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¿Qué quiere Milei?

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Por Javier Correa Existe una notable contradicción entre los objetivos que plantea el Gobierno y las herramientas que utiliza. El aceleracionismo que pregona, también apura las reacciones de la realidad y de los demás actores de poder. La inmunidad social se pone a prueba.

Aunque el círculo rojo se esfuerce en interpretar o sobre-interpretar no le encuentra el agujero al mate. No sabe exactamente qué quiere el Presidente. Sabe lo que dice y sabe lo que hace, pero no hay match.

Es un problema actitudinal, porque Milei cede, pero no afloja. Sacó el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, entre otros, y aceptó innumerables modificaciones. Mientras perdía 1,5 % del PBI de ajuste en esa cesión, aumentó el 100 % de la Tarjeta Alimentar. Inmediatamente acude a una entrevista con Patricia Janiot y dice «no estoy dispuesto a negociar nada». La periodista le hace saber que ya negoció. Milei responde que solo aceptaron mejoras. Hay algo que el Presidente no negocia ni con la realidad: el valor simbólico de estar siempre contra los demás. La imagen es más que nunca un tema de Estado.

Esta claro que la triada diagnóstico-herramientas y objetivo no está en armonía. Quizás percibimos un autoboicot permanente porque no vemos nitidez en los objetivos del Gobierno. Se puede ver el diagnóstico y las herramientas, pero no el fin. Repasemos: el diagnóstico que tiene Milei sobre la realidad argentina es ampliamente compartido. Intereses particulares por sobre los generales, actores de poder enquistados con enorme capacidad de lobby, fracaso económico y político de más de una década, despilfarro e ineficiencia del Estado y una decadencia a baño María que justamente llegó a tal hartazgo que puso por primera vez en nuestra historia a un outsider en la Casa Rosada.

Por otra parte, las herramientas. Podemos aburrir con datos conocidos: un tercio del electorado, escasa representación parlamentaria, ningún gobernador ni partido político tradicional que amplie el sustento gubernamental. También funcionarios inexpertos en el complicado arte de manejar la cosa pública pincelan un paisaje bastante descriptivo. ¿Milei quiere con ese diagnóstico y esas herramientas cambiar el mundo? Ese es el objetivo que no cuadra.

Una hipótesis es que quiera tener razón. ¿Solo eso? No son pocos los que se preguntan si el Gobierno realmente quiere sacar su ley y el DNU. Cuando vemos las provocaciones, no solo innecesarias, sino contraproducentes, incluso contra aquellos que quieren ayudar, las dudas crecen. Si la única intención es exponer a la política como corporación, sí podría ser un camino adecuado. La verdad es un bien en desuso. Un fracaso parlamentario bien podría venderse como «los palos en la rueda de la casta política».

Una mirada más benevolente y desesperada por comprender diría que el Gobierno padece de una especie de hiperfocus. La hiperconcentración es exacerbar el foco en un objetivo de manera tan intensa que solo es posible si logramos abstraernos del entorno. ¿Cuál es el foco? ¿Bajar el déficit o tener razón?

Si el foco está puesto en el déficit fiscal el problema tiene varios abordajes. ¿Qué sigue después? ¿Bajar la inflación? En este caso, ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque sabemos que la inflación en el cementerio es tendiente a cero. Si la inflación baja pero la actividad económica se derrumba, ¿se cumple el objetivo? Si fijamos la atención en único punto, quizás tengamos problemas en el camino, y también en la llegada.

Si efectivamente el objetivo es aprobar la ley para bajar el déficit y luego bajar la inflación, hay más malas noticias. La anatomía digital de Milei tampoco colabora con las herramientas que necesita. Si solo quiere tener razón, si. Al analizar sus posteos en Instagram de diciembre y enero, vemos que el 48 % son un autoelogio, el 8 % son memes agresivos y el 14 % son de perros y leones. Muchos de sus funcionarios lo imitan, en vez de complementarlo. Alguien podría decirles que este Gobierno podrá funcionar bien a pesar de Milei, no gracias a él. Esto requiere de otro tipo de ayuda.

El otro problema sobre el objetivo del déficit fiscal y la baja de la inflación, es la realidad: como dijimos, la caída del paquete fiscal le impide al gobierno reducir el gasto en 1,5 % del PBI. El déficit no se negocia, lo cual genera cierto consenso, ahora la pregunta es, si con viento a favor en el parlamento hubo que retroceder ¿contra quién va ahora para mantener sus metas? Otra pregunta pertinente, ¿ahora va a ser más fácil o más difícil?

