NACIONALES
El Papa, sus “veedores” y la crítica a Milei
La mecha del enojo la encendió la decisión del Presidente de comunicar, tras la reunión en el Vaticano, un supuesto apoyo al modelo libertario. Quiénes son los curas y dirigentes barriales que le informaron detalles de la crisis económica y social. Por qué el Sumo Pontífice decidió cuestionar la legitimidad de origen.
La respuesta política del Papa Francisco a la crisis socio económica que está generando el gobierno de Javier Milei no fue una casualidad sino un hecho buscado. El documento en el que pondera al Estado y cuestiona al mercado tiene mucho de la doctrina social de la Iglesia pero, sobre todo, es producto del cuadro de situación que el Papa se hizo luego de charlas diarias con curas villeros (moderados y de los más jugados), con sus hombres en la iglesia Argentina y hasta con dirigentes de movimientos sociales y sindicatos. Toda esa foto, según supo Página I12, derivó en que, 15 días después de que Milei vendiera un apoyo papal a su modelo, el mismo Francisco echara la versión por tierra y marcara la cancha hacia adelante, incluso a la espera de una posible visita al país.
Tantas veces repitió el presidente Javier Milei que el ajuste económico que lleva a cabo está avalado por el 56 por ciento de votos que obtuvo que en el ballotage, que esa idea quedó como un título en la cabeza del Papa Francisco. La teoría del libertario no es ninguna novedad y la expone asiduamente en público, pero en las oficinas del Vaticano generó sorpresa. Más raro fue lo que vino minutos después de aquella reunión entre ambos. Por sus propios medios y vía voceros periodísticos, el Presidente vendió un apoyo de Francisco al modelo de ajuste.
Quince días después de ese hecho, con un timing y sentido de la oportunidad que los que lo conocen cuentan como habitual desde que era Obispo de Buenos Aires, el Sumo Pontífice expuso un mensaje político, claramente dirigido al gobierno de Milei y contra el ajuste. Todo en un escenario particular: grabó un video leyendo una carta para los miembros del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), ente presidido por el juez Andrés Gallardo. A la vez, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni integra la Copaju, que es el organismo del que depende el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas. En ese lugar lo designó el propio Francisco y la institución responde directamente al Vaticano.
El escenario en el que el Papa dejó su proclama anti libertaria, tras dos semanas de silencio, fue elegido -también- estratégicamente para graficar su posicionamiento. Y aquella charla con Milei y su idea del aval social que le dieron los votos explica, según contaron a Página I12 fuentes de la Iglesia, por qué fue tan directo: «no alcanza con la legitimidad de orígen (…) el ejercicio también debe ser legítimo», aseguró Francisco, y completó preguntándose «de qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas?».
Un dato interesante en este contexto es que, en general, las visitas del Papa a países tardan hasta cinco meses en armarse. Quien está a cargo es el obispo venezolano Edgard Robinson Peña Parra, hombre de la diplomacia y jefe de encargados de los viajes papales. Hasta ahora, en un contexto turbulento del país, Parra no envió a los tres curas que envía a todo el mundo, en la previa a una visita, a reunirse con representantes sociales, de la iglesia y el Gobierno. De todos modos, cerca del Papa no descartan la visita este año y hasta aseguran que, de llegar, su estadía será en la curia, frente a Plaza de Mayo.
Los que le cuentan la crisis
Francisco se entera del devenir local con conversaciones que mantiene con diferentes sectores. Muchos de los que consulta son referentes sociales o de la Iglesia. Uno de los que más viene hablando de la crisis en Argentina con Bergoglio es Oscar Ojea, el titular de la Conferencia Episcopal. Ojea tiene hace tiempo un nexo con sindicatos y empresarios, y sigue la diaria de la recesión en los barrios. Además, es uno de los que instaló la idea de un pacto social con ceos y gremios. En esa misma línea de influencia está el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, uno de los más escuchados por Francisco. El tercero de ese grupo de «veedores» es Alejandro Russo, el rector de la Catedral Metropolitana y uno de los que mejor conoce los modos y estilos papales.
La otra fuente de contacto con el Papa que le acerca los síntomas del ajuste de Milei son los curas villeros, en sus diferentes tendencias. Por un lado, según contaron a este diario los que conocen desde adentro el asunto, aparecen los moderados «francisquistas», encabezados por Gustavo Carrara, vicario episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia. Es el encargado de coordinar los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde, según le contó al Papa, la situación por la falta de alimentos y la inflación ya está generando focos de violencia y conflicto. Carrara es uno de los más férreos militantes de la idea económica y social del Papa, y ha salido a defenderlo en medios de los ataques recientes del presidente Javier Milei.
Por otro lado, Francisco tiene línea directa con el ala más progresista de los curas villeros, la de Curas en Opción por los Pobres, que encabeza el Padre Pepe Di Paola. Pepe, que como Bergoglio tiene varias líneas de conexión históricas con actores del peronismo, fue el primero que alertó sobre un triunfo de Milei en loos barrios y, desde el año pasado, viene criticando el ajuste y la política de contracción en los ingresos de sectores bajos.
Pero no sólo el Papa se informa vía directa. Emilce Cuda, según relatan a este diario fuentes vaticanas, es teóloga y primera mujer en la Iglesia: es la secretaria Pontificia de la Comisión para América Latina y, muchas veces, es intermediaria en las charlas. Cuda, no casualmente, se especializa en teología de la moral social. Es una de las personas que mejor conocen al Papa y tiene fuertes contactos con la realidad social argentina.
«No alcanza con la plata a Cáritas»
Hace unos días, un alto dirigente de la CGT se juntó con un cuadro alto en la estructura de la Iglesia Católica local. Hablaron del ajuste de Milei y de cómo veía el Papa el escenario. No es uno de los dirigentes cegetistas más cercanos a Francisco, pero quería saber. Le contaron allí la realidad del encuentro de Milei con el Sumo Pontífice. Vale decir que Francisco mantiene una relación estrecha con dos grandes titulares de gremios que integran esa central sindical.
«Su primera herramiento es la doctrina social de la Iglesia, en segundo lugar valora el rol del estado y, en tercer lugar, hace política todos los días con sus acciones», describió a Bergoglio alguien que lo conoce bien y siguió las alternativas en las últimas horas. La misma fuentes contó, de hecho, que si Milei no hubiese forzado una lectura personal del encuentro entre ambos, la reacción a su modelo de ajuste no hubiese tan radical en un plazo de tiempo tan corta.
Fue el mismo Papa, además, quien se encargó de dejarle en claro a su círculo íntimo que los movimientos sociales son aliados de la Iglesia. Son precisamente, los sectores que Milei más rechaza y a los que ahoga pisándoles los ingresos y el envío de alimentos. Tampoco cayó bien en los interlocutores del Papa la decisión del Gobierno de tratar de aplicar los ánimos con la Iglesia dándole dinero a Cáritas y borrando a las organizaciones social. «No alcanza con eso», expresan. Cáritas, en provincia de Buenos Aires y el Interior trabaja con 5 mujeres voluntarias por barrio, los movimientos sociales son los que, para el Papa, tienen territorialidad y garantizar la asistencia.
NACIONALES
Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires
Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.
Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.
A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.
En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.
Sigue la discusión
No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.
“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.
En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.
Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».
Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.
«Universidades de segunda»
Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.
Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.
El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.
«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.
Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.
«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.
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