Las autoridades de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires presentan una denuncia penal contra ATE por su comportamiento violento durante una protesta. El sindicato bloqueó calles, irrumpió en el edificio, intimidó a trabajadores y afectó a personas vulnerables.

En una escalada de conflictividad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se enfrenta a una denuncia penal presentada por las autoridades de la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acción legal surge a raíz del comportamiento violento que el sindicato exhibió durante una protesta realizada el pasado jueves 29 de febrero.

Según los informes, los sindicalistas de ATE llevaron a cabo acciones disruptivas que incluyeron el bloqueo de calles, impidiendo el tránsito de vehículos y transeúntes. La situación se tornó más tensa cuando forzaron violentamente la entrada principal de la Casa de Santa Cruz, a pesar de la resistencia del personal de seguridad.

Una vez dentro, los manifestantes se dirigieron a áreas de atención que involucraban a niños, adultos y personas mayores provenientes de la provincia con condiciones médicas graves. En este contexto, utilizaron instrumentos como bombos y trompetas, intimidando a quienes se encontraban en el lugar. La violencia alcanzó tal punto que algunos trabajadores se vieron obligados a abandonar las oficinas, alarmados por la situación.

La escalada de violencia continuó cuando los sindicalistas subieron al primer piso del edificio, donde la mayoría de los empleados, en su mayoría mujeres, se vieron obligados a encerrarse en sus oficinas por temor a la agresión. Durante este episodio, los manifestantes violentaron puertas cerradas, llegando a agredir a una de las trabajadoras en el proceso.

Tras generar disturbios, gritos y amenazas, los referentes de ATE se retiraron a la planta baja del edificio para continuar con su protesta, donde también se encontraban afiliados enfermos.

Las autoridades de la Casa de Santa Cruz expresaron su repudio ante estos hechos de violencia, haciendo un llamado a la reflexión y solicitando el cese de acciones perjudiciales que afectan a toda la población. La denuncia penal busca responsabilizar a los dirigentes sindicales por su accionar durante la protesta.