatización de las empresas públicas: “Declárense ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en los Anexos I y II que forman parte de la presente ley”, dice.  

Ahora, YCRT, que está en un complejo momento ante el marco opaco actual, está en el Anexo I privatización/concesión junto a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Mientras que Aerolíneas Argentinas, Energía Argentia y Radio y Televisión Argentina son las tres empresas públicas a privatizar en su totalidad. 

“Si en la privatización se transfiere de manera permanente la propiedad de una empresa o un activo del Estado al sector privado, concesionar implica transmitir de forma temporal la administración de una empresa o un activo del Estado al sector privado. El artículo 17 de la Ley N° 23.696 utiliza la expresión ‘privatización’ de empresas públicas por concesión, licencia o permiso. Es decir que la concesión también es una forma de privatización”, dice un informe de Chequeado para explicar la concesión.  

“El Estado se reserva el derecho de intervención y de establecer condiciones en ese contrato de concesión, que en general aplica sobre un servicio público”, detalló el abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Administrativo, Alberto Biglieri, y puso como ejemplo en Chequeado el servicio de agua: “El Estado no le vende al privado los caños de agua que llegan hasta los hogares. Le cede la administración durante determinado tiempo”. 

En el artículo 12 del proyecto que ya tiene en sus manos el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, explica que “la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles. Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la Ley N° 23.696”. 

Esta posible modificación de la figura de la empresa pública asentada entre Río Turbio y 28 de Noviembre –en un estratégico lugar en el límite entre la Argentina y Chile- en la ley ómnibus abre varios interrogantes para los próximos meses. 

Los gobernadores patagónicos, nucleados en las Provincias Unidas del Sur que preside el de Chubut Ignacio Torres, propusieron hace unos días «un acuerdo de productividad que salve al Complejo, en el que TODOS hagamos un esfuerzo para producir más, producir bien, generar energía y comercializar el carbón, cuyas reservas nos permiten contar con stock suficiente para 500 años. Ese mineral tiene otro valor agregado, ya que las cenizas, el residuo de la usina, se pueden utilizar para la fabricación de bloques y ladrillos». 

Al momento, los trabajadores de YCRT permanecen en estado de alerta, mientras observan los despidos intempestivos en las represas que se construyen sobre el Río Santa Cruz, y esperan percibir sus haberes de febrero este viernes.  

Con información de Tiempo Sur