Se perderían 250 mil puestos directos y otros 250 mil indirectos estarían en riesgo. El peligro del plan «a la chilena» que quiere el ultraderechista. La advertencia de las constructoras, el impacto para las pymes y el temor de los trabajadores. ¿Cuántas obras hay en marcha en la actualidad?

Por Agustín Gulman

La suspensión de la obra pública que prometió el presidente electo Javier Milei implicará el despido directo de 250 mil trabajadores de la construcción, el cierre de un centenar de PyMES y grandes empresas y un sinfín de juicios contra el Estado por el incumplimiento de contratos vigentes, según coinciden ante Página|12 empresarios del sector, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y funcionarios del Gobierno saliente, que advierten además por el riesgo que implicaría ir hacia el modelo “a la chilena”, como pretende el ultraderechista, con obras sólo a cargo del sector privado.

Obra pública “a la chilena”: qué es y cómo funciona el modelo que quiere instaurar Javier Milei

“No tenemos plata, esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado. No tenemos plata”, lanzó Milei apenas 48 horas de ganar las elecciones, al prometer un ajuste fiscal sin precedentes en la historia democrática de la Argentina, con la reducción de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) sólo en 2024, bajo una amenaza clara: “Si no hacemos el ajuste, nos vamos a una hiperinflación con 95 % de pobres y 70 % de indigentes”.

El ajuste de Milei en la obra pública

La paralización y eliminación de proyectos de obra pública en la Argentina pone en riesgo 500 mil puestos de trabajo: 250 mil que trabajan en proyectos que se encuentran en marcha y otros 250 mil empleados de empresas del sector privado que son contratistas del Estado y que indefectiblemente se verán afectadas en el corto plazo. Un funcionario de la gestión saliente lo grafica en pocas palabras: “Hoy tenemos el mayor registro de empleo en la construcción desde el regreso de la democracia”.

A la posible quiebra de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo se le suma otro escenario no menor: la catarata de juicios contra el Estado por el incumplimiento de los contratos ya firmados y licitaciones vigentes. Según datos del Ministerio de Obras Públicas a los que accedió Página|12, hay 2.329 obras en ejecución y 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación. Entre finales de 2019 y septiembre de 2023 se finalizaron 4.419 obras en todo el país, con una inversión de $796.725 millones, la mayoría de conectividad e infraestructura vial, gestión de recursos hídricos e infraestructura urbana y rural.

“No entienden la dimensión de la obra pública, creen que las obras las hacen empleados públicos”, deslizó ante este diario un funcionario del gobierno saliente, que no alcanza a dimensionar el impacto que puede tener la eliminación de las obras públicas para las 8.000 PyMEs del sector. “En 2019, dos tercios estaban por quebrar o muy endeudadas. Ahora empezaron a tener superavit en los balances”, describe.

Preocupación entre empresarios y trabajadores

Entre los empresarios, la preocupación es latente y muchos ya comenzaron a enviar telegramas de despido a los trabajadores, según reveló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, en declaraciones a Radio 10, donde además advirtió que “si las obras se paran, como dice Milei, y vuelven a licitarse, se quedarían en la calle miles de empledos y muchas empresas quedarían complicadas”.

Varios empresarios del sector mantuvieron encuentros y conversaciones informales con el posible ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, un viejo conocido de los constructores, ya que trabajó como consultor en empresas privadas y para la propia Cámara de la Construcción, pero que hasta ahora no les dio precisiones sobre el plan de Milei para la obra pública. En los próximos días, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirá con un grupo de gobernadores que advierte como una de las preocupaciones centrales el anuncio de Milei.

En la UOCRA también reina un clima de preocupación y temen que se materialice la amenaza a partir del 10 de diciembre. El secretario General, Gerardo Martínez, fue el anfitrión de un encuentro con la CGT este jueves, donde se busca comenzar a delinear la reacción ante la ola de recortes libertaria que no ocultan ni el presidente electo ni sus futuros ministros.

“Estamos expectantes y preocupados, somos muchas familias”, reconoció ante Página|12 el secretario General de la UOCRA Zárate, Julio González, que advirtió: “Nos encontrarán defendiendo los puestos de trabajo”. “Me preocupa que se digan tantas barbaridades. Un delegado en La Rioja contaba que a fin de mes se paralizan las obras sin una fecha cierta de nuevo arranque. Ya hay telegramas de despido a muchos compañeros”, agregó.

Obras estratégicas, ¿afuera?

Más allá de rutas, luminaria pública y cloacas, el país tiene en marcha obras que por su relevancia y magnitud son consideradas estratégicas, como la construcción de gasoductos – está pendiente el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, clave para la generación de dólares – así como acueductos y proyectos esenciales para evitar inundaciones, que también podrían verse paralizados, o la construcción del CAREM-25, el primer reactor nuclear de potencia, diseñado y construído por científicos y obreros argentinos para darle mayor impulso a la energía nuclear y la generación eléctrica: sólo en este último caso hay 800 trabajadores de la construcicón involucrados. Algo similar ocurre con la ampliación de la vida útil de la central Atucha I.

Por otro lado, no se sabe qué ocurrirá con obras impulsadas gracias al financiamiento externo, a través de créditos otorgados por organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. “Perfilan un modelo de obra pública sólo para algunos sectores y para proyectos que tengan mucha rentabilidad para el sector privado”, insistió en funcionario de la cartera de Obras Públicas, que advierte que el sector privado va a reclamar ante la Justicia y responsabilizar al Estado por la paralización y los incumplimientos. “Reiniciar una obra que se paraliza es un problema, los contratos ya están firmados y las licitaciones ya hechas. Si se judicializa, es muy caro para el Estado”, razona.