INFO. GENERAL
Será más caro endeudarse con la tarjeta de crédito: qué pasa cuando no se paga

Tras el DNU de Milei, se suprimió el límite del 50% que existía sobre los intereses punitorios para quienes no abonen el resumen.
La publicación del megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei impulsa modificaciones en la ley de tarjetas de crédito, al eliminar el límite que tenían las empresas sobre los intereses punitorios para aquellos consumidores que no paguen el resumen.
Los intereses punitorios empiezan a correr cuando el cliente deja de pagar el monto mensual o cuando no abona el monto mínimo antes o en la fecha de vencimiento que establece la emisora de la tarjeta.
Antes del DNU, la regulación indicaba que los intereses punitorios aplicados al cliente no podían superar en más del 50% a los aplicados por la institución financiera. Desde ahora, ese límite no existirá más, las entidades podrán cobrar más a los usuarios y los intereses punitorios ya no serán capitalizables.
Esto significa que, aun cuando consumidor no hubiera abonado el mínimo de sus consumos, el emisor no podrá capitalizar los intereses devengados por su falta de pago. Sin embargo, el banco puede inhabilitar el plástico y el déficit puede aumentar de forma exponencial.
Posteriormente, la entidad bancaria intimará al titular de la tarjeta de forma oficial y será notificado el Banco Central, lo que implica que el cliente no pueda obtener otra tarjeta de ningún banco, tampoco obtener un préstamo o una garantía para alquilar.
Además, el Gobierno suprimió las comisiones fijas que se cobra a los comercios. En el capítulo VI de la ley que regulaba la operatoria de tarjetas, se establecía que las emisoras no podían cobrarles a los comercios tasas superiores al 3% como comisión por las transacciones con crédito y de 1,5% por las que se realicen con débito.
¿Por qué no es conveniente usar el «pago mínimo»?
Cuando los clientes suelen tener inconvenientes para pagar los gastos de la tarjeta de crédito a fin de mes, muchos suelen recurrir al uso del pago mínimo sin saber que la deuda contraída crecerá en los siguientes resúmenes.
Quienes usen esta herramienta, al no poder pagar el monto total, no verán afectado su historial crediticio y evitan caer en mora.
Como contrapunto, el cliente debe saber que la deuda restante se cobrará con la tasa de interés fijada en el momento por el Banco Central y eso podría caer en un círculo vicioso.
INFO. GENERAL
«El Tribunal Superior de Justicia es el último bastión kirchnerista en Santa Cruz»

En medio de un clima de desconfianza hacia la Justicia, la diputada provincial Adriana Nieto impulsa una reforma para ampliar de cinco a nueve los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Sostiene que la medida es clave para garantizar mayor independencia, agilidad y transparencia en el sistema judicial.
La diputada provincial Adriana Nieto propuso modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Justicia para aumentar de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.
Según la legisladora, la ampliación es necesaria para responder al crecimiento poblacional, la mayor conflictividad social y la necesidad de un Poder Judicial más rápido, eficiente e independiente. «El Tribunal Superior de Justicia es el último bastión kirchnerista en la provincia. Más que una familia judicial, es una familia política«, afirmó.
Críticas al funcionamiento actual
Nieto señaló que la falta de independencia judicial genera demoras prolongadas en causas, escasa atención de jueces y funcionarios y una sensación de indefensión ciudadana. Aclaró que la ampliación no es una «solución mágica», pero sí un paso clave para incorporar nuevos criterios que fortalezcan la transparencia y la calidad de las sentencias.
La diputada también cuestionó que uno de los vocales no cumple requisitos constitucionales y recordó que el TSJ no acató un fallo de la Corte Suprema en el caso Sosa.
Ante el rechazo del diputado Ely Echazú, quien argumentó un costo de 14 millones de pesos por cada nuevo vocal, Nieto replicó que «no es un problema presupuestario», recordando que el presupuesto judicial pasó de 25 mil millones en 2020 a 128 mil millones en 2024.
Asimismo, denunció que el propio Poder Judicial frena leyes que buscan transparentar su funcionamiento, como la del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, detenida por una medida cautelar.
Su iniciativa se complementa con proyectos para modernizar la Ley de Honorarios Profesionales y promover la oralidad en todos los fueros, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales en Santa Cruz. (Fuente: La Vanguardia Noticias)
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