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Lunes 01 de Septiembre del 2025

PROVINCIALES

ADOSAC cumple 60 años y desde el gremio destacan la «participación y recuperación de los derechos de los docentes»

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Así lo hizo el sindicato mediante un comunicado. «Nuestra trayectoria de permanente coherencia institucional e independencia del poder político nos ha permitido obtener el reconocimiento de nuestros pares en la provincia y de aquellos que militan por un sindicalismo diferente a nivel país», manifestaron.

Comunicado de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC):

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) celebra hoy sus primeros 60 años. Quienes desde las bases hacemos parte de su organización y quienes hemos recibido la invaluable confianza para conducir sus rumbos, sentimos verdaderamente orgullo de pertenecer a uno de los sindicatos con mayor historia en la lucha por los derechos de los trabajadores. Nuestra trayectoria de permanente coherencia institucional e independencia del poder político nos ha permitido obtener el reconocimiento de nuestros pares en la provincia y de aquellos que militan por un sindicalismo diferente a nivel país.

Cuatro son los pilares sobre los que esta organización ha construido año a año, lucha a lucha: respeto legítimo, fortaleza, solidaridad y amplitud democrática.

El respeto que recibimos, brindamos y practicamos históricamente conjuntamente con los compañeros docentes ha construido el escudo de pertenencia y valor con el cual enfrentamos todo intento de sometimiento de parte de los sucesivos gobiernos, este ha convertido a la ADOSAC en un espacio de resistencia y un modelo sindical antagónico a las burocracias sindicales.

El movimiento gremial docente ha atravesado varias etapas a partir del reconocimiento de Santa Cruz como provincia; se ha constituido con el aporte de sectores de la educación, inicialmente disperso pero con una marcada identidad y un objetivo común: consolidar un espacio gremial capaz de dar batalla por los derechos y las conquistas de los afiliados, espacio que luego con la experiencia adquirida en las calles y movilizando ante cada pretensión de atropello, hemos dotado de fortaleza; la misma que hoy nos diferencia de los sectores integrados al poder y que eleva la dignidad de los trabajadores de la educación.

Desde la conformación oficial de la ADOSAC el 3 de noviembre de 1961 nuestra organización no ha dejado de crecer, tanto en lo institucional como en lo que respecta a sus afiliados quienes hoy representan más del 80% del total del sector en la provincia. La ADOSAC constituye uno de los sindicatos docentes con mayor afiliación del país sin la lógica del mutualismo o el asistencialismo. Es la solidaridad el eje central de nuestra existencia y la democracia sindical su motor de funcionamiento.

Solidaridad que hemos impulsado desde el carácter clasista que nos emparenta con cada trabajador en la provincia, asistiendo a luchas contra los procesamientos

dictados por el poder político-judicial que ha pretendido y pretende adoctrinar y silenciar a quienes no se callan, a quienes no se entregan, a quienes son inclaudicables en su proceder y en sus convicciones.

ADOSAC es un ejemplo de democracia sindical y de independencia política y en el lema “La lucha continúa…” se resume su espíritu inmarcesible: luchar siempre que haya en esta provincia un docente al que le cercenen sus derechos y le impidan o le nieguen el logro de conquistas laborales básicas; allí, al frente de esas reivindicaciones siempre estará nuestra organización.

Nuestra histórica lucha es continua y permanente, y la consolidación de una manera diferente de pensar el sindicalismo una herramienta fundamental en el compromiso de cada militante.

Posiblemente esa maravillosa terquedad del inconformismo sea la verdadera causa por la cual los docentes de Santa Cruz seguimos creyendo que siempre vale la pena que la lucha continúe…


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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