Los abogados Gabriel Giordano y Sandro Levin arrojan luz sobre las irregularidades en el Partido Justicialista de 28 de Noviembre durante el período 2015-2019, así como sobre la causa de presunta adulteración de instrumento público encabezada por letrados y asesores del municipio. También discuten las acusaciones contra el intendente Fernando Españon y la situación en el Concejo Deliberante.

En una conferencia de prensa , los abogados Doctor Gabriel Giordano y Doctor Sandro Levin abordaron varios aspectos relacionados con el Partido Justicialista de 28 de Noviembre y la controversia en torno a la presunta adulteración de la orgánica municipal durante el período 2015-2019.

El Doctor Levin destacó que el intendente Fernando Españon enfrentó cuatro años de persecución política por parte del órgano judicial. Según él, presentaron una denuncia contra las antiguas autoridades del Partido Justicialista, exigiendo la divulgación de los fondos de los afiliados y el acceso a los libros contables. Sin embargo, alegaron que la jueza no tomó medidas al respecto, lo que contrastaba con la rapidez de los allanamientos en casos mínimos relacionados con Españon.

Levin afirmó que existe documentación que respalda la afirmación de que los fondos de los afiliados del partido se dirigían a través de Hugo Garay, y que Fernando Españon les pidió aclarar esta situación.

Por su parte, el Giordano mencionó que inicialmente solicitaron la recusación de la jueza Bustos debido a su supuesta postura persecutoria hacia el intendente. Sin embargo, su petición fue rechazada, lo que los llevó a buscar una casación en el Tribunal Superior, que también se les negó. Afirmaron que esta situación evidencia una violación de las leyes provinciales que regulan los fondos del partido y la propiedad de los inmuebles.

Además, Giordano explicó que no encontraron la documentación requerida, como un libro de caja, de inventario y actas de resoluciones, durante las negociaciones verbales. Ante la falta de respuesta a sus cartas documentos, se vieron obligados a llevar el caso a los tribunales, sin obtener una respuesta satisfactoria desde junio del año en curso.

La conferencia también abordó la denuncia sobre la orgánica municipal, donde se alega que se alteró la ordenanza que permitía a Españon modificar la distribución de cargos en 28 de Noviembre. Según los abogados, esto dio lugar a persecuciones ideológicas y partidarias. Se solicitó una pericia caligráfica sobre las firmas en el instrumento en cuestión.

En última instancia, Giordano anunció que la causa se encuentra en proceso de procesamiento, con un pedido de sobreseimiento para Fernando Españon y otros imputados del Concejo Deliberante que deberán defenderse con sus abogados. Además, expresaron su intención de iniciar un juicio político contra aquellos que utilizaron la herramienta judicial para interferir en las decisiones de los ciudadanos de 28 de Noviembre.