“Hay marcos normativos que definen que las tarifas deben ser justas, razonables, graduales y previsibles. Se trata de servicios públicos y no mercancías. Las empresas tuvieron tarifazos y cuando la tarifa se equilibró tampoco hacían las inversiones. Queremos razonabilidad de tarifa, que las ganancias también sean justas y razonables y que no se produzca una transferencia de riqueza. Hay 6 de cada 10 familias que necesitan la presencia del Estado para conservar subsidios”, indicó Paula Soldi, directora Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), en relación al tarifazo que se viene.

Osvaldo Héctor Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidor, pidió la impugnación de los presuntos cuadros tarifarios por “no existir estructura de costos y fundamentos” y señaló que son “meramente enunciativos y sin sustento fáctico ni jurídicos”. En este sentido remarcó que solo existe una “ecuación financiera de empresas y no de usuarios” y explicó que “el incremento desmedido de las tarifas que afecta el ingreso de los usuarios, se creará un peligroso endeudamiento del consumidor, que puede producir un serio conflicto financiero con alcances sociales extremos”.

En tanto, el representante del ministerio de Economía en la audiencia pública, Martín Vauthier, destacó que «los subsidios energéticos representaron en los últimos años por lejos la mayor parte del déficit fiscal del Sector Público Nacional (SPN)». Agregó que «en términos del porcentaje del PIB que representan los subsidios a la energía, se ubica en un 1,5 por ciento, pero si hoy no se tomaran decisiones este 1,5 por ciento del PIB tendría un incremento significativo durante 2024«. «Nuestra idea es hacer foco en la necesidad de avanzar en la adecuación de subsidios como parte integral de un programa que busca ordenar cuentas públicas, estabilizar la macroeconomía y generar condiciones para volver a un sendero de crecimiento sostenido», indicó Vauthier.