La empresa del Estado, situada en la cuenca carbonífera de Santa Cruz y que emplea a más de 2300 de trabajadores, no fue quitada del dictamen final de la ley ómnibus y el Poder Ejecutivo Nacional busca su privatización.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) está incluida, junto a 35 empresas del Estado, en el Anexo I del último dictamen de la Ley Ómnibus y queda sujeta a una privatización en el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei. 

YCRT, que tiene más de dos mil trabajadores, vivió uno de sus peores momentos en los noventa, cuando mediante la Ley de Reforma del Estado impulsada por Carlos Saúl Menem pasó a manos del controversial empresario Sergio Taselli. Antes de su privatización total, el Estado Nacional, bajo la modalidad de retiro “voluntario”, gestionó la salida de más de 1700 trabajadores. Desde el 1994 al 2000, según una investigación, la plata de sus empleados se redujo de 1290 a 889.  

Javier Milei busca privatizar la mayoría de las empresas públicas del Estado (a excepción de YPF, que por presión de distintos sectores fue retirada del listado).  

En manos de Taselli, la carbonífera pudo planificar la productividad y terminó con falta de inversión, mantenimiento y explotación laboral, además de los masivos despidos. La privatización concluyó con Eduardo Duhalde en la presidencia, cuando designó a Eduardo Arnold, exvicegobernador de Santa Cruz, como interventor. 

“Recibimos (el complejo) sin los subsidios y el precio sostén de Taselli, pero la urgencia era volver a producir. El presupuesto era exiguo y más del 90 % se iba en sueldos. Logramos levantar algo que, después de las atrocidades de la concesión, era una porquería”, dijo Arnold a La Nación en 2004. Ese año, y tras dos después de su intervención, ocurrió la tragedia que terminó con la vida de 14 mineros, tras un incendio en el yacimiento.  

Hace unas semanas, el vocero presidencial de Milei, Manuel Adorni, dijo que YCRT “hace 20 años no produce nada, o no produce en los niveles óptimos” y cuestionó que “gasta 34 mil millones de pesos por año. Hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce. Esto nos parece casta”.  

Ante estas declaraciones, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, le respondió de manera tajante: “La empresa está operativa y extrae más de 1.000 toneladas de carbón por día. Es una empresa pujante capaz de proveer de energía al Interconectado Nacional (240 MW). Fueron los propios trabajadores los que propusieron construir una usina en la boca de mina, porque era más barato transportar energía que el carbón”.

Hoy, la empresa está a cargo del interventor Thierry Decoud, quien fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Gobierno de Mauricio Macri. El Gobierno Nacional, desde su intervención, destina partidas para afrontar el déficit de la empresa.