Con este modelo de conducción, este sistema de toma de decisiones, esta autopercepción de inmunidad social y este autorreconocimiento de superioridad, no solo moral, sino intelectual, áspera será la pelea contra el mundo. Aunque Milei tenga razón, quizás ese sea su consuelo, o su único objetivo.

No hay manera (así)

Como en un simulador de vuelo que recrea condiciones extremas para entrenar a los pilotos, Milei ingresa variables a la realidad argentina que hacen mucho más complicada su conducción. En la jerga es pegarse un tiro en el pie. Si bien Mauricio Macri y Alberto Fernández hicieron de la autoflagelación un modo de gobierno, en esta nueva aventura se está destrabando el nivel Dios. O fuerzas del Cielo.

El Presidente cree que juega solo, pero no es así. El aceleracionismo que plantea también acelera variables que no controla: van mucho más rápido los precios, la recesión se profundizó antes de lo previsto, su imagen cae y la casta política se le planta. Es lógico. Parte del sistema político quiere ir en auxilio del ganador, pero hasta los colaboracionistas son repelidos con profunda agresividad. Es el caso de Rodrigo De Loredo que soporta estoicamente los agravios y que se ejemplifica en un meme viral. «Agarrame que le voto todo» dice la ocurrencia.

La urgencia del Gobierno también aceleró la protesta en la calle. Que la CGT sea vocera del descontento es una buena noticia para el oficialismo. Pero también era una buena noticia para el Macrismo cuando Cristina hacía sus apariciones públicas allá por 2016. Insuflar coraje en el enemigo es una pésima idea. La justicia también se vio obligada a apurar algunas resoluciones que no ayudan a los intereses libertarios. Los medios y periodistas también son recurrentes actores que Milei reprende.

Con respecto a los gobernadores, a quienes amenaza en On y en Off, Milei propone una relación tercerizada. El nexo sería (depende cuando leas esta columna) con su Ministro del Interior, al que contradice por redes y luego respalda en reuniones de gabinete. Es probable que Francos necesite respaldo real, no comunicacional. Los jefes provinciales no hablan con el Presidente, es mucha casta, aunque en todos los casos (excepto Mendoza y Santa Cruz) ellos tengan más votos en sus respectivas provincias. En el plano internacional el plan parece el mismo. Contra todos en Davos y jugando al filo con China. También saludó al Presidente de Colombia a quien acusó de asesino. No es tan grave. Bullrich hoy es su Ministra.

¿Qué quiere Milei?

En menos de dos meses gastó capital político, no tiene aprobada su ley y la que salga será una sombra de la original. El DNU aún puede ser rechazado. La justicia ya tiene fallos en contra de capítulos enteros. La relación con el sistema político, al que necesita para gobernar, es pésima, pero desmejorando. La sociedad entrará en modo ON en marzo, o antes, pero ya mira de reojo. Sus votantes se amparan en los nuevos «ah pero…». Hay plafón ahí porque la frase se va llenando con Cristina, Alberto, Massa, Máximo… y sigue. Lo importante, la micro, no la macro: un jubilado que tenga prepaga, ya no podrá pagarla si liberan sus precios. Para muestra, un botón.

La hiperactividad de Milei también se traslada a las redes. Desde la cuenta del Presidente se puede apreciar su pulsión por estar online. En 24 hs puede acumular 4 reacciones por hora contando reposteos y «me gusta». Es mucho si consideramos que en algún momento duerme. El problema es que su propensión a la agresión tambien sigue en esta dimensión: RT a un posteo que trata de cabeceador de fetos a Lousteau. Otro RT al posteo que acusa de extorsionadores al bloque dialoguista. «Me gusta» en un posteo que trata de kichneristas a Pichetto, Monzó y Massot. También pelea con Lali Espósito y con Adrián Suar. Es todo al mismo tiempo.

¿Qué quiere Milei?

Su entorno se mileiza. Su Ministro de Economía, que no goza del respeto político de la casta, discute por redes con Pichetto en medio de los avances en la negociación por la Ley Ómnibus. A las pocas horas el Ministro debe bajar el paquete fiscal que él mismo había agregado a la biblia de Sturzenegger. Caputo podrá ser el Messi de las finanzas, pero es el Eber Ludueña de la política.

En un sistema de contrapesos, creado para limitar abusos de poder y estimular la negociación ¿cómo subsiste un presidente que con solo 30 % de apoyo electoral genuino quiere cambiar las reglas denostando, incluso, a aquellos que quieren ayudarlo? Mafalda, en uno de sus tantos clásicos, decía «sonamos muchachos! Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!».

El Presidente se está apurando a cambiar un mundo que no entiende ni quiere. Es posible que si no genera las condiciones para hacerlo, ese mundo le muestre a él sus propias limitaciones. Porque así como estamos, no hay manera. 


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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