El veto inminente del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario y el magro presupuesto destinado para el 2025 generó la reacción de las autoridades, gremios y estudiantes, que ya definieron medidas de lucha para esta semana y una movilizacion masiva para los primeros días de octubre.

Por un lado, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27 de septiembre para visibilizar la situación. Y por otro, se está organizando  una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril. Organizan las universidades, los sindicatos y los centros de estudiantes y será la primera semana del mes próximo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este el martes 24 y a las 17.30 dará una conferencia de prensa para confirmar el día, que se prevé será el 2 de octubre. Además, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores difundirán un documento consensuado.

“Le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades y que están viviendo una situación de angustia terrible, como también lo están haciendo sus docentes y no docentes”, le dijo la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernandez De Piccol, a Página|12.

Las acciones no son solo en la calle, también en el palacio: los rectores de las universidades de todo el país están conversando con los diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto. Si bien consideran que no es una tarea fácil, tienen alguna esperanza porque el peso de una decisión así impacta en los territorios provinciales. En el país, hay 115 universidades, 63 son públicas y acapara el 80 por ciento de los 2,5 millones de estudiantes que existen. “Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vaya a comer un asado a Olivos. No queremos de nuevo con diputados festejando que dieron de baja una ley”, afirmó el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, en diálogo con este diario.

En Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso se declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo que el Milei no está dispuesto a pagar.

“Con esto y el presupuesto le están echando más leña al fuego”, advirtió Montero. “El presupuesto continúa el recorte el año 2024 e incluso lo profundiza. Si lo tomamos en relación a porcentaje del PBI avanza en recortarlo: este año estaba en el 0.53 y lo lleva al 0.50”, explicó.

Esta semana, el Senado envió el texto de la norma a la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Javier Herrera Bravo, y ahora el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para vetarlo, una decisión ya anunciada por el Presidente. Días atrás, usó su cuenta de X para reconfirmarla, citó un tweet del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, (que habló de “populismo legislativo”) y escribió: “Veto total”. «Cualquier proyecto que manden y quiera tocar la caja se los voy a vetar. Me importa tres carajos», amenazó días atrás.

Pero el ataque al sector es doble, el Presupuesto 2025 tiene tres artículos malditos que también golpean a la educación pública de grado: reduce en más de la mitad las partidas sugeridas por las universidades, le da poder al Ejecutivo para interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían información y suspende la Ley nacional de Educación que garantiza una inversión no menor al 6% del PBI.

El Presupuesto destina 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales para el año próximo, un 52% menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. El 95% de esa diferencia tiene que ver con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación. “El presupuesto del CIN contempla el salario empatado con la inflación y las cuentas del gobierno son con el salario 50 puntos abajo”, le explicó el presidente del Consejo, Victor Moriñigo, a Página|12. Las casas de altos estudios conocieron las partidas después de la presentación en el Congreso y sostienen que es la primera vez en 30 años que el presupuesto no se trabaja en conjunto con el Ministerio.

Actualmente un docente con dedicación exclusiva de 8 horas cobra alrededor de 600.000 pesos y los gremios relevaron que el 80% de los salarios universitarios están bajo la línea de pobreza. El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, advirtió que esta decisión del Gobierno provocará una pérdida de 90 puntos frente a la inflación: “Tiene cero por ciento de aumento, significa un congelamiento para todo el año próximo. Hasta el momento llevamos un 50 por ciento abajo, que el año que viene llegaría a un 90 de pérdida”, le dijo a este diario.

Otro de los puntos que Milei no explicó durante el show que dio en el prime time del domingo a la noche en el Congreso tiene que ver con tres normas . El artículo 27 del Presupuesto suspende la implementación total leyes que competen a la educación pública con la excusa de la Emergencia establecida en la Ley Bases. Se trata del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y destina no menos del 6% del PBI para eso. También ataca varios apartados de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional.

Pero hay más: el artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren, una medida que es tomada como violatoria de la autonomía universitaria. «El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma», sostiene el presupuesto.

De manera sigilosa, el Presupuesto profundiza el ajuste que ya padecen las universidades y que se potenciará si efectivamente Milei veta la ley. A las dificultades de las instituciones y de los salarios, se suma la situación que viven los estudiantes con los constantes aumentos de precios y la desactualización de las becas. “La decisión se da en un contexto claramente complejo para el sostenimiento de los estudiantes producto de que los alquileres han triplicado sus precios, igual que el transporte y los servicios. Sin embargo, las becas no han aumentado a ese ritmo: las PROGRESAR hoy están en 35.000 pesos, que no alcanza ni siquiera para cubrir el transporte o para pagar una boleta”, describió Fernandez De Piccol.

Además de lo económico, el Gobierno también busca horadar a la educación universitaria desde los discursivo. El martes pasado, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó de un acto por el Día del profesor en el Senado y dijo que existe una “oligarquía universitaria” y de adoctrinamiento ideológico que “penetra la mente de los estudiantes”.

“Uno podría pensar que el ataque es simplemente una cuestión económica, pero si uno analiza lo que implican las universidades en el gasto total no es tan importante, es muy diferente a lo de los jubilados que era más del 25%. Hay algo más detrás del ataque: las universidades demostramos que lo que plantea Milei es sanata, que toda la ideología del anarco capitalismo no funciona y que hay otra manera de ser que la demuestra la universidad pública”, reflexionó Montero.