INFO. GENERAL
Programa Hogar: Energía subió un 204% los precios máximos de referencia de las garrafas

La actualización de los valores es de carácter inmediato y se dispuso para “paliar la actual situación económica del sector, y garantizar el abastecimiento del mercado interno”
La Secretaría de Energía determinó una suba del 204% promedio en los precios máximos de referencia de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos comprendidas en el Programa Hogar, tanto para fraccionadores, distribuidores y la venta al público, a través de la Resolución 11/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El ajuste sobre los precios fijados en agosto pasado tiene aplicación inmediata y tendrá efecto «hasta tanto se adopten las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del decreto 70 de fecha 20 de diciembre de 2023”, según precisó el texto oficial.
Además, se estableció que los cupos y aportes «serán asignados por la autoridad de aplicación en forma trimestral» en vez de anual, como se estableció originalmente en 2015, cuando comenzó a regir el programa para los sectores socialmente vulnerables que no cuentan con servicio de gas natural por red.
Desde el área que comanda explicaron que «el incremento determinado por la presente medida constituye una instancia transitoria a fin de paliar la actual situación económica del sector, y garantizar el abastecimiento del mercado interno, hasta tanto se adopten las medidas necesarias teniendo en cuenta el objetivo de desregularización del mercado de GLP».
El monto del subsidio por garrafa del Programa Hogar está fijado en $1778 promedio y varían según la zona del país. El valor de la garrafa social de 10 kilos, por ejemplo, es en Buenos Aires de $1539, en CABA de $1788, en Córdoba de $1773, en Corrientes de $2107, en Entre Ríos de $1794, en Jujuy de $2051, en Mendoza de $1639.
Con el incremento dispuesto, los precios máximos de referencia para la venta al público de las garrafas pasaron a ser para la de 10 kilos de $4.752, un alza del 204,48%, para la de 12 kilos de $5.701, un aumento del 203,57% y para la de 15 kilos de $7.126, una suba del 204,40%.
En el caso de los fraccionadores, los precios pasaron a ser de $2.579 en la garrafa de 10 kilos, un ajuste del 204,48%, $3.090 en la de 12 kilos, un incremento del 204,13% y $3.866 en la de 15 kilos, un alza del 204,41%.
En cuanto a los distribuidores, los aumentos fueron de 204,44% para la garrafa de 10 kilos, que pasó a costar $ 4.524, de 203,57% para la de 12 kilos, que ahora sale $5.429 y de 204,49% para la de 15 kilos, que está disponible a $6.787.
Mientas que tanto el precio del butano como el del propano será de $137.838 por tonelada, lo que implica una suba del 153,95% y del 204,42%, respectivamente, en relación a los valores determinados en agosto.
El Programa Hogar lo pueden solicitar todos los hogares sin conexión a la red de gas natural pueden solicitarlo siempre y cuando sus ingresos sean inferiores a:
2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
3 salarios mínimos si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.
2,8 salarios mínimos si residen en las zonas más frías del país.
4,2 salarios mínimos si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.
INFO. GENERAL
ATE hará en una presentación judicial para frenar el régimen de disponibilidad

“Estamos frente a un decreto y una reglamentación manifiestamente ilegales, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas”, indicó Rodolfo Aguiar. Los equipos jurídicos de ATE Nacional y de Capital trabajan conjuntamente en el escrito legal.
Luego de que el Gobierno reglamentara el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una presentación judicial para frenar esta medida.
“Estamos frente a un régimen de disponibilidad manifiestamente ilegal, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“La Justicia tiene que actuar de manera inmediata para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a todo el recurso humano que reviste en la planta permanente del Estado. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad. La articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros”, detalló el referente estatal.
La decisión del Gobierno fue reglamentada a través de la Resolución 54/25 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la cual detalla los parámetros mediante los cuales pueden dejar en disponibilidad a trabajadores con estabilidad a partir del cierre de organismos como así también por exceder la ‘dotación óptima necesaria’, criterio completamente subjetivo que figura en el Capítulo IV art. 52 de la Ley Bases.
A partir de esto, Rodolfo Aguiar acordó junto a Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, realizar una presentación judicial conjunta para frenar esta medida.
Así, ambos equipos jurídicos realizaron una reunión para formalizar la acción que será presentada ante la Justicia en las próximas horas. Por parte de la conducción nacional participó Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional. En tanto, por ATE Capital, concurrieron Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos, y Suyai Lutz, integrante del equipo de Jurídicos.
Desde el sindicato explicaron que no se reúnen los parámetros legales exigidos por ley para declarar el pase a disponibilidad de los trabajadores afectados por las últimas reconfiguraciones de organismos en el marco de las facultades delegadas, ya que no se trata de cierre de organismos sino de reestructuraciones.
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